Jupema desmiente datos divulgados por el Gobierno y los califica como faltos de sustento técnico y depuración.
Tras numerosas rondas de discusión durante los últimos siete años, pasó de tener un gran apoyo a un absoluto rechazo y una coyuntura fiscal crítica se convierte en el principal argumento en contra del proyecto de ley No. 17.561 que reforma el sistema de pensiones del Magisterio Nacional.
Si bien fue presentado en el 2009 por el ex diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), José Rosales, hoy el panorama es distinto para un partido que pasó de apoyar el proyecto a ser uno de sus principales opositores.
Esta iniciativa pretende que quienes en determinado momento se trasladaron al Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), puedan regresar al Magisterio Nacional.
El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión Plena Primera, luego de que el pasado lunes 10 de octubre se votara en contra la moción de avocación que pretendía discutirlo en el Plenario.
Los 16 diputados y diputadas que conforman la Comisión ahora tendrán la última palabra, no sin antes recibir en audiencia a los miembros de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) el próximo miércoles 26 de octubre, con el objetivo de darles audiencia como se le dio al Gobierno y a la CCSS.
Mientras el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, asegura que la aprobación de este proyecto representaría un gasto anual de ¢11 mil millones generando un golpe financiero para la Hacienda Pública, la CCSS y la totalidad de contribuyentes, los miembros de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) contradicen al jerarca y aseguran que los costos son mucho menores.
Marcos Flores Arroyo, Coordinador Intermagisterial de Pensiones, explicó que, según los cálculos manejados por la Jupema, si el proyecto de ley se aprobara hoy, el costo del primer año de funcionamiento (2017) sería de ¢643 millones, en el segundo (2018) sería de ¢1.116 millones y en el tercero (2019) de ¢1.686 millones.
“Los datos suministrados por el Gobierno son exagerados, tendenciosos, irreales y alarmistas”, destacó Flores.
Gobierno: es un “riesgo fiscal”
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, compareció ante la Comisión Plena Primera el pasado 21 de setiembre y recalcó en reiteradas ocasiones la existencia de un “riesgo fiscal” para las finanzas públicas y para cada uno de los 1.400.000 cotizantes si se aprueba este proyecto.
Según el jerarca, el expediente legislativo 17.561 “Reforma del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional” representa un costo para el Ministerio de Hacienda que ronda entre ¢159 mil millones y ¢535 mil millones, en un lapso de 40 años.
Además, el Ministro resaltó que son los cotizantes los que deberán aumentar sus contribuciones para poder financiar el retorno de quienes se beneficien, ante una posible aprobación del proyecto.
“Hace pocos meses fuimos testigos de un gran acuerdo nacional donde las fuerzas legislativas acordaron la aprobación de cuatro leyes que modifican los distintos regímenes de pensiones y le permiten a la Hacienda Pública un ahorro de ¢21 mil millones en el primer año y con efectos de ahorro sostenido en el tiempo”, destacó Alfaro, al recordar la aprobación de cuatro proyectos de ley que pretenden retener el gasto público en pensiones, logrando un ahorro de 0,7% del PIB.
El jerarca expresó: “Este gran acuerdo hoy puede quedar mermado ante la aprobación del proyecto de ley 17.561 que se llevaría casi la mitad de este ahorro”.
Jupema responde
Marcos Vinicio Flores, coordinador de la Comisión Intermagisterial de Pensiones, detalló que la gran mayoría de los datos proporcionados por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, son falsos.
Mientras el jerarca habló de una población beneficiaria de entre 1.847 personas y 6.010 personas, el Departamento Actuarial de la Jupema detalló que este cálculo es un error, pues se incluyen personas ya pensionadas, tanto por el Magisterio como por la CCSS, además de personas fallecidas.
El dato correcto según este departamento es de una cantidad de beneficiarios de mínimo 1.100 personas y máximo 3.600.
Otro dato que Jupema denunció como erróneo es la tasa de reemplazo. Mientras que Alfaro habló de un 80% sobre el último salario, los datos de Jupema muestran que la tasa de reemplazo (la pensión) se establece con un 80% del promedio de los mejores 32 salarios de los últimos 60 meses, es decir un 70%.
El aumento de las pensiones es otra información que los dirigentes magisteriales desmienten. “El ministro habla de un crecimiento del 3%, cuando la ley señala que el crecimiento es igual a la inflación, por lo que en los últimos periodos no ha existido crecimiento alguno”, destacó la Junta en un comunicado.
