Estudiantes de dos posgrados de Odontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) reclamaron que la devolución del dinero cobrado indebidamente por la dirección de dichos posgrados ha sido incompleta hasta el momento.
Los principales reclamos de los alumnos contra el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) son la falta de entrega de facturas y cobros por materiales brindados por la Universidad y pagados por los pacientes.
El SEP es el órgano encargado de devolver los montos cobrados entre 2009 y 2015, que fueron denunciados en el Consejo Universitario el año anterior por estudiantes de los posgrados de Odontopediatría y Prostodoncia, y que ascendían a $7.000 anuales (alrededor de ¢4 millones).
Según Diana Villalobos, estudiante del posgrado de Prostodoncia, el SEP “nunca nos dijo qué nos iba a cobrar, a uno nada más le decían: son $7.000 y ya. A los que no les pagaban tenían que ir a dar muchas vueltas para que les dijeran qué les estaban cobrando”.
Daniela Blanco, también del posgrado de Prostodoncia, indicó que nunca recibieron facturas, a pesar de su insistencia para que se las presentaran. Asimismo, afirmó que “no podía ser posible que se gastara tantísimo en materiales”.
Tras las denuncias, una investigación de la Contraloría Universitaria determinó que los cobros carecían de estudios técnicos e instó al SEP a realizar un análisis para alcanzar con los estudiantes un “acuerdo satisfactorio para las partes” en lo concerniente a los reembolsos.
El estudio fue elaborado por la anterior decana del SEP, Cecilia Díaz, quien dejó su cargo en junio del año anterior, sucedida por Álvaro Morales. Se intentó contactar a Díaz, sin embargo, antes del cierre de edición no había respondido llamadas ni correo electrónico.
Según el documento, el dinero cobrado ascendió a ¢182 millones, ¢75 millones en Prostodoncia y ¢96 millones en Odontopediatría, de los cuales se devolvieron ¢116 millones, utilizando recursos de Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (Fundevi) por ¢71 millones, un aporte de Rectoría de ¢10 millones y el fondo restringido 170 del SEP con ¢35 millones, que se obtiene de las matrículas y cobros de exámenes por suficiencia y reconocimiento de cursos de posgrado.
El informe se realizó con información financiera de Fundevi y por el Programa de Posgrado en Odontología, “cotejando rubro por rubro los gastos del proyecto”, según indica el documento.
De acuerdo con la jefa administrativa del SEP, Ana Durán, los ingresos de los proyectos de los posgrados ya habían sido ejecutados, por lo que Fundevi no contaba con fondos para realizar todas las devoluciones.
Posteriormente, el Consejo del SEP planteó a Rectoría y a la Facultad de Odontología que aportaran parte del reembolso, pero solo Rectoría apoyó la solicitud. Según el rector, Henning Jensen, Rectoría basó su aporte en un esfuerzo por no arriesgar la estabilidad financiera del SEP.
Durán afirmó que con parte de los cobros a los estudiantes se cubrieron algunos egresos durante su estadía en el posgrado, como gastos por materiales, participación en congresos fuera del país, viajes al extranjero, perforación de prototipos, entre otros.
Los rubros que se excluyeron del cálculo de beneficios fueron el pago del salario de una asistente dental, alimentación en actividades, equipo de laboratorio o clínico, reparación de equipo, equipo mobiliario, remodelaciones de oficinas y clínicas, viáticos y tiquetes de profesores e invitados extranjeros para asistir a actividades académicas, alquiler de locales para actividades y la asistencia a algunos congresos.
Los estudiantes le advirtieron a la anterior decana del SEP, Cecilia Díaz, que el estudio no tenía profundidad y que las devoluciones no estaban correctamente justificadas. “Nosotros siempre le dijimos a ella que ese estudio no está del todo bien, no porque sepamos más que ella, pero sabemos que hay cosas ahí que no son ciertas”, dijo Diana Villalobos.
“A cada uno de los estudiantes se le facilitó la información relativa a los ingresos y egresos durante su estadía en el posgrado, y la diferencia entre estos fue el monto final que les fue devuelto”, declaró Durán.
“Muchos de los estudiantes se vieron afectados en lo psicológico, se sintieron muy estresados. El día que tuvieron la valentía de ir a presentar el recurso ante el Consejo Universitario, muchos cuando se retiraron venían con lágrimas en los ojos, chocados de verse en una situación tan acongojante”, apuntó Rodrigo Aymerich, secretario de Resolución de Conflictos del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu).
Aymerich aseveró que los proyectos de la magnitud de los posgrados de Odontología no podían inscribirse en Fundevi sin el visto bueno de las autoridades. “Queremos que se nos aclare por qué sucedió eso, y qué medidas de corrección se han tomado para que esa situación no se vuelva a dar”, expresó Aymerich.
“No sé qué pensaron las personas que eran responsables del proyecto en ese momento”, manifestó el decano del SEP, Álvaro Morales. Incluso, según le informó el nuevo director de los Posgrados en Odontología, David Lafuente, estaban funcionando correctamente sin necesidad de cobrar a los estudiantes. “Fue muy lamentable lo que pasó y le reconozco a los estudiantes su paciencia”, agregó.
Morales afirmó que una de sus primeras acciones como decano fue solicitar un informe de todos los proyectos de posgrados para garantizar el orden en cada presupuesto y evitar posibles anomalías.
El decano admitió que se cobraron materiales pagados por los pacientes y brindados por la Universidad porque durante la ejecución del proyecto se juntaban facturas sin desglosar, lo que volvió imposible saber cuánto se había gastado en esos rubros y dificultó la entrega de facturas a los estudiantes.
“Eso es una mala práctica administrativa. El problema es que aparentemente los dineros de varios proyectos se juntaban en diferentes cuentas y no se les daba el seguimiento, resulta que cuando pedimos facturas algunas eran generales, es algo que está fuera de mis manos. Yo no puedo devolver lo que no puedo demostrar”, declaró Morales.
“Es algo que yo quisiera que no se repitiera. Es exhibir la institución a la opinión pública, pero qué difícil cuando por acciones de una persona, o de algunas personas, toda una institución se ve expuesta”, añadió el decano.
A pesar de los reclamos, Morales aseguró que todos los estudiantes firmaron la carta de aceptación de la devolución del dinero.
El proceso para determinar sanciones a los involucrados en los cobros irregulares del posgrado se encuentra en etapa de investigación en la Comisión Instructora Institucional, órgano universitario encargado de instruir las denuncias de faltas graves y muy graves contra docentes.
Por el momento, la Comisión no publicará detalles del proceso ni adelantará criterio de las sanciones para imponer hasta la emisión de un acto final, que será precedido por un informe final recomendativo, que analizará el decano del SEP antes de dictar la resolución definitiva.
El director de los Posgrados de Odontología durante los cobros a los estudiantes, Ottón Fernández, fue separado de ese cargo, pero todavía es profesor en la Facultad de Odontología. Fernández se negó a dar declaraciones a UNIVERSIDAD sobre la investigación en curso.
Asimismo, se preguntó a la Contraloría Universitaria si había en proceso una investigación que esclareciera los procedimientos internos que permitieron los cobros indebidos, pero no hubo respuesta.
