El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) le solicitó al Consejo Universitario (CU) que declare “no grato” al expresidente de la República Carlos Alvarado Quesada, por considerar que durante su gobierno se dictaron y aprobaron leyes “sumamente dañinas” para la autonomía universitaria, su institucionalidad y la constitucionalidad, según el Sindeu.
Sin embargo, el pasado 18 de mayo el CU acordó “rechazar ad portas” la solicitud de la organización sindical, lo anterior, implica la negación de la petición sin analizar el fondo de la misma, debido a una improcedencia o por defectos en la forma.
Para el sindicato, las leyes aprobadas son una “amenaza latente” en contra de los presupuestos universitarios. En cuanto a la regla fiscal, la organización señaló que esta desconoce de la naturaleza y necesidad de implementar el presupuesto en inversión para el estudiantado, contratación de recurso humano, inversión en investigación, proyección de la acción social y demás.
“Utilizando leguleyadas, artificios jurídicos e incluso manipulación mediática para atacar las Universidades Públicas Estatales, en su mayoría promovidos por el entonces presidente de la República Carlos Alvarado Quesada (…) haciendo caso omiso de los análisis, propuestas y advertencia a las implicaciones legales que esas acciones acarrearían señalados por las diferentes organizaciones sociales y autoridades universitarias”, indica la solicitud del Sindicato.
De acuerdo con el Sindeu, las implicaciones legales señaladas advertían sobre “la violación integra a los mandatos constitucionales” y también sobre la “grotesca afectación presupuestaria” que imposibilita el trabajo operativo en las universidades estatales, al afectar las actividades esenciales que se proyectan en las artes, ciencias y acción social.
Además, la organización de empleados universitarios planteó que las leyes implementadas durante la administración de Alvarado crearon un “apartheid laboral”, lo cual implica una “violación completa” a la autonomía e independencia administrativa que tienen las casas de enseñanza universitarias.
Sobre lo anterior, ampliaron que las leyes “partieron en dos” a las universidades, de manera que crearon una “odiosa discriminación en aspectos de recurso humano, Convención Colectiva de Trabajo, procedimientos administrativos y la intervención absoluta de un ente meramente político como lo es el Ministerio de Planificación”.
