Universitarias

Fernando Cruz sobre la autonomía universitaria: “el mandato impuesto sin diálogo no luce como un escenario constitucionalmente admisible”

El magistrado identificó ciertos aspectos del funcionamiento sociopolítico actual que amenazan la autonomía universitaria.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado, Fernando Cruz, rescató la relevancia de las universidades públicas y su autonomía en el marco de un análisis de la Constitución Política y del contexto de discusión que enfrentan las universidades estatales y otras instituciones con autonomía, ante la discusión sobre el uso de sus recursos públicos y la Ley Marco de Empleo Público, que entrará en vigencia en 2023.

Las declaraciones tuvieron lugar el pasado 7 de noviembre, en la conferencia “La Autonomía Universitaria en la Constituyente del 49”, la cual formó parte del ciclo de conferencias: Autonomía Universitaria e Institucionalidad Democrática Costarricense, organizado desde la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Esta actividad contó, además, con la participación de Daniel Baltodano, coordinador de la carrera de derecho de la Sede de Guanacaste de la UCR y Eval Araya, quien es coordinador de la escuela de Estudios Generales y Filosofía, además de exdirector del Recinto de Grecia.

En agosto pasado se realizó la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que se otorga a las cinco instituciones de educación superior estatal para el 2023. El proceso generó la movilización de protesta más importante que ha enfrentado la administración del Presidente Rodrigo Chaves por las propuestas de reducción de los recursos, que ya están establecidos de acuerdo con la Constitución Política. La UCR firmó el acuerdo pero bajo protesta, como solicitó el rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Dos meses después el Gobierno envió un proyecto que pretende reformar la distribución del FEES y “condicionarla” a la promoción de carreras de mayor demanda como las de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM por sus siglas en inglés), algo que ha sido duramente criticado en el seno del CONARE.

“Existe una pretensión de ignorar la independencia de las instituciones como las universidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial”.

Repaso histórico

A manera de introducción de la conferencia, Daniel Baltodano comentó que estas actividades no solo motivan el diálogo y la reflexión, sino que fomentan la unión entre las sedes, lo cual es importante para “responder con pertinencia ante los retos y desafíos que la actualidad nos presenta”.

Fernando Cruz, por su parte, señaló que existe una necesidad real de refrescar estos temas pues, gracias a las universidades los costarricenses cuentan con una voz, una autoridad intelectual que no se somete a la voluntad del poder sino a los valores que trascienden la dominación y los proyectos de ocasión.

La conferencia inició con una breve introducción al tema de la autonomía y fueron poco a poco surgiendo puntualizaciones mediante la mención de personajes históricos y sus aportes, como: Rodrigo Facio, Fernando Baundrit y Jorge Volio, quienes, entre sus aportes, defendieron la universidad pública como un órgano indispensable para la República.

Cruz mencionó que el principio de autonomía universitaria en su dimensión histórica, normativa, académica, pedagógica y administrativa es una matriz esencial que define la más genuina naturaleza e identidad institucional de la universidad pública.

Como parte de las preocupaciones expuestas en el foro, se planteó el tema de la autonomía económica establecida en la Constituyente del 49, en donde se destacó que, al no contar con la autonomía económica, la universidad pública se encuentra a merced de los políticos, según los satisfaga o no el ambiente universitario.

Este aspecto se vincula con el surgimiento de la división de poderes en el país, “una existencia de contrapesos”, con el fin de que se equilibre la balanza a la hora de tomar decisiones o proponer cambios.

Por ello el magistrado de la Sala Constitucional puso énfasis en que, para que sobrevivan las universidades estatales y no sean barridas “por la embriaguez del poder”, se requieren garantías como las pensadas por figuras destacadas como Baudrit, Facio y Volio.

Coyuntura Actual

En una clara alusión al contexto actual de propuestas gubernamentales sobre el FEES y la pronta aplicación de la Ley de Empleo Público, Cruz destacó que las definiciones promulgadas por los constituyentes originales no han perdido vigencia y que la democracia se sustenta en el buen ejercicio de una división autónoma, aunque ahora, en su opinión, existe una pretensión de ignorar la independencia de las instituciones como las universidades, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial.

“Gobernar no significa sometimiento y reducción del Estado a la voluntad del parlamento o del Poder Ejecutivo, gobernar significa contar con instituciones estatales de educación superior que pueden ejercer una saludable independencia en la reflexión, investigación y, por qué no, en la disidencia intelectual”, puntualizó Cruz.

Para Fernando, la universidad pública representa una de las instituciones más importantes de la sociedad moderna; sin embargo, considera que existen situaciones en la actualidad que pueden significar una amenaza, por ejemplo: la Ley de Empleo Público. Esta consideración la toma, sobre todo, en el tema de división de poderes, ya que considera que tiene una incidencia en la separación de los mismos, que puede afectar de manera grave la independencia judicial y la autonomía universitaria.

Otro de los aspectos que se destacan en la conferencia es la “trivialización” o restarle importancia a lo que representa la Constitución Política y lo que dicen los constituyentes respecto de diversos temas. Puntualmente, Cruz se enfoca en el aspecto económico.

Argumentó que algunos espacios quedaron sin control, porque se rigieron por criterios económicos, que consideraron “más importantes”, que la propia división de poderes. Cruz considera que tanto la economía como la democracia sustentada en una división de poder responsable tienen la misma relevancia.

Es por ello que no escatima en señalar que, en la actualidad, ciertos factores han opacado la interacción de iguales entre el Ejecutivo y las autoridades universitarias. “Las autoridades que dirigen las universidades merecen que se les trate como autores con reconocimiento constitucional, por eso el mandato impuesto sin diálogo no luce como un escenario constitucionalmente admisible”.

“Sigo sorprendido ante las normas constitucionales y las voces de los constituyentes que todavía no han muerto, porque no muere la sabiduría, ni las debilidades del ser humano frente al poder”, finalizó Cruz.

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