Futuro del presupuesto universitario agita de nuevo la Asamblea

Dos nuevos proyectos de ley pretenden realizar modificaciones constitucionales relacionadas con el presupuesto de las universidades públicas.

Ni la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 detiene las nuevas propuestas en el seno de la Asamblea Legislativa sobre el futuro de las cinco universidades estatales, en particular sobre lo que sucederá con el presupuesto.

Recientemente se publicó el informe de la mayoría de la Comisión que analizó el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a finales de mayo, que pedía a las centros de educación superior estatal generar sus propios ingresos, entre otras medidas.

Este lunes los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez y Mario Castillo presentaron un segundo informe en el que coinciden con el resto de diputados y diputadas de la Comisión en que las universidades deben fortalecer la regionalización, aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y revisar el régimen salarial y de anualidades.

Sin embargo, mientras que el informe de Sánchez y Castillo insisten en medidas que respeten la autonomía universitaria, las y los diputados que presentaron el informe de la mayoría recomendaron acudir a una modificación constitucional para que las finanzas públicas sean prioridad y sobrepasen la autonomía universitaria.

El diputado Wagner Jiménez se comprometió durante la presentación del informe de mayoría en presentar el proyecto de ley que garantiza esta modificación en la Constitución Política; además, aseguró que tendrían que recurrir a un cierre de universidades públicas de no realizarse cambios en los salarios en el corto plazo.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció en contra del informe de la mayoría, el cual denunciaron es “subjetivo, prejuicioso y estigmatiza las universidades estatales y al Conare. Se distancia de la necesaria objetividad, del equilibrio deseable y requerido para un análisis serio y profundo”.

Esta semana también resurgió un proyecto de ley de la diputada independiente Carmen Chan, afín al partido Nueva República, en el que se propone una modificación al artículo 85 de la Constitución Política, para obligar a las universidades a destinar al menos un 30% de su presupuesto a las sedes regionales.

El proyecto revive un año después de que lo propusiera la legisladora Chan por su cuenta, sin encontrar apoyo en la Asamblea, pero esta vez se presentó en conjunto con otras 16 personas diputadas provenientes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional y el Partido Liberación Nacional (PLN).

Hace un año, consultados por UNIVERSIDAD, el diputado Enrique Sánchez (PAC), Erick Rodríguez (independiente), Yorleni León (PLN) y Wagner Jiménez (PLN) dudaron del fundamento técnico de la propuesta.

El diputado Jiménez, quien ahora tiene su firma en el proyecto, aseguró que la propuesta despertó su interés, aunque aún mantiene dudas sobre algunos aspectos técnicos.

“En principio, el proyecto para destinar un 30% del FEES a las sedes regionales parecía una propuesta atrayente; sin embargo, los elementos como la autonomía universitaria y la rigidez presupuestaria de cada casa de enseñanza serán aspectos de fondo que discutiremos en la comisión”, declaró Jiménez.

La comisión que estudiará y dictaminará este proyecto de ley será presidida por Chan y tiene como secretario al diputado Enrique Sánchez. El resto de las y los diputados que la conforman son: María José Corrales, Paola Valladares, Pablo Heriberto Abarca, Wagner Jiménez y José María Villalta.


Mesa del Conare

El Consejo Nacional de Rectores se pronunció por medio de un comunicado de prensa sobre las recomendaciones dadas por los diputados de la Comisión del FEES en el informe de la mayoría.

El informe de la mayoría recomienda, entre otras cosas, que el Plan Nacional de Educación Superior Estatal (Planes) se alinee con el Plan Nacional de Desarrollo y que se incorpore a la mesa del Conare a representantes de las universidades privadas.

El Conare, presidido por el actual rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Luis Paulino Vargas, respondió a los diputados que la composición de la mesa de discusión responde a los intereses de sus actuales miembros.

“Es un órgano propio de las universidades públicas y cuya adhesión es voluntaria, por lo que incorporar a otras entidades fuera de su ámbito no corresponde ni a su naturaleza jurídica ni a su autonomía”, alega el comunicado.

Los rectores también señalaron que el Planes ya está “estrechamente articulado con el desarrollo nacional” y que la regionalización ha sido prioritaria en las universidades desde hace varios años.

El Conare concluyó que el dictamen ”no profundiza en el modelo de educación pública que ha construido las bases sociales, económicas y culturales de nuestro país ni tampoco hacia dónde queremos avanzar en esa materia para las próximas décadas, donde la educación responda a un modelo país y no exclusivamente a intereses económicos, empresariales o políticos”.


 

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