Otro error señalado por Jupema es la cotización en el Magisterio Nacional, el jerarca dice que es de un 11,4% cuando el Régimen Transitorio de Reparto establece una escala de cotización de entre un 8,75% y 16%.
Una de las confusiones más importantes: el costo del proyecto. Las diferencias entre una versión y otra es de miles de millones. El ministro aseguró que el costo es de ¢11 mil millones anuales.
Vernor Arguedas, asesor magisterial de pensiones, señaló que esta afirmación carece de sustento técnico, tanto actuarial como financiero.
“El costo real para el primer año sería de ¢643 millones, monto que irá ascendiendo de forma mínima hasta el 2027, pero posteriormente descenderá.” Además añadió: “No todas las personas se pensionarían al mismo tiempo ni tampoco todas las personas accederían a la opción de traslado, el proceso es progresivo, es un proceso que duraría 15 años aproximadamente”.
¿Cuál engaño?
Warner Cascante, abogado asesor de la Comisión Institucional de Pensiones de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que el engaño que vivieron las personas que en su momento se trasladaron al régimen de pensiones de la CCSS, consistió en un discurso erróneo que amenazaba con la desaparición del régimen del Magisterio.
“Se empezó a decir que la CCSS estaba muy mal económicamente y que el Magisterio estaba quebrado. Si usted se quedaba en el Magisterio iba a pagar cuatro o cinco veces más. Mi caso concreto: a mí se me rebajaban como ¢5 mil, de quedarme en el Magisterio me subía a ¢20 mil, al irse a la Caja más bien se rebajaba la contribución. Por eso toda esta gente se fue para el IVM”, explicó.
Róger Porras, Presidente de la Jupema, señaló que en el año 1995 se gestó por parte del Gobierno una serie de datos que desinformaron a los trabajadores de la educación, provocando en ellos la incertidumbre.
“Se amenazaba con la desaparición del Régimen del Magisterio, situación que desde luego fue y es incorrecta. Esto provocó confusión en los trabajadores”, expresó.
Beneficiarios
Según Cascante, se conoce con certeza que hay 1.100 personas de todo el país que se devolverían al Magisterio o al menos tendrían la posibilidad de hacerlo.
Estos trabajadores pasaron un umbral de 10 años cotizando en el Magisterio, al sobrepasar este periodo se adquiere un “derecho de pertenencia, la Sala lo define como un derecho de pertenecer a ese régimen”, explicó.
Sin embargo, Cascante señaló que “el simple hecho de haber cotizado en su momento en el Magisterio ya le permite pensionarse en su régimen natural porque son educadores; el sistema natural de un educador es el Magisterio Nacional, teniendo en cuenta esto sería un máximo de 3.600 personas”.
Lo que no se dijo
Ahora bien, según Cascante la exposición del Ministro no citó los montos que deben devolver los trabajadores a Jupema. “Los pensionados deben saldar por concepto de ponerse al día con las cuotas del Magisterio en los tres primeros años 81 millones, 78 millones y 79 millones, respectivamente”, explicó.
Cascante además aseguró que es falso que el régimen de la CCSS se vea afectado. “Más bien se vería favorecido, ya no tendría que pagar las pensiones de los cientos de contribuyentes que se trasladarían al Magisterio”, señaló.
Además destacó que el Ministro olvidó el ahorro que tendría el Estado al permitirles a los trabajadores de la educación en estado de invalidez acceder a una pensión por el Magisterio con mayor anticipación que la CCSS, evitando en la actualidad el pago de dos salarios o más: el del educador y el de las personas que los sustituyen.
Según datos proporcionados por la Comisión Intermagisterial de Pensiones, el personal del Ministerio de Educación Pública (MEP) que se encuentra reubicado, readecuado o incapacitado cotizando para el régimen de la CCSS llega a las 600 personas con un salario promedio de ¢500 mil al mes, lo que significa un costo anual de ¢3.600 millones.
La mayor ganancia, según Cascante, a pesar de que los educadores que opten por pasarse al Magisterio tengan que pagar hasta ¢15 millones -incluso más- es tiempo de vida; es decir, poderse pensionar más rápido.
“En la Caja la gente se pensiona por edad, mientras que en el Magisterio se pensiona por tiempo de servicio, entonces la ganancia real para el trabajador es tener un poco más de años como jubilado, se gana entre siete y diez años más”, aclaró.
Cascante aseguró que si el proyecto no se aprueba, se entraría a una etapa de presión política por parte de los gremios magisteriales, además se acudiría a los Tribunales de Justicia.
