En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), 100 es la calificación más positiva y cero la más negativa. En los resultados del IPC 2017, Costa Rica muestra un lento avance y una desaceleración significativa en la percepción de la ciudadanía con respecto a la corrupción.
De 100 posibles, el IPC le otorga al país 59 puntos. Así lo detalla este reciente índice, presentado el miércoles 21 de febrero en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap), por la organización Costa Rica Íntegra, representante de Transparency International en el país.
Aun cuando entre el 2012 y el 2016 el país había mantenido una mejora en la percepción sobre la corrupción (pasó de 53 puntos sobre 100 en el 2014 a 59 en este reciente índice), del 2016 al 2017 solo se mejoró en un punto, mientras que del 2014 al 2015 y del 2015 al 2016, se había reportado en ambos casos un ascenso en mejora de dos puntos.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, de la actual Administración Solís Rivera, se planteó mejorar este índice con su política de “Lucha contra la corrupción y fortalecimiento de un Estado transparente, eficiente y efectivo”. La meta planteada proyectó recibir en el 2017 una calificación de 65 puntos, algo que no se logró.
Sin embargo, la percepción de la corrupción ha mejorado en los últimos cuatro años. Se debe tener en cuenta que el periodo de estudio de percepción del IPC 2017 no contempla el segundo semestre del 2017 y los meses recientes de este 2018, por lo que casos de corrupción como el llamado “cementazo” o el “caso Yanber” no se ven reflejados.
Eduardo Núñez Vargas, presidente de Costa Rica Íntegra, señaló que si bien la calificación del IPC 2017 muestra un leve ascenso en comparación con periodos anteriores, también evidencia un crecimiento lento y una meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo que queda en deuda.
Evelyn Villarreal, vicepresidenta de esta organización, también mencionó, en la presentación de resultados, que posiblemente el país muestre en el IPC 2018 una caída en su calificación, pues el próximo índice sí contemplaría los recientes casos de corrupción.
El IPC mide estrictamente percepciones sobre el entorno que viven las personas en cuanto al nivel de corrupción, pero también utiliza en su análisis otras fuentes de información para tener perspectivas de la corrupción en el país “desde afuera”.
Por ejemplo, el índice usa fuentes como el Foro Económico Mundial (FEM), World Justice Project Rule of Law Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings, entre otras.
Villarreal enfatizó que este índice no mide políticas o gobiernos específicos, tampoco prácticas individuales o empresariales de la corrupción y escándalos específicos. La medición es de las percepciones en general sobre la corrupción.
El país se mantiene de tercero en América Latina, por debajo de Uruguay (70 puntos) y Chile (67 puntos). Además, sigue a la cabeza en Centroamérica.
El índice tiene 23 años de ser calculado, pero tuvo un importante cambio metodológico en el 2012, por lo que los datos de antes y después de ese año no se pueden comparar. En este IPC 2017 se evaluaron 182 países.
Gobierno
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, durante la presentación de resultados dijo que “este tipo de índices nos recuerda lo largo que estamos de donde nos gustaría estar; pese a que estamos en una posición que creemos aceptable, como sociedad demandamos posiciones mejores”.
El ministro resaltó que el Gobierno ha desarrollado varias acciones claves para el mejoramiento de este índice. Citó la unificación del sistema de compras públicas, la aprobación de la Ley No. 9416 “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal” y las mejoras en la información disponible de 70 instituciones que subieron calificación en el Índice de Transparencia del Sector Público.
“Todavía, en esto hay que mejorar. Por ejemplo, en tener información en formatos fácilmente interpretables por el público no calificado”, expresó.
Subrayó también decretos como el de Acceso a la Información Pública (No. 40200) y el de Datos Abiertos (No.40149). No obstante, añadió que si bien los decretos hacen una mejora significativa, son modificables, por lo que es necesaria una nueva legislación.
También, en la actividad de presentación surgieron dudas como la protección de la persona que denuncia corrupción, a lo que el ministro señaló la idea de crear líneas para denuncias anónimas.
Plan Nacional Anticorrupción
“La lucha contra la corrupción no se gana con esfuerzos aislados, por más buena intención que exista”, expresó Evelyn Villarreal Fernández, Vicepresidenta de Costa Rica Íntegra, cuando introdujo el tema de propuestas en la presentación del IPC 2017.
Para mejorar en materia de lucha contra la corrupción, la organización propone un Plan Nacional Anticorrupción.
Villareal destacó que este plan pretende tener tres ejes fundamentales: reducir la impunidad, impulsar una cultura de legalidad y prevención de la ilegalidad y crear acuerdos nacionales de orden político e intersectorial que otorguen estabilidad a una estrategia nacional anticorrupción.
En el contexto de un nuevo Gobierno por elegirse, Eduardo Núñez, presidente de Costa Rica Íntegra, indicó que un Plan Nacional Anticorrupción debería contener en sus estrategias objetivos de mediano y largo plazo, con monitoreo y evaluación, metas y estrategias definidas con diversos sectores involucrados, priorización de recursos; así como evitar duplicidad de acciones y desarrollar mejora su ejecución y cumplir con los compromisos internacionales.
Mayela Cubillo, Directora del Cicap también comentó que la lucha contra la corrupción en el país debe desarrollarse bajo un compromiso político sólido por parte de cada uno de los miembros de los diversos poderes. Además, recordó que se deben fortalecer las auditorías internas y externas y se deben involucrar en el trabajo diario de lucha a los miembros de la sociedad civil, a las universidades y sectores como los medios de comunicación.
Este plan también propone enlazar acciones con agendas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el número 16, referente a la paz, la justicia y las instituciones sólidas.
Como parte de la presentación de resultados, Costa Rica Íntegra mostró un estudio que desarrollaró con los planes de gobierno de los partidos políticos participantes en el reciente proceso electoral desarrollado el 4 de febrero.
En el estudio se destaca que “en muchas ocasiones la palabra corrupción es mencionada solamente a nivel de discurso político, para referirse a la misma como un mal que combatir o erradicar, pero no necesariamente se acompaña de propuestas concretas para atacarla. Dicho de otro modo, aparece con mayor frecuencia a nivel de diagnóstico que a nivel de propuestas de política pública”.
A nivel de hallazgos específicos, se encontró, entre los planes de gobierno de todos los partidos, 100 propuestas relacionadas con corrupción: 52 de carácter preventivo, 13 de detección, 14 de investigación y 21 de sanción.
