A febrero del 2016, solo 53 estudiantes han recibido el primer pago de la beca y un grupo sobrevive en el extranjero pasando penurias.
Un nutrido grupo de estudiantes costarricenses de posgrado se encuentran a la deriva en distintos países de Europa, a la espera de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) le gire el dinero de las becas que otorgó el año pasado.
Hasta ahora, de 309 becarios en diferentes universidades alrededor del mundo solo 53 han recibido el primer pago de su beca, por lo que muchos de ellos tuvieron que apelar a créditos bancarios, tarjetas de crédito y ahorros familiares para sobrevivir en el extranjero.
UNIVERSIDAD contactó a seis de ellos, quienes aceptaron colaborar sin difundir sus nombres, ya que temen sufrir represalias por parte del Micitt.
La crisis de los becarios “varados” en el extranjero ya provocó una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, la cual fue admitida; no obstante, todavía no se le ha notificado al Micitt.
De los entrevistados, uno prepara una segunda denuncia y otro un recurso de amparo.
Los “varados” tienen becas para estudiar en Holanda, Alemania y España.
Dentro de los estudiantes que participaron en la primera convocatoria (entre enero y marzo del 2015), una de las estudiantes volvió a firmar el contrato hace una semana: “He tenido que firmar el contrato como ocho o diez veces debido a que siempre encuentran algo que no está bien”, mencionó.
Una segunda estudiante firmó de nuevo su contrato porque presentaba errores; este mes recibió su primer depósito (6 meses de retraso), pero tiene pronto el segundo cobro de la universidad.
“Sinceramente, no creo poder conseguir el dinero para pagar el segundo año por mi cuenta y claramente no quiero tener que devolverme sin haber terminado la maestría”, comentó.
A un tercer estudiante no se le ha devuelto el contrato, por lo que no tiene certeza de qué ha sucedido con su caso. “Yo solo he firmado una única vez, no me han solicitado firmar de nuevo”.
Todos los estudiantes enfatizan en los problemas económicos por los que tienen que pasar al encontrarse en otro país y ver retrasado el ingreso del depósito anual que les correspondía. Para poder sobrevivir a su primer año tuvieron que hacer préstamos bancarios, préstamos de Conape, recurrir a familiares o tarjetas de crédito.
En todas las historias destacan los problemas de papeleo y burocracia: al ser llevadas las solicitudes los papeles no se revisaban, se les solicitaba más papeles cuando ellos ya estaban en sus universidades respectivas y a dos se les rechazó inicialmente por “incumplimiento de requisitos” por error en la lectura de datos.
Francisco Vargas, por su parte, atravesó todo el proceso burocrático aunque finalmente no lo concretó porque no fue admitido en la universidad a la que aspiraba ingresar.
“Les dije que mi promedio ponderado para la carrera de Ingeniería Eléctrica de la UCR es de 9,68, fui el primer lugar de los graduados en 2012, rechazaron mi petición no porque la cancelé, sino porque ‘no tengo un promedio mayor de 7,5’. ¿Qué documentos analizaron?”, se preguntó Francisco Vargas, quien aplicaba para una beca en MIT.
Tome el riesgo
Según los estudiantes y el Micitt, a ellos se les indicó que si querían ingresar este año debían “tomar el riesgo” de irse. La presión por viajar se elevaba por que nada les garantizaba a los aspirantes que la universidad en donde habían sido admitidos aceptaría que retrasaran un año el inicio de sus estudios.
“Me dijeron que me viniera como pudiera y que después, cuando recibiera el dinero (si me daban la beca), pagara el préstamo o las deudas en las que hubiera tenido que incurrir para venirme. Así que tomé el riesgo y organicé todo para venirme sin tener certeza de nada”, relató una estudiante que reside en Holanda.
“Tomé el riesgo de venir a España sin tener aprobada la beca, debido a que tenía unos ahorros que, según el presupuesto que realicé, me permitían mantenerme a flote por al menos tres meses, aunado a ello tenía la confianza de que la beca me sería adjudicada, pues cumplo con todos los requisitos definidos en la convocatoria y tengo graduación de honor”, comentó otro estudiante.
