Diputados del Frente Amplio (FA), Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) manifestaron su preocupación por las inconstitucionalidades y la injerencia del Ejecutivo en las universidades que podría provocar el proyecto de ley para regular el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Dicha iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.380, fue presentada por el Gobierno en octubre de 2022. De aprobarse, permitiría la injerencia del Ejecutivo en la toma de decisiones universitarias, según han advertido diversas autoridades de las casas de enseñanza superior.
Este martes, los rectores de las cinco universidades estatales acudieron a una audiencia en la Asamblea Legislativa para referirse al proyecto 23.380, donde intercambiaron posturas, preguntas y respuestas con los diputados.
En el caso de las fracciones de Progreso Social Democrático (PPSD), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR) no mostraron inquietudes sobre el proyecto, sino que se dedicaron a consultar sobre empleabilidad, la distribución de los recursos o el funcionamiento de las universidades estatales.
En el espacio, los académicos manifestaron su oposición a la iniciativa y pidieron el archivo de esta: “Pocas veces hemos visto un proyecto de ley como este en el que la totalidad de los artículos violentan la Constitución Política”, dijo Rodrigo Arias, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Además, destacaron repetidamente la injerencia que los gobiernos de turno lograrían en las universidades a través de cuatro ministerios (Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología), según propone el proyecto:
“Este proyecto atenta contra la independencia constitucional de la universidad pública frente a los demás poderes del Estado”, expresó Emmanuel González, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González expresó que “el proyecto pretende que desde el Ejecutivo se controle, se oriente y se delimite el quehacer de una universidad pública”.
FA, PLN y PUSC apuntan hacia concentración de poder en el Ejecutivo, inconstitucionalidades e intereses políticos
Durante la audiencia, representantes de todas las fracciones en la Comisión Especial de Educación pudieron realizar observaciones y consultas a los rectores sobre el proyecto de ley.
La diputada del FA, Rocío Alfaro, criticó fuertemente la formulación de la iniciativa 23.380: “Es difícil creer que presenten un proyecto de ley tan mal elaborado y tan inconstitucional, tan desconocedor de la institucionalidad de nuestro país”.
Alfaro preguntó a los rectores si consideran que la presentación de un proyecto como este se relaciona con “el peso de los intereses económicos que están reflejados en este momento en el MEP de las universidades privadas” o con los “sectores anti-ciencia que también tienen un enorme peso en este momento en nuestra sociedad” o bien si “simplemente de un movimiento antidemocrático que quiere traerse abajo la educación pública universitaria”.
El presidente del Conare coincidió en que hoy existe una serie de inconstitucionalidades y recalcó que las universidades son atacadas desde tiempo atrás.
“Hemos venido viviendo una acción sistémica y sistemática programada en contra de las universidades públicas. […] Hay una sistematización programada evidente, no se necesita ser un mago para darse cuenta de hay un impacto permanente que nos viene deteriorando sistemáticamente a las universidades”, dijo González.
Por su parte, la fracción liberacionista también cuestionó las motivaciones que podría haber detrás del proyecto. La diputada Sonia Rojas preguntó a los representantes universitarios cuáles intereses creen que existen detrás del expediente 23.380, a lo cual el rector de la UNED respondió que “hay personas que no creen en el sistema democrático y les incomoda la autonomía y la independencia de las universidades”.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, agregó que existen tres “elementos esenciales” para comprender el objetivo del Poder Ejecutivo: “Debilitar la educación pública y pasarle por encima a la Constitución Política; eliminar la planificación universitaria, que eso es extremadamente complejo en nuestras universidades; y algo que ya se ha mencionado mucho, someter a la universidad pública al gobierno de turno”.
Del PLN también participó Geison Valverde, quien indicó que probablemente “en la fundación de la segunda república los constituyentes no creyeron que la noche fuera tan oscura como la vemos hoy en este gobierno y en este proyecto y así en todos los proyectos de concentración de poder que ha estado presentando el gobierno de Rodrigo Chaves”.
En la misma línea, la liberacionista Rosaura Méndez expresó que no se puede “dejar la toma de decisiones desde lo político”, advirtiendo sobre casos de otros países donde las universidades públicas responden a intereses de gobiernos de turno.
Por el PUSC, el diputado Leslye Bojorges señaló que está convencido de la inconstitucionalidad del proyecto: “No se puede politizar el FEES, meterle ahí ministros a ese fondo de educación superior, como ustedes lo dicen, es politizar y permitir que ustedes (universidades) tengan que adecuarse a las exigencias de cada gobierno”.
PPSD, PLN y PNR interesados en informarse sobre el funcionamiento de las universidades
Las otras fracciones legislativas utilizaron su tiempo para realizar una serie de consultas a los rectores sobre la distribución del FEES, la inversión en becas o la cobertura regional; temas que han sido utilizados en el marco de la propuesta de ley.
En cuanto al oficialismo, el diputado Manuel Morales consultó sobre la posibilidad de “repartir equitativamente” el FEES, puesto que actualmente la UCR recibe la mayor cantidad de dinero. El presidente de Conare lo puso al tanto de una comisión universitaria que realiza un análisis sobre este tema.
De esa misma fracción, el legislador Jorge Rojas realizó varias consultas sobre el funcionamiento del presupuesto y los superávits universitarios, que fueron atendidas por los rectores. Rojas también consultó sobre la situación del Ministerio de Educación Pública (MEP), que enfrenta una diversidad de problemáticas:
“¿Qué podemos hacer desde las universidades para mejorar el Estado de la Educación desde el MEP? No en un tema de que más plata o menos plata; qué podemos hacer porque efectivamente nosotros necesitamos que el MEP sea más competente, si es que necesita más dinero o que, para que los estudiantes lleguen mejor formados a las universidades y obviamente tengamos un mejor producto desde la educación superior”, consultó el diputado.
El presidente del Conare le respondió que existe un documento realizado por las universidades donde se detallan problemas del ministerio además de rutas de acción en relación con los temas educativos.
Por parte del PLP, la diputada Johana Obando preguntó sobre varios temas, entre ellos, las metas de la educación superior. Los jerarcas universitarios le informaron de la existencia de Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES), donde se establecen de forma quinquenal todos los objetivos que tienen las casas de enseñanza.
En cuanto a PNR, el diputado Fabricio Alvarado consultó sobre las políticas de accesibilidad de grupos vulnerables a las universidades. Los rectores le comentaron, cada uno, sobre las distintas acciones que realiza cada Universidad para facilitar el ingreso de más estudiantes de colegios públicos, quintiles de ingresos más bajos y el apoyo a través de distintos proyectos para esas mismas poblaciones.
