Tras el fallido plan a inicios de año por parte del Gobierno de incorporar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, ahora un proyecto de ley, impulsado por la Contraloría General de la República (CGR), busca incluirlas de nuevo en ese esquema de administración de fondos.
La iniciativa de ley Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado (22.661), presentada por diputaciones de distintas fracciones, pretende que todas las entidades públicas que administren ingresos públicos tengan la obligación de utilizar “una plataforma interoperable” para resguardar los fondos, la cual sería a su vez gestionada por la Tesorería Nacional en coordinación con el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El texto propone que se derogue el artículo 66 de la Ley de la Administración Financiera (No. 8131), donde se señala que “los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino”, como es el caso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), deben ser depositados por la Tesorería Nacional en cuentas abiertas para este fin.
UNIVERSIDAD contactó al presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Francisco González, no obstante, expresó que se encuentran a la espera de un informe jurídico sobre esta propuesta, por lo cual, de momento, prefiere reservar su criterio.
Cuchillo de doble filo
El economista Luis Paulino Vargas explica que este proyecto “es un ahorro para el Gobierno Central que implica una reducción de ingresos para las instituciones públicas”.
Esto sucede ya que actualmente algunas entidades públicas invierten sus superávits en bonos de deuda pública que les generan intereses, lo cual dejaría de suceder ante su eventual aprobación.
Así, el Gobierno se ahorraría el pago de estos intereses, mientras que las instituciones públicas dejarían de percibirlos.
“De alguna manera lo que se podría estar haciendo es trasladando plata de un bolsillo al otro, se estaría trasladando plata de instituciones públicas que contaban con esos ingresos provenientes de intereses de bonos de la deuda pública y se trasladan al otro bolsillo en forma de un ahorro del pago de esos intereses por parte del Gobierno Central”, comenta Vargas, también catedrático universitario de la Uned.
“Hay una tendencia muy fuerte que viene hace varios años, una ideología centralizadora muy autoritaria; crear superburocracia, con poderes, sobre todo el sector público”, Luis Paulino Vargas, economista y catedrático universitario.
El economista explica que, al incorporarse todos los fondos a la Caja Única del Estado, el Ministerio de Hacienda podría disponer de ese dinero para “poder cubrir las necesidades que tenga”, lo cual podría generar problemas de liquidez.
“En un determinado momento podría haber una escasez de liquidez porque no calzó lo que el Ministerio de Hacienda agarró de ahí para cubrir gastos, con lo que estaban necesitando las otras instituciones”.
Ante unas consultas enviadas por este semanario a la CGR, relacionadas a este tema, el ente contralor respondió que “la Tesorería Nacional cumpliría únicamente funciones de administrador del Sistema de Cuentas del Sector Público, razón por la cual no tendría potestad de direccionamiento sobre el uso de saldos”.
Añadió que tendría “el deber de garantizar a las instituciones que tengan titularidad, la disponibilidad de los recursos para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos”.
No obstante, para Vargas el hecho de que en algún momento se dé algún descalce de dinero es una posibilidad latente.
“En el proyecto de ley se habla mucho de eso […] ¿por qué se habla de eso? Porque saben que puede existir ese riesgo. Los fondos están acreditados a nombre de cada institución, pero eso no significa que necesariamente estén ahí porque podría ser que el Gobierno los agarró y cuando llegaron a gastarlos, pues no están”.
Además de la posibilidad de descalces, la aprobación de la iniciativa podría traer problemas en la planificación presupuestaria y de ejecución de los proyectos de cada entidad, como resultado de la pérdida de ganancias en intereses.
“Es muy jodido porque efectivamente impone una restricción muy severa que limita las posibilidades de planificación de las instituciones. Todo está como muy inspirado por una ideología de mucha desconfianza en las instituciones públicas”, asegura el economista.
Tendencia de centralización
Para Vargas, este proyecto “parte de una tónica general que uno nota” en las autoridades nacionales: “Es la tendencia a la centralización, quieren centralizar y centralizar”.
“Ya en la Ley 9635 está muy clara esa idea de dar más poder al Ministerio de Hacienda, mayor poder de control sobre las instituciones públicas. Es la misma idea del proyecto de Empleo Público, una centralización brutal en el Ministerio de Planificación (Mideplan) y nuevamente acá aparece esa idea centralizadora de un control rígido, de una entidad centralizada desde una burocracia a la que se concede un gran poder, una gran injerencia en los asuntos de todo el sector público”, manifiesta el experto.
Además, el docente universitario afirma que es posible que este proyecto se vincule a los superávits que genera la aplicación de la regla fiscal.
“Sería una forma adicional de aplicar tijera en los gastos públicos, hacer que los superávits que están surgiendo a causa de la regla fiscal tengan que colocarse ahí y queden a disposición del Gobierno y no puedan ser invertidos en bonos de deuda pública que generen intereses a las instituciones”, agrega.
Peligro adicional
Si bien Vargas reconoce que el proyecto de ley podría generar algunos beneficios para las finanzas públicas, como la reducción del crecimiento de la deuda pública o ahorro en los costos de transacciones bancarias, también comenta que “esa centralización tiene una serie de implicaciones que no están claras”.
Además de las posibles consecuencias explicadas anteriormente, podría correrse el riesgo de que se generen presiones a las instituciones públicas por parte del Ministerio de Hacienda:
“Tal vez se van a cuidar de hacer las presiones de una manera abierta, pero si se quiere presionar a una institución, se podría generar adrede —pensando como abogado del diablo— una falta de liquidez que ponga a la institución pública en problemas y de esa manera presionarla en un sentido u otro. Esto podría también aplicársele eventualmente a las universidades y al Poder Judicial”, señala el profesor universitario.
Vargas manifiesta que esta circunstancia se daría en un escenario “muy violento”, no obstante, recuerda que el proyecto podría abrir la puerta a este tipo de situaciones:
“Habría que ser muy desgraciado, muy malévolo para hacer cosas de ese tipo; pero no podemos descartar que efectivamente podría darse, que es factible. Entonces si llega alguien al Gobierno, alguien con el suficiente cinismo y descaro para llegar a eso, podría hacerlo, genera la posibilidad de que se haga”, sentencia el economista.
