Coordinadora del PIAM

“Estamos pasando de la acción social a una venta de servicios”

Nuevo reglamento pondría caducidad al PIAM y la reducción del presupuesto en el 2020 subirá el costo de los cursos, asegura su coordinadora.

El Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) subirá sus costos el el segundo semestre del 2020 debido a una reducción de su presupuesto en un 25%, el cual será aplicado también a otros programas y unidades académicas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Actualmente, el costo de la matrícula y los cursos cubre el pago de los facilitadores, las instalaciones del PIAM y los servicios básicos. Dependiendo del monto percibido en el primer semestre, se calcularán los faltantes presupuestarios y se definirá el costo para el segundo ciclo.

“Para este semestre no se subió el costo pero ahora tenemos que medir cuánto nos va a ingresar para que lo que no se cubra se solvente con la matrícula del segundo ciclo”, aclaró la coordinadora del Programa, Marisol Rapso.

Por su parte, la vicerrectora de Acción Social, Yamileth Angulo, aseguró que los programas de Acción Social no se verán afectados por asuntos presupuestos, que incluso se asignó uno mayor al del año pasado, con una sola excepción.

“Tal como se les indicó vía oficio, se les ajustará el presupuesto con otras equivalencias contables de la VAS (Vicerrectoría de Acción Social) como se ha hecho en años anteriores, por lo que contarán con el mismo presupuesto que tuvieron el año anterior o mayor”, aseguró Angulo.

En el segundo semestre del 2019, el PIAM contó con 94 facilitadores, de los cuales 66 son voluntarios, 19 son contratados por medio de la FundaciónUCR y 9 son asistentes. Para este año, Rapso afirmó que se redujeron en una tercera parte las horas asistente asignadas por la Universidad.

“Imagínese que los procesos de matrícula son soportados por los estudiantes, una parte eran asistentes y otra es paga. En este momento tenemos que pagar el 100%, ya es un servicio contratado. ¿Ese costo a dónde se traslada? A los estudiantes, por supuesto, y eso hace que se pierda de vista la acción social y la relación con la población”, explicó.

Sin embargo, la vicerrectora asegura que no se redujeron las horas asistente sino que “se valoró que aquellos programas que tienen vínculo remunerado externo pueden apoyar con recursos para esta partida”.

Angulo dijo que el PIAM cuenta con un presupuesto de vínculo remunerado externo (el ingreso de dinero que la institución cobra por los servicios) de ¢114 millones y que de ese monto ¢17 millones se encuentran presupuestados en el rubro de horas asistente.

“Esto no obedece a ningún reglamento, sino a una valoración y ponderación de los recursos con los que cuenta cada programa y de las necesidades que tienen todos los proyectos de Acción Social”, agregó.

El PIAM ofrece cursos para alrededor de 3.000 personas adultas y adultas mayores cada semestre; además, brinda talleres en comunidades, forma a los facilitadores que dan clases para adultos mayores, apoya procesos de investigación y representa a la UCR en la Subcomisión del Adulto Mayor del Consejo Nacional de Rectores (Conare), la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y en la Comisión para el Envejecimiento Saludable (Conaes).

Nuevo reglamento

Marisol Rapso, coordinadora del PIAM, prevé cambios en su funcionamiento por un nuevo reglamento de programas institucionales propuesto por la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y por las dificultades que tiene la institución en colocar los cursos en aulas.

El reglamento aún está en periodo de consulta, pero Rapso asegura que desde finales del año pasado, en vista del reglamento, la VAS está trasladando sus programas adscritos a Unidades Académicas.

“El reglamento de programas institucionales define el programa institucional como un programa de investigación, casi que como un proyecto, dejando de lado la acción social”, denunció Rapso.

Igualmente, las direcciones de otros programas institucionales se mostraron preocupados porque el reglamento define una duración de cuatro a cinco años para los programas institucionales.

Por esta razón, en diciembre, desde los programas solicitaron al Consejo Universitario ampliar el plazo de consulta a junio, que se les diera una audiencia y que no se tomaran decisiones hasta que no se aprobara el reglamento.

Rapso asegura que aún no tienen una audiencia; la ampliación se hizo hasta marzo y la VAS decidió proceder con el traslado.

La vicerrectora Angulo aseguró que no se tomaron decisiones que no estuvieran contempladas ya en reglamentos aprobados como el de Régimen Académico y el de Procedimientos y Lineamientos.

“De manera excepcional no se aplicaban a algunos de estos programas. No se pretende debilitar la acción social, sino ordenar la casa”, agregó.

Además, aclaró que se solicitó el traslado porque los programas “deben ser evaluados y aprobados por las Comisiones de Acción Social de las unidades académicas o los Consejos Científicos, y no por el Consejo Asesor de la VAS, ya que este no es un par académico y no tiene esta función establecida en el estatuto orgánico”.

Cambio de nombre

El pasado 4 de febrero alrededor de 400 personas marcharon para protestar por los cambios propuestos en la definición y ubicación de los programas de acción social.

Según Marisol Rapso, a cada programa se le ofrecieron opciones diferentes. En su caso tenían dos opciones: convertirse en un programa institucional con una caducidad de cuatro a cinco años o convertirse en una instancia de la VAS y cambiar de nombre.

“Instancia es una categoría que está dentro del Reglamento de Acción Social y que pasó una preconsulta con muchísimas observaciones, pero no está aprobado. La vicerrectora, entonces, nos pide que nos pasemos de algo que afirma es ‘un error’ para pasarnos a una categoría que no existe. Vamos a estar en un limbo”, consideró Rapso.

La definición de programa implica ser un espacio que articula proyectos y actividades desde diferentes disciplinas y unidades académicas. Sin embargo, desconocen las implicaciones de pasar a ser una instancia, porque aún no está definido; por su parte, si pasan a una Unidad dejan de ser interdisciplinarios, indicó la coordinadora.

“Dejar de ser programa es muy importante para nosotros porque nacimos, crecimos y somos un programa”, agregó.

La vicerrectora de Acción Social mencionó que “se les ofreció la valoración de la opción de una Unidad de la VAS a aquellos programas que tienen un eje transversal y que atienden una población determinada”, como es el caso del PIAM, con las personas adultas mayores. No se refirió a la categoría de instancia.

La demanda crece todos los años

El PIAM nació en 1986 atendiendo 300 personas, cuando Costa Rica no tenía todavía una reglamentación específica para las personas de la tercera edad.

En el año 1996, participaron activamente con el Gobierno en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor que, entre otras cosas, obliga a las universidades públicas de tener una oferta educativa para adultos mayores.

En el 2016, el programa recibió el premio “Aportes a la Calidad de Vida” de la Defensoría de los Habitantes, y actualmente oferta alrededor de 200 cursos para, aproximadamente, 3.000 personas cada semestre. Marisol Rapso, coordinadora del programa, asegura que cada año la demanda es mayor.

“Nunca se nos habían acabado las citas de matrícula tan rápido como este año y para la inducción de estudiantes nuevos teníamos el auditorio lleno”, dijo Rapso.

La población adulta mayor representa un 8% del total de la población en Costa Rica y se proyecta que para el 2048 aumente a un 20%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.


 

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