Cerca de 400 personas representantes de comunidades urbanas, rurales e indígenas, estudiantes universitarios y funcionarios de varios programas institucionales se manifestaron el pasado jueves 30 de enero en la Universidad de Costa Rica, “en defensa de la Acción Social y de las universidades públicas”, que consideran se encuentran bajo amenaza.
Desde las 9 a.m. y hasta pasado el mediodía, los manifestantes recorrieron el campus portando carteles y cantando consignas alusivas a la importancia de la existencia de las “universidades para las comunidades”.
Semanas atrás, siete programas de Acción Social denunciaron reducción de cargas docentes, estrangulamiento administrativo y exceso de trámites. Afirmaron también que se les está exigiendo trasladarse a unidades académicas y que esto representa un obstáculo para la transdisciplinariedad que los caracteriza, además de que a la fecha no hay ningún documento formal que establezca que los programas deben pertenecer a una unidad académica, sino que se les está aplicando lo que establece el Reglamento de Programas, que está en discusión en el Consejo Universitario.
Los programas que firmaron la denuncia son Programa Centros Infantiles Universitarios (CIUS), Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM), Programa de Educación Abierta (PEA), Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena), Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria (Kioscos), Programa de Economía Social Solidaria (Proess) y el Programa Institucional Osa Golfo Dulce (PiOsa).
La vicerrectora de Acción Social, Yamileth Angulo, se pronunció el 15 de enero en una misiva pública afirmando que ningún programa se ha cerrado o pretende cerrarlo y que en el 2019 “la VAS le solicitó a las coordinaciones de programas de Acción Social que debían inscribir sus proyectos en unidades académicas afines a los temas que desarrollan. Al estar inscritos en las unidades académicas, los proyectos de Acción Social deben ser aprobados por un ente académico. Asimismo, estarán sujetos a la valoración de sus resultados. Todo ello permite orientar y fortalecer su labor, su calidad e impacto social”.
La jerarca dijo a UNIVERSIDAD que “no debería siquiera insinuarse que yo o esta administración pretenda debilitar la acción social solo porque se les pide a los programas que cumplan con requisitos de aprobación que sí cumplen todos los proyectos de Acción Social. Al ser fondos públicos, siempre vamos a pretender que los procesos aseguren la calidad de los proyectos y la pertinencia de los mismos, así como sus avances anuales. ¿Por qué el pedirle a los programas que coordinen sus proyectos con las unidades académicas, que son los expertos en cada tema, les afectaría? Más bien se busca fortalecerlos”.
Kioscos Socioambientales alega revanchismo
Los más vocales en la disputa han sido docentes, estudiantes y comunidades beneficiarias de Kioscos Socio-ambientales para la Organización Comunitaria, que afirman estar bajo ataque por su beligerancia y constante postura crítica con respecto tanto a las autoridades universitarias como al Gobierno.
Mauricio Álvarez, coordinador de Kioscos, explicó que días antes del cierre institucional 2019 la vicerrectora de Acción Social, Yamileth Angulo, les comunicó que los nombramientos de los docentes estarían condicionados a la inscripción de proyectos en unidades académicas. Este proceso, afirmó, siempre se realizó sin problema y sin interrumpir los nombramientos durante el trámite, pero en esta ocasión no se nombrarían hasta estar inscrito cada proyecto.
El docente añadió que, tras realizar las inscripciones, se asignó sólo un cuarto de tiempo por proyecto, de modo que el programa perdió en total tres cuartos de tiempo docente y que no se les avisó con tiempo para tramitar más o ampliarlos, para garantizar la estabilidad de los docentes, algunos de los cuales, asegura, no están recibiendo salario o reciben solamente una fracción.
Álvarez detalló que desde finales de año, acompañados por el Sindeu, los funcionarios del proyecto solicitaron una reunión al rector Henning Jensen, como superior de la vicerrectora Yamileth Angulo –con quien se encuentran en conflicto– para atender estos problemas. No obstante, en días recientes, el rector designó para atenderles a la misma Angulo, quien les recibió el viernes 31 de enero. Según el docente, la jerarca les dijo en el encuentro que las condiciones no se modificarían y que “podían seguir protestando, pues es su derecho”.
Sobre este tema, la vicerrectora indicó que el único proyecto al que se le otorgó un cuarto de tiempo menos fue a Kioscos, “debido a que uno de sus funcionarios tenía el año pasado dos cuartos de tiempo para el apoyo a dos proyectos, pero este año solo tiene un proyecto inscrito, por lo que de momento solo se le nombró por ese cuarto de tiempo correspondiente a un solo proyecto”.
Sobre la manifestación del jueves, Angulo opinó que “todas las personas tienen derecho a manifestarse, y eso es respetable, pero considero que en este caso no cuentan con toda la información al respecto, sino con una versión sesgada y malinterpretada de lo que se está haciendo desde la VAS (Vicerrectoría de Acción Social). Valoramos mucho el trabajo de todos estos docentes y la importancia de estos programas y proyectos para las comunidades y para la Universidad de Costa Rica. Insisto en que no se está pensando en cerrar ninguno de ellos, sino más bien apoyarlos en las unidades académicas donde se están inscribiendo, proceso que ya está prácticamente listo”.
La voz de las comunidades
En la manifestación del pasado jueves, diversos sectores, incluidas las comunidades en las que el programa Kioscos Socioambientales ha trabajado, se hicieron presentes en el campus universitario.
Wilber Gómez, de Paraíso de Sixaola, comentó que el programa llegó a su comunidad durante una disputa de tierras con el IDA (hoy INDER). “Kioscos y la acción social de la Universidad en general es muy importante porque brinda oportunidades y fortalece la organización local para la lucha por los derechos”, manifestó.
“Por eso vine yo, para protestar en contra de estos recortes que van a afectar la labor social. Mi comunidad luchó cinco años con este problema y la Universidad nos apoyó, fue un facilitador en el proceso”, opinó Gómez.
Por su parte, Verónica Sheehan, de Guacimal, comentó que el programa apoyó a su pueblo en la lucha por la defensa del río. Según Sheehan, el programa facilitó el proceso de articulación local y con otras comunidades.
“A mí me preocupa que no se está tomando en cuenta a las comunidades, cuando se toman estas decisiones no se toman en cuenta la voluntad y las necesidades de las comunidades”.
Leonardo Buitrago, de Talamanca, mencionó que esta es una lucha no sólo por la defensa de Kioscos u otro programa institucional, sino una pelea contra el desmantelamiento de la acción social y la universidad pública.
“Tenemos que defender estos proyectos que llegan donde otros no, donde no hay oportunidades, a organizar y a enseñar, a dar oportunidades, que es la tarea de la Universidad”, agregó.