Respecto al problema de préstamos y tasas de interés, se intentó un contacto directo con el ministro de Ciencias, Marcelo Jenkins; sin embargo, el jerarca alegó que solo respondería a UNIVERSIDAD por correo electrónico.
“Nosotros estamos amarrados a un presupuesto con una autorización, todo el proceso de la beca se hace en función de lo que el beneficiario solicitó porque son fondos públicos. Tienen que cumplir todo un proceso de gestión y eso fue lo que se aprobó en ese momento y eso es lo que el PINN (proyecto asociado) y en ese caso el Micitt puede girar a cada uno de los becarios”, indicó la periodista de la Unidad de Comunicación del Micitt.
Apuesta por excelencia
Dentro de los potenciales más grandes con los que cuenta nuestro país en materia laboral se encuentra su capacidad de formar profesionales especializados. Sin embargo, la “diáspora científica”, como se nombra a la cantidad de profesionales en Ingeniería y Ciencia que no planean regresar al país, es de un 37,4% y de este porcentaje el 64% salen de Costa Rica por falta de oportunidades para mejorar sus estudios, según reportó el Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ECTI).
Entonces, para un país que tiene como una de sus prioridades la inversión extranjera, resultó clave la aprobación el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), incluido en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.
El proyecto es dirigido por un convenio entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), e ingresó al Congreso durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014).
La idea de ese proyecto era becar a 500 profesionales para que continuaran estudios de posgrado y, así, incrementar la oferta en capital humano avanzado, tanto para empresas establecidas como para empresas nuevas de base tecnológica, además de sostener el desarrollo económico del país.
El proyecto cuenta con un préstamo de $35 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado y publicado en la Gaceta como Ley 9218, el 1 de abril del 2014.
La iniciativa se planteó junto con su manual operativo, el cual definía los plazos y las competencias que requería el órgano ejecutor (Micitt) y el evaluador técnico (Conicit).
Desde la aprobación de la ley, en el 2014 y hasta diciembre del 2015, se realizaron dos convocatorias públicas con el propósito de otorgar becas tanto de maestrías como de doctorados orientados a mejorar la competitividad tecnológica del país.
Para entonces, el viceministro del Micitt, Keylor Rojas, anunció que la primera convocatoria sería ese mismo mes (abril, 2014) o el siguiente y que, al finalizar, serían remitidas en un plazo máximo de 10 días para evaluación técnica.
Las becas se otorgarían entre julio y agosto de ese año y los becarios recibirían su primer depósito un mes después de ser notificados de la aprobación de la beca.
Contra el plazo planteado, el proceso se alargó. La primera convocatoria salió en diciembre de ese año y continuó hasta marzo del 2015 (por lo que se unió con la segunda convocatoria). Tardaron al menos dos meses en remitir al Conicit para revisión técnica y no se formalizaron las fechas para los depósitos.
Muchos de los beneficiarios tuvieron que salir del país a mitad del año pasado debido a que en ese momento comenzaba el ciclo lectivo en la universidad en la que fueron admitidos. Sin embargo, fue hasta noviembre del 2015 que el Micitt giró los primeros pagos para 22 beneficiarios. Actualmente solo 53 de los 309 becados han recibido los fondos.
Los retrasos en el proceso de pago de becas ocasionaron que muchos estudiantes tuvieran que costear el traslado que en un principio debía cubrir la beca, así como toda la manutención hasta el momento que se terminen de girar los primeros pagos, fecha que aún no está establecida.
Lo anterior a pesar de las declaraciones de Carolina Vásquez, actual viceministra de Ciencia y Tecnología: “Las becas otorgadas cubren hasta el 100% del programa de estudios, sin obligación de aporte de contrapartida, así como los costos de matrícula, y en caso de las becas en exterior, el traslado, la instalación y la manutención para el becario”.
