La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) aseguró que el caso del Ciclotrón “no presenta ningún error en esta fase de investigación, ni tampoco así fue señalado por el Tribunal”.
Este caso, tramitado bajo el expediente 24-000192-1218-PE, se relaciona con la recepción con presuntas irregularidades del edificio del Ciclotrón de la Universidad de Costa Rica (UCR), lo que habría provocado que esta entidad incurriera en millonarios gastos adicionales para solventar deficiencias.
Como parte de la investigación, la Fapta y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron, el pasado 5 de febrero, cuatro oficinas de la UCR, los domicilios de dos funcionarios y las instalaciones de la empresa constructora Navarro y Avilés, a quien se adjudicó las obras.
Como parte de las diligencias, se detuvo a los funcionarios Kevin Cotter Murillo y Carolina Soto Retana, quienes figuran como imputados en la causa. A ambos se les impuso como medida cautelar, en ese momento, la separación de sus cargos en la Universidad,
Sin embargo, la semana pasada se dio a conocer que el Tribunal Penal de Hacienda anuló las medidas cautelares, por lo que ahora la Fiscalía volvió a solicitarlas en una nueva audiencia que comenzó el 24 de abril y, a la fecha, no ha finalizado.
Tribunal anula medidas cautelares contra funcionarios de la UCR vinculados al caso del Ciclotrón
A los funcionarios se les atribuyen presuntos delitos de corrupción, falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, así como influencias indebidas en perjuicio de la Hacienda Pública.
“En la audiencia de apelación realizada, el Tribunal Penal contaba con toda la prueba a la mano, incluyendo el cartel licitatorio en cuestión. La mayoría de la evidencia documental recolectada hasta el día de hoy se encontraba en un disco compacto que suma 8000 folios, lo que hace presumir que ese archivo, y otros de interés para la juzgadora, no fueron abiertos ni tampoco analizados”, anotó la Fapta en un comunicado de prensa.
Según la instancia, en esta segunda audiencia hubo una diferencia respecto a la primera, donde se habían definido las medidas cautelares y fue que los dos imputados decidieron hacer uso de la palabra y aportar prueba de descargo, lo cual no habían realizado en la primera vista.
La Fiscalía señaló que, en esta nueva audiencia que se mantiene en desarrollo, el juzgado está conociendo “toda la prueba presentada por la Fapta, así como la que expongan los defensores de los imputados”.
“El caso no se ha cerrado, la fiscalía no ha cometido ningún error procesal y las diferencias de criterio jurídico son propias de los procesos penales, pero eso no necesariamente significa, como no lo es en este expediente, que haya un caso “mal armado” o débil”, añadió esta dependencia del Ministerio Público.
Detenidos dos funcionarios de la UCR por presuntas irregularidades en proceso de construcción del Ciclotrón
El OIJ allanó este miércoles los domicilios de dos imputados, de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, así como varias oficinas de la UCR y la empresa constructora Navarro y Avilés S.A.
