“La crisis sobrepasó la capacidad y entendimiento de la rectoría, se deslegitimó a sí misma y hoy en día se ahoga en evasivas y reproches ayunos de argumentos”. Con esas palabras, el representante de los colegios profesionales ante el Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR), William Méndez Garita, pidió públicamente la renuncia del rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, a través de una carta abierta publicada el martes 6 de mayo en horas de la mañana. Ese mismo día se realizó la “N°6895” en la que el ambiente de crispación fue creciendo entre los distintos integrantes del CU y desembocó en un descargo de Araya señalando que no va a renunciar.
Méndez, politólogo y periodista, sostiene que la actual administración ha perdido legitimidad ante la comunidad universitaria y la sociedad costarricense. En su criterio, la conducción de Araya ha provocado un clima de desconfianza interna, afectando el papel público de la UCR y poniendo en riesgo la credibilidad de la institución como interlocutora en temas del país.
“La situación que atraviesa la Universidad de Costa Rica no tiene como única variable los problemas legales de índole punitivo penal”, advierte Méndez en su misiva. Esto en clara respuesta a las evasivas del rector ante las distintas solicitudes de renuncia o inhibición de sus funciones, ejemplo de estas el comunicado enviado el lunes 5 de mayo por parte de la Oficina de Comunicación Institucional (OCI) en el que Araya indica “No existe ningún señalamiento formal en mi contra por hechos irregulares. Algunas personas han interpuesto denuncias sobre decisiones pasadas que ya fueron oportunamente aclaradas en varias ocasiones, pero que han dado pie a indagatorias preliminares”, mismo argumento que esgrimió en la sesión del CU. A juicio de Méndez, lo que está en juego es mucho más profundo: la capacidad de la institución para sostener su autoridad moral, su prestigio académico y su rol en la vida pública del país.
La discusión en el órgano colegiado tuvo un primer momento de la mano del propio Méndez, que indicó no aceptar los señalamientos por parte de Rectoría de que la resolución de “R75-2025” respondía a una solicitud del CU. Este mismo comunicado de Rectoría respondía a la solicitud de informes técnicos que sustentaran la resolución con un listado de análisis que realizó la rectoría, comparando el salario de direcciones administrativas con las de otras unidades dentro de la universidad. Sin embargo, Ilka Treminio, representante del área de Ciencias Sociales, señaló que esto aún no responde a la solicitud de entregar los informes técnicos que sustentaron la resolución.
La resolución “R75-2025” fue una polémica decisión de Carlos Araya a semanas de haber iniciado su periodo como rector. En esta se aumentaban los salarios de 22 jefaturas y direcciones nombradas por el propio Araya. La información trascendió rápidamente a medios nacionales y se instaló en la agenda de la comunidad universitaria. Tal fue el nivel de rechazo que tuvo la resolución que el propio Araya la derogó pocos días después y sin haberse publicado en la Gaceta Universitaria. Sin embargo, Araya insiste en que es necesario hacer el aumento de salarios para atraer a docentes a realizar funciones administrativas por lo que generó otra resolución con objetivos similares que, sin embargo, entrará a regir en enero 2029, una vez finalizado los 4 años de la administración de Araya.
Ante la crítica de Méndez, Carlos Araya, que había llegado tarde y se había perdido una primera discusión respectiva a la toma del edificio de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y en la que se había reclamado el cierre “con candados” del edificio administrativo B, donde se encuentra Rectoría y el Consejo Universitario, visiblemente molesto, respondió señalando a los medios por insistir en un tema que “nunca se publicó en la Gaceta Universitaria” y señaló que Méndez estuvo de acuerdo con la resolución “R75-2025” cuando se expuso por primera vez al Consejo Universitario, llegando a amenazar con divulgar la grabación donde Méndez está de acuerdo con la resolución. El propio Méndez respondió: “A diferencia suya, yo sí sé reconocer que me equivoqué, en ese momento me equivoqué”
Araya repitió en distintas ocasiones que la resolución “R75-2025” se instrumentalizó en su contra y arremetió contra los medios de comunicación. “Cuando hablo de instrumentalización me refiero a que meses después medios de comunicación, que muy rápido les llega la información de este Consejo Universitario, siguen refiriéndose al tema.”
Fue aquí donde la representante de Sedes Regionales, Esperanza Tasies, señaló que no eran de recibo ese tipo de afirmaciones y lo retó a presentar pruebas de las supuestas filtraciones a medios que sugirió Araya. A su vez, se unió al clamor de los daños que ha recibido la UCR debido a que las acciones de Araya van más allá de los evitados daños patrimoniales al derogar la “R75”. “Le puedo decir que los daños no solamente pueden ser patrimoniales, sino a la imagen de la universidad.” señaló.
A esta voz se unió la de Ilka Treminio, que señaló la actitud de Araya como antidemocrática al atacar a los medios. “No es de recibo que en la semana que hemos conmemorado la libertad de prensa estemos condenando que haya información pública, que se deriva de la universidad, de las sesiones de plenario (…). Lo que se está haciendo no es necesariamente filtrar documentación, es responder lo que los medios nos preguntan.” Y señaló que seguirá respondiendo las consultas de la prensa, independientemente de posibles persecuciones desde la administración.
Hacia el final de la sesión, durante el espacio de informe de Rectoría, Araya se dedicó a responder las críticas en su contra. Con la línea que ha mantenido en lo respectivo al Régimen Académico, señaló que la rectoría simplemente acató una orden del CU que se tomó en el periodo anterior. Y a pesar de que sí indicó que él fue parte del equipo que propuso el nuevo Régimen Académico al CU, justificó la contradicción con la Ley de Empleo Público basado en la autonomía universitaria y tildando de enemigos de la universidad a aquellos que exigen apegarse a la ley.
“Es cierto que ha habido personas que han pedido públicamente que me separe o que renuncie a la Rectoría.” Inició su descargo Araya y lanzó el cuestionamiento de “¿Cuáles son los motivos?”. “Cuando personas piden públicamente mi renuncia, yo me pregunto ¿Dónde quedó el debido proceso? ¿Dónde quedó el derecho a la inocencia hasta que se demuestre lo contrario?”, y cerró señalando que esos cuestionamientos perjudican a Carlos Araya, pero sobre todo a la institución.