Al ser consultada la oficina de prensa del Micitt, se excusó que aceptar la beca traía consigo un riesgo que el becario debe asumir que contradice la declaración anterior.
“Muchos de ellos sabían que era un proceso y viajaron sabiendo que mientras se ponían en orden todos los papeles ellos iban a tener que asumir eso (el transporte y manutención) hasta que les entrara el dinero ya con normalidad”, alegó Noemy Coto, periodista de la Unidad de Comunicación del Micitt.
Algunas justificaciones
Si bien se tramitaron más de los casos esperados, ese no fue el único factor que desencadenó una serie de retrasos en el cronograma del Micitt.
Primeramente, hubo que reformular contratos que ya los estudiantes habían firmado, debido a errores legales del Micitt.
Muchos elementos necesarios ni siquiera se habían tomado en cuenta en los primeros contratos elaborados por Laura Charpantier, una abogada sancionada por el Colegio de Abogados durante el tiempo que ejercía como parte del equipo del proyecto PINN.
“Tras una revisión de rutina del área de Recursos Humanos se conoció la sanción, la cual ella nunca comunicó y se procedió como correspondía. Actualmente la exfuncionaria enfrenta un procedimiento administrativo”, destacó la viceministra.
La Unidad Ejecutora, entonces, tuvo que volver a trabajar en los 309 contratos, reenviarlos para que los estudiantes los firmaran y comenzar el proceso de pago de las becas a quienes ya se encuentran costeando sus posgrados. Sin embargo, algunos estudiantes ni siquiera han recibido el contrato corregido, por lo que siguen sin recibir el depósito del primer giro.
Otros tropiezos se sumaron al desbarajuste de las becas del PINN. En el acta 2218 del Consejo Director del Conicit, se señalan desde interpretaciones incorrectas sobre los alcances de las partidas de financiamiento de acuerdo con el Manual Operativo del PINN hasta sumas internas de las partidas que no calzan con el total recomendado.
Esa acta señala, además, que es muy preocupante para el Micitt que en la fase previa a la firma de contratos vuelvan a detectar “errores”, lo cual lleva a reprocesos y atrasos.
Con el propósito de solventar esta crisis, el acta establece que los miembros del Consejo Director plantearon un “trueque” temporal entre los Coordinadores de las Unidades de Evaluación Técnica (Conicit) y Gestión del Financiamiento (Micitt).
Problemas de gestión
El presidente Luis Guillermo Solís ingresó a Asamblea, en noviembre del año pasado, el proyecto “Fomproduce”, que propone la creación de una agencia no-estatal (Agencia Costarricense de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado) de unión entre el Conicit y el Micitt, como confirmó el ministro Marcelo Jenkins en declaraciones al periódico El Financiero.
Dentro del proyecto de ley se justifica esta fusión, ya que las dos organizaciones presentan duplicidad de funciones y los procesos coordinados entre ambas tienden a ser “burocráticos” y “lentos”.
“La institución (Micitt) carece de las capacidades internas necesarias y de un brazo ejecutor competente para ejecutar las políticas de innovación que se formulan”, dice el documento. También menciona que los problemas “de acción” de este ministerio son por falta de recursos y personal.
En cuanto al Conicit, menciona que los fondos transferidos tienen poca eficiencia en cuanto a manejo. Por ejemplo, el Micitt transfirió más del 20% de su presupuesto al Conicit en el periodo 2010-2013; pero de este porcentaje entre un 30% y un 40% llegó a los beneficiarios.
“La estructura de gobernanza del Conicit excluye al Micitt, complicando la coordinación entre la formulación de políticas y la ejecución de las mismas”, se indica.
Por último, menciona que estos fondos no llegan a los beneficiarios con la rapidez necesaria para aprovechar las oportunidades de mercado en sus proyectos.
En promedio, en el 2014, se reitera en el documento, el periodo entre la entrega de la aplicación y la firma del contrato tardaba más de 200 días por la redundancia de procesos y la lentitud de las instituciones involucradas.
