La vida de la Convención Colectiva de Trabajo de la Universidad de Costa Rica (UCR) pende de que el Sindicato de Trabajadores (Sindeu) y la Rectoría logren sentarse a la mesa de negociación antes del próximo 15 de diciembre. Ese día se cumplen 30 días desde que el Rector Henning Jensen entregó la denuncia de la convención el pasado 14 de noviembre, y es el tiempo establecido en el Código de Trabajo para que las partes inicien negociaciones, prorroguen el plazo cuantas veces acuerden y la con- vención se mantenga. Después de un primer desencuentro cuando el Sindeu se negó a reunirse con la Rectoría, el pasado 22 de noviembre, para iniciar la negociación, el sindicato propuso las fechas del 12 y 14 de diciembre para sentarse a acordar la logística y términos de la negociación. El Sindeu argumentó entre otras razones para no asistir a la anterior convocatoria, lo que considera una actitud de falta de diálogo y comunicación de parte del Rector e intentos de imponer las condiciones. La organización sindical lamenta que el Rector divulgara su propuesta de reforma de la convención a través de los medios de comunicación y en reuniones con unidades académicas, en vez de participar primero al sindicato, y cuestionó que se adelantara a entregar la denuncia de la convención ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a los cincuenta minutos después de haberla presentado en las oficinas del sindicato, sin haber conversado antes con este, que es el titular del acuerdo y el único que puede negociar. La Rectoría pretendía – comentó Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu – que en cinco días hábiles hubieran estudiado todo el documento y se sentaran a negociar, y además les señalaba las condiciones de la negociación cuando esto era algo que las dos partes debían haber acordado antes. Reprochó que la Rectoría rompiera la práctica de las anteriores negociaciones de la convención, de hacerlo internamente con el sindicato, en el marco de la autono- mía universitaria y la relación de patrono y sindicato, como sí lo está haciendo el Instituto Tecnológico, donde el Rector y el sindicato acordaron negociar la convención internamente. Asimismo, criticó que la Rectoría metiera al MTSS como testigo, cuando el Ministerio va a ser juez y parte en el proceso, si hubiera en un momento dado un conflicto. Por su parte, Carlos Araya, vicerrector de Administración, a cargo de este proceso, sostuvo que la administración procedió conforme a lo que señala el artículo 56 del Código de Trabajo en cuanto a la denuncia de las convenciones colectivas. La propia convención colectiva establece que esta continuará vigente de manera automática en caso de que ninguna de las partes proceda a denunciarla al menos 30 días antes de la fecha de su vencimiento, que en el caso de la UCR es el 2 de marzo del 2017. “Desde hace más de un año el señor Rector manifestó que se iba a denunciar la convención colectiva. Yo particularmente tuve varias reuniones con el sindicato a finales del año pasado e inicios de este, donde les manifesté que esa era la posición de la administración, de manera que no pueden alegar desconocimiento”, manifestó Araya. Explicó que de acuerdo con el artículo 56 del Código Laboral, la administración define cuáles son los artículos de la convención que está denunciando y para cada uno debe establece un texto sustitutivo. Una vez que se tiene el texto sustitutivo se procede con la denuncia, y se inicia el proceso de negociación.
