El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica reprochó esta semana haber eliminado las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO) sin que se haya establecido un mecanismo alternativo de evaluación en el sistema educativo.
De acuerdo con un pronunciamiento del Consejo publicado el pasado 14 de junio, esta decisión “conlleva una visión reducida de la importancia de contar y fortalecer un proceso de mejora continua, al tiempo que se omiten las acciones para una gestión de la calidad del sistema educativo nacional”.
Las pruebas FARO pretendían medir el dominio de habilidades. Estas fueron realizadas por primera vez en el país el año anterior, para así sustituir las de Bachillerato que fueron aplicadas en el país durante más de 30 años y que apelaban más a la memorización de contenidos.
El pasado jueves 9 de junio, el Consejo Superior de Educación acordó suspender la aplicación de las pruebas FARO para este 2022.
El Consejo destacó también que un sistema educativo sin evaluación impide dinámicas de mejoramiento constante. Además, sin información científicamente válida sobre el funcionamiento del sistema escolar, los programas de innovación o reformas pueden quedarse en el voluntarismo o someterse a iniciativas alejadas de las necesidades reales del sistema escolar, del alumnado, del personal docente y de la sociedad en general.
La Facultad de Educación de la UCR, afirmó a principios del mes de junio que “las pruebas estandarizadas deben ser herramientas que permitan medir y valorar el logro educativo, instrumentos diseñados por un equipo de profesionales con una gran experticia en el campo de la evaluación educativa, sometidos a estrictos procedimientos de confiabilidad y compartidos por la comunidad científica educativa a nivel nacional e internacional”.
Según el último informe del Estado de la Educación, el sistema educativo costarricense atraviesa un apagón educativo. Ante esta situación, el Consejo Universitario le reiteró al Poder Ejecutivo la disposición de la UCR de aportar sus capacidades para apoyar al Ministerio de Educación Pública (MEP) en procura de definir estrategias que promuevan la medición y mejora continua del sistema educativo.
