Universitarias

Fiscalía abre causa contra rector de la UCR por presunto reconocimiento ilegal de beneficios laborales

El expediente se relaciona con la implementación del régimen salarial académico de la Universidad.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informó la apertura de una causa penal en contra del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, por el supuesto delito de reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Según la Fapta, la investigación se tramita bajo el expediente 25-000210-1218-PE y está relacionada con la implementación del régimen salarial académico (RSA) de la UCR. Araya es el único investigado en ese expediente.

UNIVERSIDAD solicitó al rector Araya su criterio sobre esta causa desde el día viernes, pero al cierre de la nota este lunes no se había recibido una respuesta.

El delito investigado está estipulado en Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8422), con penas de presión entre los tres meses y dos años “para el funcionario público que, en representación de la Administración Pública y por cuenta de ella, otorgue o reconozca beneficios patrimoniales derivados de la relación de servicio, con infracción del ordenamiento jurídico aplicable”

UNIVERSIDAD informó, en mayo pasado, que el exdirector de la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR, David Fallas, presentó dos denuncias ante el fiscal general, Carlo Díaz, en contra de Araya y varios integrantes del Consejo Universitario (CU), justamente en relación con el RSA.

En el documento, Fallas anotó que el rector podría haber incurrido precisamente en esa violación de la Ley 8422, así como los delitos de legislación o administración en provecho propio, tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y por el delito de prevaricato establecido en el Código Penal.

El exdirector de la OJ indicó que, según una investigación periodística, “se deja entrever” que el Reglamento del RSA “podría haber sido aprobado como forma de catapultar a Carlos Araya Leandro para que alcanzase el cargo de rector de la Universidad de Costa Rica y que hay personas que votaron a favor de ese Reglamento para beneficiarse a sí mismas”.

Fallas también denunció la promulgación, por parte de Araya, de las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025, también relacionadas con el régimen salarial.

“La resolución R-13-2025 parece abrir la puerta para que personas que no sufrieron un cambio de puesto ascendente después del 10 de marzo de 2023 (fecha en que entró a regir la Ley Marco de Empleo Público) sean trasladadas al Régimen Salarial Académico”, indicó el denunciante.

El documento indica que, según reportes de medios de comunicación, ya habría “casos de traslados a salario global, sin que se cumpla la referida condición legal”, establecida en la Ley de Empleo Público.

Por otra parte, la denuncia indica que la R-75-2025 “permitía incrementar el salario de veintidós puestos administrativos de confianza, designados por el rector”, pese a que tampoco había estudios técnicos para respaldar esa decisión. Después de intensa presión mediática y por parte de la comunidad universitaria, esa medida fue revocada por el propio rector.

“Formulo la presente denuncia para que se investigue el proceder del rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, y de los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica que en su momento y con su voto favorable aprobaron el Reglamento del Régimen Salarial Académico y se determine si medió algún delito al promulgarlo. Además, la planteo para que se investigue si las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025, emitidas por Carlos Araya Leandro, son constitutivas de delito”, reza el documento enviado a la Fiscalía General.

La Fapta no específicó si su investigación se deriva de lo expuesto por Fallas, pero sí confirmó que la causa se originó por a raíz de una denuncia. Es la segunda investigación que esa Fiscalía tiene en contra de Araya, luego de otra abierta, de oficio, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, que se tramita bajo el expediente 25-000124-1218-PE.

Cuando se reportó sobre las denuncias presentadas por el exdirector de la OJ, UNIVERSIDAD solicitó la posición de la Rectoría por medio de la oficina de prensa, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

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