“Ese es el procedimiento y fue lo que nosotros hicimos. En primera instancia definimos que íbamos a denunciar la convención; segundo, definimos cuáles artículos íbamos a denunciar, y tercero, establecimos el texto sustitutivo. La denuncia la hacemos ante el sindicato, que es el titular de la convención, y enviamos copia al Ministerio de Trabajo”, relató el vicerrector. Dijo que querían hacer entrega formal al sindicato del texto sustitutivo con la denuncia, para que ellos entonces analizaran la propuesta y a partir de ahí se sentaran negociar, y decidieron que esa actividad iba a ser en el Ministerio de Trabajo, donde el Ministro (Carlos Alvarado) les dio audiencia. Invitaron al sindicato pero cuatro días antes les dijeron que no iban a asistir. En vista de eso, le enviaron entonces a sus oficinas el texto sustitutivo y la carta de denuncia, y con el sello de recibido del sindicato fueron a dejar copia al Ministerio de Traba- jo, y aprovecharon la audiencia que tenían con el Ministro para sentarse a conversar con él. “En la nota entregada al sindicato se le indica que se procede con la denuncia de la convención, establece- mos una serie de elementos de coordinación, y convocamos entonces a una primera reunión de negociación para el día 22 de noviembre, y la intención era justamente ponernos de acuerdo sobre la dinámica de negociación”, expresó Araya. Sin embargo, el 22 de noviembre, 15 minutos antes del inicio de la re- unión, el Sindeu envía una nota di- ciendo que no se presentaría, dando unos argumentos para no asistir, y propone las fechas del 12 y 14 de di- ciembre para reunión. URGE Hay que tener en cuenta que la convención se denunció el 14 de noviembre y partir de esa fecha corren 30 días naturales para negociar. De manera que “urge sentarnos a negociar, porque evidentemente dentro de los primeros elementos que tenemos que acordar es una prórroga de ese plazo que da el artículo 56”, manifestó Araya. “No nos interesa para nada que la convención colectiva vaya a quedar sin vigencia el 2 de marzo. Si el sindicato no se sienta a negociar ocurriría eso, y es justamente lo que nosotros no queremos que ocurra”, remarcó. “No es correcto señalar que nosotros no hemos tomado en cuenta al sindicato. Es que el momento jurídico para que nos sentemos a negociar es posterior a la denuncia y en el momento en que tenemos ya el texto sustitutivo que es la base de la negociación. Lo que está establecido en el Código de Trabajo es que la denuncia se hace ante el titular (el sindicato) con copia al Ministerio de Trabajo, y eso fue lo que nosotros hicimos”, destacó. Según Rosemary Gómez, el Sindeu mantiene apertura al diálogo con la Rectoría y en ningún momento se ha opuesto a negociar, y lo primero que debe establecerse es una reunión para acordar la logística y los criterios para sentarse a la mesa de negociación, y no que sea una imposición. Con ese espíritu el sindicato propuso las fechas del 12 y 14 de diciembre, que están dentro del plazo en que podrían establecer los mecanismos de coordinación. Hay que tomar en cuenta que hay una convención colectiva vigente y planteamientos de la asamblea de trabajadores, en donde lo primero es la defensa de los derechos establecidos en esa convención colectiva, por lo que no se va a negociar nada a la baja, y lo segundo es incorporar todo lo que mejore esa convención colectiva, anunció Gómez.
Modernización
La Rectoría afirmó en un comunicado que la denuncia de la convención colectiva consiste en una propuesta para modificar algunos de sus artículos, y se debe a la búsqueda de una modernización más transparente de aquellas disposiciones que no corresponden a la realidad política, económica y social del país. Aseguró que la propuesta mejora las condiciones laborales a trabajadores de la UCR. Por ejemplo, se regula el cambio de horarios para hacer más fácil el desplazamiento de los funcionarios, desde sus hogares hasta el lugar donde trabajan. Además, contempla la posibilidad de trabajar diez horas durante cuatro días a la semana, para dejar un día libre y así reducir costos de desplazamiento, tráfico vehicular y gastos de oficina. En cuanto los sueldos de los trabajadores, el aumento del salario base se realizará de manera semestral, una vez acabado el período y no antes de su vencimiento, como ocurre en la actualidad. También se establece una propuesta de las anualidades en la que durante los primeros cuatro años la anualidad será de 5,5%. Para los años cinco y seis, se reducirá al 4%. El sétimo año descenderá al 3% y cuando se cumplan los 30 años, esta bajará al 1%. La razón de este ajuste es que los funcionarios, durante los primeros años laborales en la UCR tienen un salario menor en comparación con el resto de entidades estatales. Esto permitirá equiparar esta situación, al tiempo de que evita un serio riesgo financiero para la institución, si siguiera con la anualidad generalizada del 5,5% que estableció el Consejo Universitario en 2009, señala entre otros aspectos la nota circulada a la comunidad universitaria.