- Rectoría de la UCR anunció que en Conare se revisarán las fórmulas para evitar un crecimiento del fondo en detrimento de otros programas sociales
La situación financiera de Costa Rica -alarmada por la proyección del Banco Central de un déficit del 6,1% del PIB para este año y una ‘crisis de liquidez’ anunciada el martes pasado por el FEES) de este año, según reconoció el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen Pennington.Gobierno Central- marcará la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (
El rector universitario así lo señaló el jueves pasado tras convocar a un Consejo de Rectoría Ampliado, en el que reiteró la intención académica de respetar el mandato constitucional que otorga un 8% del PIB al sector educativo (con el compromiso estatal de un 1,5% para la educación superior), aunque evitó formulaciones que puedan ser demasiado elevadas y puedan venir en detrimento de la realidad nacional.
Al respecto, señaló que dependiendo de los componentes que se utilicen para estimar el PIB base, alcanzar el 1,5% podría significar incrementos que van desde los ₡17.000 millones (con el PIB de este año) hasta los ₡60.000 millones (con una estimación más optimista), una amplia diferencia que deberá ser analizada para alcanzar un acuerdo.
En esta línea, Jensen manifestó que un incremento de ₡60.000 millones sería “imposible de cumplir” para el Gobierno Central en sus condiciones actuales, al tiempo que generaría efectos negativos en muchos otros puntos de la gestión estatal.
Incluso, un crecimiento de esta magnitud superaría al incremento de las negociaciones del año anterior, cuando el FEES creció en ₡38.000 millones de colones para alcanzar un aporte total de ₡478.000 millones (un 1,42% del PIB).
Asimismo, manifestó que este es un tema que está siendo analizado en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), entidad que reúne a las cinco universidades estatales costarricenses y que -según Jensen- guarda un posicionamiento similar al respecto.
De esta manera, señaló que, si bien el Gobierno se comprometió a cumplir con los porcentajes asignados por ley, en la Comisión de Enlace de Conare se analizarán las fórmulas utilizadas para la asignación de los montos, para lo que se tomará en cuenta una proyección de la producción interna que el Gobierno pueda cubrir.
“Se está analizando la situación en Conare, la opción que queda es analizar las fórmulas. No nos podemos apartar del mandato constitucional, solo podemos revisar las fórmulas que están partiendo del PIB de este año”, señaló el rector Jensen.
“Lo que los rectores estamos tratando de hacer es llegar a un escenario que efectivamente cumpla con el mandato constitucional, pero que no sea presupuestaria o económicamente ofensivo para la población costarricense”, añadió.
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“No creo que haya nadie en este auditorio que prefiera que recortemos programas sociales esenciales para las poblaciones vulnerables y nosotros gozar de un FEES mucho superior. En esta circunstancia, si aspiramos a un FEES mucho superior, por ejemplo del 10% (como ha ocurrido en otras situaciones), creo que nos convertiríamos en objeto del desprecio más generalizado de la población costarricense”, dijo el rector Jensen.
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El tema de la negociación del FEES se reactivó en las últimas semanas tras varios meses de relativo silencio, luego de que el Gobierno Central anunciara carencia de dinero para enfrentar sus obligaciones y se diera un atraso de cuatro días en el pago de la partida del FEES para el pasado mes de julio.
Además, la UCR informó que existen atrasos de menor gravedad en otros pagos establecidos por ley, tales como en el giro de unos ₡600 millones del impuesto a los hidrocarburos para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y otros ₡300 millones para el Recinto de Paraíso.
Sobre estos casos, el rector aseguró que los atrasos aún no son graves, pero pueden llegar a serlo, puesto que podrían evitar que dichas dependencias cumplan normalmente con sus funciones.
En el caso del Recinto de Paraíso, la Rectoría informó que estos atrasos son más comunes, puesto que algunas veces se acumulan los pagos y se giran en retroactivo.
En este contexto, se avivó una negociación que apenas inicia y que -según Rectoría- genera una “incógnita financiera” a solo semanas de que se tenga que presentar el presupuesto para el año 2018 ante el Consejo Universitario (26 de agosto) y de que el Gobierno deba hacer lo mismo con el suyo ante la Asamblea Legislativa.
Impacto estimado
A pesar de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno de la República y sus proyecciones negativas en materia financiera, el presupuesto del FEES es un punto que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ya contempló como una de las obligaciones que deberá asumir el Estado como parte de sus acciones para “completar el 8% del PIB para el financiamiento de la educación nacional”.
En la última revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018, el BCCR enfatizó que se estiman mayores incrementos en el déficit fiscal (del 6,1% y del 6,6% del PIB para 2016 y 2017) ante “el efecto de las sentencias de la Sala Constitucional”, que obligan a procurar la consecución de compromisos como el financiamiento a la educación y a trasladar el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
No obstante, los problemas de liquidez son una situación actualmente reconocida por el Gobierno, ante lo que el presidente Luis Guillermo Solís aseguró que se tomarán medidas para evitar una “crisis económica y social”.
“El Gobierno enfrenta problemas de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”, señaló el mandatario en cadena nacional. “A pesar de todos los llamados públicos y todos los esfuerzos que hemos hecho desde los inicios de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos”.
Ante esta situación, la UCR ya enfrentó algunos problemas como los mencionados anteriormente, a los que el rector Jensen se refirió como afectaciones “no graves”, pero que pueden empeorar. “Esperemos que la crisis del Gobierno no se agudice, pero podría suceder”, señaló.
En esta línea, el presidente Solís firmó un decreto mediante el que obligó a la Tesorería Nacional “priorizar los pagos del Estado”, de forma que “se atiendan en primer lugar el pago de la deuda pública, los salarios y pensiones del Gobierno Central, las transferencias conforme a su urgencia social y, después, el resto de las obligaciones”.
Algo similar ocurrirá si los problemas de pagos se agudizan en la UCR, en la que se priorizarán los salarios y las becas estudiantiles en presupuestos y giros de transacciones, de ser necesario.
El compromiso
En cuanto al compromiso estatal de girar por fin el 8% del PIB a la educación y un 1,5% a la educación superior, el Ministerio de Hacienda señaló que “no puede ampliar información” para confirmar o descartar que puedan cumplir con los compromisos propuestos, puesto que -según detalló la Oficina de Comunicación Institucional- estos datos no serán conversados con la prensa durante “el proceso de negociación”.
Ahora, el compromiso toma una mayor relevancia tras el anuncio del presidente Solís, quien giró una orden para que “el presupuesto de la República para el año 2018 tenga un crecimiento cero en todos aquellos rubros que no tengan obligación legal para aumentar”, punto en el que no debería considerarse el sector de la educación, como punto tutelado constitucionalmente.
Precisamente, esto se reforzó con la resolución 2016-012803 de la Sala Constitucional, voto en el que dicho ente especificó que el derecho a la educación “no puede, al igual que cualquier otro derecho fundamental o humano, estar sujeto a restricciones, limitaciones o condicionamientos de índole presupuestario”.
“El objetivo primordial de la reforma parcial al numeral 78 constitucional consiste en elevar la inversión pública que se realiza en la educación, como un medio para fortalecerla, reducir las desigualdades sociales y alcanzar una mejor calidad de vida”, se redactó en el documento.
Ante esta situación el rector Jensen aseguró que la idea será cumplir con el mandato constitucional, puesto que el incumplimiento de la norma no podría ser defendido por el contexto universitario.
No obstante, recordó que existe la flexibilidad para formular un incremento controlado, puesto que esto “no se debe a decisiones políticas”, sino a “una situación económica difícil”.