Róger Porras, presidente de la Jupema, explicó que si el proyecto no se aprueba se cometería una injusticia con todos estos trabajadores que se verían obligados a pensionarse por un régimen de pensiones que no es su régimen original.
Un rotundo no en la Asamblea
La discusión del proyecto de ley No. 17.561 se reanudó a inicios de este año cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) acordó apoyar la iniciativa. No obstante, hoy su postura es distinta.
Juan Rafael Marín Quirós, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión Plena Primera, explicó que a lo interno del partido ya se acordó votar el proyecto en contra.
“El PLN siempre ha estado opuesto a este proyecto, por un tema fiscal en el pasado, ahora habíamos tomado una posición de revisar el proyecto, de escuchar al Gobierno, se hizo y se volvió a revisar el proyecto en la fracción. Se definió mantener el voto en contra”, destacó Quirós.
Además el diputado aclaró que “los que se pasaron (del Magisterio al régimen de pensiones del IVM) lo hicieron de manera voluntaria, nadie los obligó, hubo un traslado voluntario de cada una de las personas; posteriormente a su traslado se dieron cuenta de que el tema no era tan conveniente como lo pensaron inicialmente”.
El diputado Marco Vinicio Redondo Quirós, del Partido Acción Ciudadana (PAC), detalló que aun cuando el proyecto fue iniciativa de su partido las condiciones actuales a nivel fiscal les coloca un impedimento material para apoyar el proyecto.
“La posición del PAC es votarlo en contra, por lo menos el compromiso que tenemos con las finanzas no nos permitiría votar a favor”, explicó Redondo.
Además añadió: “El déficit fiscal no es una condición que podemos obviar y no podríamos resultar irresponsables si generamos un incremento en esa problemática, nada más que para generar un beneficio sectorial; en estos momentos tenemos que actuar para resolver el problema estructural para el beneficio de toda la ciudadanía, y en ese sentido, no es lo que uno quiere sino lo que debe”.
Este argumento lo comparte también la diputada Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), al asegurar que el contexto actual a nivel financiero impide aprobar este proyecto.
“Este tipo de proyectos son inmanejables, imposibles e insostenibles en este momento. Los momentos son otros, cuando nosotros dejamos en el Gobierno de Abel Pacheco las finanzas eran totalmente saludables, el déficit estaba al mínimo, les podíamos dar eso y más. En este momento, este país no puede ni siquiera darse el lujo de pensarlo”, detalló la legisladora.
El diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario (PML), se sostiene del argumento del déficit fiscal y de la situación de las finanzas públicas del país la cual describe como “calamitosa”, por lo que aseguró que la fracción de su partido también está en contra.
“Debido a dos razones: el golpe durísimo al IVM y por otro lado el incremento en las cargas para el Ministerio de Hacienda a lo largo de los siguientes 20 años, que según Servicios Técnicos podría ser de casi ¢500 mil millones a lo largo de este periodo, es que nosotros tomamos la decisión de votar en contra el proyecto”, expresó el legislador.
La negativa del proyecto la comparte Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien define la iniciativa de ley como un “abuso”. Solís manifestó que siempre ha estado en contra.
“Ese proyecto cuesta una fortuna y los educadores tuvieron la oportunidad de cambiar de régimen, desde inicios de mi gestión yo era miembro de la Comisión Plena Primera y expresé que me oponía a ese proyecto”.
Por otro lado, el Partido Frente Amplio (PFA) mantiene su postura de apoyar el proyecto, pero, como lo explica Edgardo Araya, diputado de esta bancada, depende de si afecta o no a la CCSS.
“Creo que ese proyecto no se ha archivado antes porque nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, lo mejor que puede pasar es que se tome una decisión, estas personas tienen derecho a que se les resuelva, sí o no, pero que se les resuelva”, detalló.
Fabricio Alvarado, del Partido Renovación Costarricense (PRC), explicó que lo importante es escuchar a las personas de la Jupema, para aclarar, actualizar cifras y cálculos.
“En mi caso no he definido una posición y por tanto para mí es importante escuchar a Jupema para tomar una decisión. Me preocupa el tema de la justicia, lo que ellos nos dicen, que fueron engañados, hay que escucharlos”, definió.
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera está conformada por 16 diputados y diputadas: 6 del Partido Liberación Nacional (PLN), 3 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 1 del Partido Renovación Costarricense (PRC), 1 del Partido Movimiento Libertario (PML), 5 del Partido Acción Ciudadana (PAC) y 3 del Partido Frente Amplio (PFA); por lo que, de mantenerse la postura de las fracciones, los opositores son mayoría en la comisión.
