La Contraloría Universitaria desestimó un conjunto de denuncias anónimas e indicó que no encontró irregularidades en lo actuado por la exdirectora de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR (ODI), Andrea Alvarado Vargas.
El informe OCU-R-135-I-2021 con fecha del 28 de junio de 2021 dispone la desestimación de la denuncia y el cierre de la investigación por parte de la Contraloría Universitaria, según el documento firmado por el auditor Fernando Martínez y el encargado de la Sección de Estudios Especiales, Warner Cascante.
En agosto de 2020 circuló un mensaje anónimo en el cual se cuestionaba la relación entre la exdirectora de la ODI y la empresa Voyager, contratada por Alvarado para el manejo de las redes sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante su gestión.
Sin embargo, la Contraloría Universitaria indicó en su informe que no encontró ninguna anomalía en la relación de Alvarado con la empresa, ni la forma en que fue contratada o los contratos que previamente tuvieron con la UCR Juan Diego Arguedas y Elizabeth Quirós, quienes forman parte de la empresa, pero en este caso sus contratos fueron de carácter personal y sin irregularidades detectadas.
La Contraloría Universitaria tampoco encontró la existencia de un supuesto sobreprecio en la contratación de un software llamado Minerva, pues la revisión realizada “(…) sí permite determinar que el precio actualmente cobrado por la empresa que comercializa dicho software es razonable si se compara con el precio de otras licencias de software que ofrecen prestaciones similares, a precios mayores”.
El informe también señala que no había impedimento alguno para que Gema Arrieta fuese contratada mediante un proyecto de la Fundación UCR y, posteriormente, trabajara para la empresa Voyager de forma privada.
Tampoco encontró la entidad universitaria ninguna relación entre las contrataciones con Voyager y el proyecto Doble Check, que posteriormente fue asumido por las Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
“(…) solicitamos su autorización para dar por terminadas nuestras labores de investigación, desestimar la denuncia y disponer el cierre del código 3-3-2-15-2020”, concluye el informe de la Contraloría.
Reproche a la UCR
La exdirectora de la ODI-UCR, Andrea Alvarado, reprochó la forma en que se le dio difusión a las denuncias anónimas en su contra mediante un correo institucional en agosto de 2020, dirigido a más de 10.000 personas; cuando se anunció que la Contraloría iniciaría una investigación.
“No se hizo siquiera una indagación previa, ni se comunicaron conmigo por ninguna vía, me enteré de que se me envió a hacer una investigación en la Oficina de Contraloría Universitaria/ OCU por una la lista de correos que la Rectoría envió a casi 10 mil personas”, comentó Alvarado.
La exfuncionaria lamentó que se tuvieran que destinar muchos recursos públicos y un año de investigaciones para desestimar lo dicho en un anónimo.
“Y es doblemente irresponsable y contrario al espíritu y los valores humanistas de la UCR, actuar sin considerar la afectación que se causa en la vida de las personas y sus familias, pues mi esposo también fue calumniado en ese anónimo. No es, ni puede ser una práctica aceptable que el máximo jerarca de una institución le dé publicidad a cualquier vil anónimo que se circule y sin pruebas de lo que se afirma”, agregó Alvarado.
La exdirectora recordó que además de esta investigación se realizó una auditoría interna sobre su trabajo en la ODI, sin que se determinara ninguna irregularidad, pero la UCR no hizo ninguna divulgación de esos resultados, como lo hizo del anónimo.
“Pues ahora, un año después y ya teniendo esta resolución de la OCU, parece que nadie se hará responsable del daño causado a mi honor, a mi imagen y a la de mi familia, siquiera para ofrecer una disculpa”, concluyó.
