Las decanaturas de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) salieron al paso del proyecto anunciado por el presidente Rodrigo Chaves sobre el financiamiento del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Recordaron que un país no sólo requiere un tipo de profesional que esté sujeto a las demandas y criterios empresariales.
El anterior miércoles 5 de octubre, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó la propuesta legislativa Nº. 23.380: Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior, como un mecanismo de control financiero del FEES y del desarrollo académico de las universidades públicas del país.
El proyecto, al tiempo que pide cambios en la distribución de los fondos universitarios, podría implicar un recorte en aquellas carreras en las que se considere que no hay una demanda laboral como las de otras áreas del conocimiento, según los representantes de las facultades de Ciencias Sociales, consultadas por UNIVERSIDAD.
“No es cierto que el país esté requiriendo sólo un tipo de profesional orientado a los criterios empresariales. De allí viene esa distribución casi que pragmática de los recursos universitarios. No es desde ese lugar vertical e impositivo que se deben generar los acuerdos que requiere el país”.
En su opinión debido a que en el artículo 7 indica que para la distribución presupuestaria se tomarán en cuenta factores como las necesidades educativas en la sociedad, su impacto en el empleo y su “pertinencia con el Plan Nacional de Desarrollo”.
“No es cierto que el país esté requiriendo sólo un tipo de profesional orientado a los criterios empresariales. De allí viene esa distribución casi que pragmática de los recursos universitarios. No es desde ese lugar vertical e impositivo que se deben generar los acuerdos que requiere el país”, comentó Guillermo Acuña, vicedecano de Ciencias Sociales en la UNA.
Para Acuña no existe un acuerdo nacional, o bien, un proyecto país consensuado sobre los requerimientos de formación a nivel de educación superior. En el documento presentado por el Poder Ejecutivo se alega un “divorcio” entre las carreras solicitadas por la empresa privada, las habilidades o destrezas que buscan y el perfil de los graduados, es decir, falta de correspondencia entre la oferta y las expectativas del mercado.
Pero Isabel Avendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR responde todo lo contrario tras asegurar que las personas graduadas de las universidades públicas, específicamente en Ciencias Sociales, reciben una formación integral, humanística e interdisciplinaria.
“Los graduados de las universidades se desarrollan en una amplia variedad de campos del saber bajo reconocidos parámetros de excelencia académica y hemos verificado que se encuentran laborando en todos los sectores de la economía, grupos de la sociedad y localizados más allá de los linderos nacionales”, complementó Avendaño.
De la misma manera, en el artículo 7 del proyecto de ley se detalla que deben existir propuestas de investigación y extensión social, con impactos en el desarrollo económico de las poblaciones objetivo.
Al respecto, la Decana puntualiza que la universidad pública desarrolla una función social y por eso da especial atención a los grupos vulnerabilizados mediante el desarrollo de sus tres actividades sustantivas: la docencia, la investigación y la acción social.
La vulnerabilidad de ciertas carreras impartidas por las universidades públicas se fundamenta, en mayor o menor medida, en una comprensión del país mediante una visión económica. Es decir, la permanencia de algunas de las profesiones depende de su generación de capital.
Ante esto, Isabel Avendaño comenta que se está pretendiendo que la universidad visualice únicamente el mercado, lo cual vulnera la autonomía universitaria, gracias a una búsqueda de desarrollo al libre antojo de las presiones políticas y económicas del momento. “Lo correcto de una universidad plena es que provea diversidad de campos del conocimiento y que forme estudiantes en el diálogo interdisciplinario”, reafirmó la decana.
Avendaño se afianza en datos del Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) que evidencian que el 57% del estudiantado proviene de hogares cuyos padres no tienen educación universitaria, es decir, un 57% de las personas graduadas son de primera generación.
Además, añade que el perfil del estudiantado indica que casi un 70% procede de un colegio público, por lo tanto, la universidad está cumpliendo una función como mecanismo de ascenso social, permitiendo una formación más capacitada que garantice una competencia superior en el mercado laboral.
Posición universitaria
Desde ambas decanaturas se percibe este proyecto como una manera de violentar la autonomía universitaria, evitando que se cumplan los fines y propósitos de la universidad.
Isabel Avendaño asegura que, desde la universidad, deben oponerse a un proyecto que desvirtúa la razón de ser y existir de la educación superior pública, que dicta, protege y garantiza la Constitución Política.
Por su parte, Guillermo Acuña sostiene que las universidades deben plantearse un marco colectivo de trabajo, articulándose como un actor sociopolítico más, que acompañe a los demás sectores de la sociedad en la misma posición.
“La incertidumbre para nuestra comunidad es evidente y por ello esta alerta. El ejercicio reflexivo es constante y estratégico: las ciencias sociales hoy, más que nunca, están vigentes. Y deben ser escuchadas”, concluyó Acuña.
