Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) denunció que el jefe administrativo de la Escuela de Estudios Generales, Minor Agüero Álvarez, los habría embestido con su vehículo durante una protesta pacífica realizada el pasado viernes 30 de mayo. El hecho fue consignado como parte de un recurso de amparo presentado ante la Sala Constitucional por el estudiante Henry Álvarez Sandí, en representación de las personas afectadas.
De acuerdo con lo que se describe en el recurso, mientras los manifestantes se encontraban en las afueras del edificio de Estudios Generales, Agüero “aceleró deliberadamente contra un grupo de estudiantes, quienes le exigían simplemente que dialogara y rindiera cuentas por sus acciones”. Según se detalla, “este accionar irresponsable e inaceptable derivó en golpes directos a los cuerpos de al menos dos personas, generando lesiones físicas documentadas en fotografías que se anexan”.
Consultado por este medio, Agüero indicó que él transitaba en reversa y que por ende lo hacía a baja velocidad, por lo que negó haber golpeado a alguno de los estudiantes.
La protesta, según se describe en el documento, consistió en la colocación de mantas y afiches en distintas zonas del edificio, como forma simbólica de expresar críticas a la gestión de ciertos funcionarios. El escrito enfatiza que “la actividad se realizó sin obstruir el funcionamiento normal del edificio ni causar daños a su infraestructura”, y subraya que se trató de “una forma legítima de participación ciudadana”.
El recurso también denuncia un ambiente de hostilidad institucional. “El funcionario Minor Agüero Álvarez regresó minutos después en un estado visible de exaltación, arrancando afiches y papeles de manera deliberadamente hostil. Mientras realizaba estas acciones, pronunció frases como: ‘No le tengo miedo a nada, mucho menos a ustedes’”, recoge el documento. Acerca de esto, Agüero aseguró que el “no es de esos jefes que solo mandan a otros” y por eso se encargó personalmente de retirar algunos de los carteles.
Además, se señala que al momento de evacuar el edificio, el jefe de seguridad “manifestó en voz alta que ‘ya tenía los nombres’ de las personas estudiantes presentes y que sabía cómo ‘librarse de ellos’”, lo que el recurso califica como una amenaza de procesos disciplinarios arbitrarios.
En contraste, el escrito asegura que el comportamiento estudiantil fue pacífico. “Lejos de procurar el resguardo del orden público o la integridad institucional, los funcionarios actuaron desde el miedo, el autoritarismo y el desprecio por la protesta como derecho”, se lee en la fundamentación jurídica del recurso.
El recurso fue interpuesto contra la Rectoría, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales, el jefe administrativo de la unidad y la Sección de Seguridad y Tránsito de la Oficina de Servicios Generales.
El amparo ahora se encuentra en análisis de admisibilidad en sede constitucional.
