Especialistas en derecho aseguran que orden de Hacienda no es inconstitucional

Según los abogados consultados, la norma no viola lo estipulado en la Constitución Política. Además, queda claro que los rectores firmaron el compromiso de realizar una inversión de capital de ₡70.000 millones.

Tanto los rectores como la comunidad universitaria han tildado de “inconstitucional” la medida impuesta por el Ministerio de Hacienda, ya que en su criterio esta institución no le debe decir a las universidades en qué deben gastar sus dineros pues existe una autonomía.

UNIVERSIDAD consultó a dos especialistas en derecho constitucional, quienes afirman que no existe inconstitucionalidad en la norma y que, en última instancia, deberá ser la Sala Constitucional la que resuelva el diferendo.

Para el especialista en derecho constitucional, Rubén Hernández, no existe un problema de inconstitucionalidad, pues no hay ninguna norma en la Constitución Política que garantice a las universidades porcentajes para operación e inversión.

“Ellos (los rectores) voluntariamente aceptaron gastar ¢70.000 millones en inversiones y con base en ese acuerdo se elaboró el presupuesto nacional del 2020”, aseveró Hernández.


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Hernández mencionó también que, en efecto, en el acuerdo no se indica que el monto que deberá ser ejecutado como gastos de capital saldrá de los superávit o presupuestos institucionales. Por esta razón, “debe entenderse que esa suma para inversión se tomará del monto total recibido, lo cual queda reforzado por lo establecido en el presupuesto nacional”.

Por su parte, el especialista en derecho constitucional y administrativo, Manrique Jiménez, destacó que la autonomía de las universidades públicas no significa soberanía, pues todo lo que forma parte de órganos y entes que dependen del presupuesto nacional están, por ende, sujetos a esa Ley.

Asimismo, Jiménez aseguró que el artículo 85 de la Constitución Política dispone que en caso de que exista algún tipo de diferendo en cuanto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de la Educación Superior Estatal deberá ser resuelto a través de la Asamblea Legislativa. Incluso este resultado podría ser luego sometido a revisión por la Sala Constitucional.

“No podría decir yo que sea inconstitucional. Todos los parámetros objetivos parecieran indicar que en principio no lo es, pero el último que tendría que decidir si lo es o no es el órgano que tiene la competencia exclusiva de declarar si es inconstitucional; es decir, la Sala Constitucional”, aseveró Jiménez.


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