Por primera vez en la historia de la Universidad de Costa Rica (UCR) personas en condición de interinazgo organizan un debate de camino a las elecciones a la Rectoría, el cual se llevó a cabo de forma virtual el pasado sábado 14 de noviembre y se transmitió por redes sociales.
Las cinco candidaturas accedieron a participar en el debate, en el que se discutieron problemáticas propias de esa población, a pesar de que la UCR aún no reconoce al Comité de personas interinas de la UCR como un órgano formal de la institución.
El Comité es una agrupación de naturaleza “autoconvocada” y autónoma que nació en el 2016. Al no ser reconocida por la institución, no cuenta con recursos, tampoco es reconocida por el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu).
“Planteamos la propuesta de crear una seccional de interinos en el Sindicato pero fue rechazada, ha sido frustrante porque es uno de los sectores más vulnerables de la institución”, contó Alberto Gutiérrez, quien forma parte de la agrupación.
Según datos de la Vicerrectoría de Docencia del 2019, el 66% de personas docentes de la UCR son interinas (3.514), 26% tienen propiedad (1.367) y 8% tiene jornada mixta (416).
Las personas en condición de interinidad no tienen voto en las Asambleas de Escuela, ni mucho menos lo ejercen en las elecciones a la Rectoría, como sucede en el actual proceso electoral, que se realizará este 20 de noviembre.
“Hay un círculo vicioso porque, como no somos sujetos de voto, no es un tema de campaña. Organizar el debate demostró que representamos una fuerza política que ha crecido y ha agarrado fuerza. Es el resultado del trabajo y organización política”, arguyó Gutiérrez.
Durante el debate explicó que el interinazgo es una condición laboral que no tiene vínculo permanente con la institución y no tiene perspectiva de continuidad. Se utiliza de forma excepcional para sustituir docentes pero que, sin embargo, “se convirtió en la norma en la institución” con el paso del tiempo.
“Uno de los objetivos era dar a conocer a la comunidad universitaria la problemática, yo en lo personal quedo satisfecho porque se discutió un tema que nunca antes se había discutido”, dijo el representante de la organización, quien rescató que durante el debate las cinco personas candidatas reconocieron el problema y la necesidad de resolverlo.
El debate puso en discusión vivencias de esta población como las jornadas fluctuantes y sin continuidad, la falta de transparencia en la información sobre las plazas (su código y tipo) disponibles.
La agrupación también denunció, citando el artículo 57 de la Constitución y el artículo 167 del Código Laboral, la ilegalidad de que a pesar de hacer el mismo trabajo no reciben el mismo pago de quienes están en propiedad y que los nombramientos pueden llegar a ser “interminables”.
¿Qué dijeron las candidaturas?
Todas las personas candidatas se comprometieron a darle seguimiento a esta problemática. Aseguraron que serían transparentes con la información sobre plazas y prometieron promulgar una escala salarial “más justa”. Ninguna estuvo de acuerdo en privatizar o tercerizar la contratación de docentes.
Los candidatos Orlando Arrieta y Jose Ángel Vargas rescataron los avances dados con los pasos académicos, la candidata Lizbeth Salazar considera que la solución es un “reglamento claro y justo de contratación” y el candidato Gustavo Gutiérrez dijo que debe discutirse el proyecto de empleo público en la Asamblea Legislativa.
Consultados sobre la falta de continuidad de las personas interinas, que en interciclos (diciembre, enero y febrero) y en ocasiones en veranos no reciben salario, las candidaturas identificaron cuál era el problema por resolver en su eventual administración.
El candidato Ralph García considera que esta situación se da por la dificultad de justificar labores académicas en los periodos mencionados y Gutiérrez coincidió al decir que se debe a la dificultades que tienen las unidades académicas para asignarles tiempos en investigación y acción social.
Salazar propuso dar capacitaciones a los interinos durante ese tiempo, Arrieta dijo que se puede resolver con una correcta administración desde las unidades académicas y Vargas denunció la falta de voluntad política de la antigua administración.
Eso sucede porque “la administración se ahorra el dinero. Es injusta; a costa del trabajo del personal docente, toma el dinero para otros fines. Hay proyectos académicos de las tres áreas que perfectamente pueden ser apoyadas, es un sistema de precarización laboral”, dijo Vargas.
Se les preguntó a las candidaturas quién es el responsable, ¿la administración o la unidad académica? Gutiérrez considera que sí hay mucha responsabilidad en las unidades académicas, pero que la Rectoría puede hacer un diagnóstico de plazas para forzar a que se otorguen, ya que hay una “tendencia de no hacerlo o esperar con ciertos vicios. En ocasiones salen las plazas con nombres y apellidos, entonces no salen de forma oportuna”. Arrieta coincidió en que la responsabilidad es compartida.
“Además, es importante identificar el tipo de persona interina que tenemos nombrada, no es lo mismo la que tiene tiempo completo como la que lo tiene como fuente de ingreso secundaria” agregó Arrieta.
Salazar difiere y asegura que es responsabilidad de la Rectoría: “¿De dónde vienen esos presupuestos? De la Rectoría y la Vicerrectoría”. Vargas se comprometió a que la primera medida en su administración sería establecer directrices para que se den nombramientos con continuidad cuando “lo ameriten”; por su parte, García dijo que lo más importante era eliminar completamente la discrecionalidad de los datos sobre fondos.
