El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó no aprobar el proyecto de ley de flexibilización de jornadas laborales (N. ° 21.182), conocido como 4-3; el cual pretende añadir una jornada ampliada de 12 horas laborales durante 4 días, para así contar con 3 días libres, lo cual desde ya anuncia una batalla en la Asamblea Legislativa.
La recomendación fue decidida de manera unánime el pasado 19 de mayo, dado que la iniciativa podría traer “efectos negativos” en las personas trabajadoras, de manera que generaría mayores riesgos de trabajo y deterioro de la salud de las personas trabajadoras, según explicó este órgano en una comunicación oficial.
Germán Vidaurre Fallas, director del CU, expresó que el Consejo tomó en consideración los criterios expertos de unidades académicas y administrativas de la Universidad para llevar a cabo la recomendación, los cuales concluyeron con la misma posición de rechazo a la aprobación del proyecto legislativo.
“Hay errores de forma en la ley, pero en el fondo no es conveniente o va en retroceso de muchos de los logros de las luchas por los derechos humanos y derechos laborales”, expresó Germán Vidaurre, director del Consejo Universitario.
Dichos criterios profesionales señalaron que con esa reforma se limitarían las posibilidades de acceso a la educación de los trabajadores, así como también “incrementaría las inequidades de género existentes asociadas con el cuido de niños y niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad.”
“Hay errores de forma en la ley, pero en el fondo no es conveniente o va en retroceso de muchos de los logros de las luchas por los derechos humanos y derechos laborales”, indicó el director del Consejo.
Bajo esa misma línea, la UCR añadió que “algunas de las disposiciones, aunque flexibilizadoras, son regresivas, contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos y laborales suscritos por el país”.
Para la casa de enseñanza superior estatal la jornada laboral de ocho horas diarias es un resultado de las luchas sindicales de reivindicación de los derechos de las personas trabajadoras, de manera que “establece un estándar mínimo para la protección de las condiciones de trabajo”.
Según establece el texto de la propuesta de ley, “se podrá utilizar una jornada ordinaria ampliada de hasta doce horas por día hasta un máximo de cuatro días y contando con tres días continuos libres como mínimo. El patrono y el trabajador acordarán cuál de esos días será el de descanso entre los tres días libres continuos”.
Sin embargo, la Universidad señaló que no existe un mecanismo que garantice la voluntariedad de la aplicación de las jornadas, ya que se favorece la potestad del empleador de modificar las condiciones de trabajo; de manera que, si no son aceptadas, el empleador podría proceder al despido de la persona trabajadora.
“Este cambio se justifica a partir de la necesidad de lograr una mayor competitividad en el sector empresarial y se traduce en una disminución de los costos laborales, es decir, está más pensado en el trabajo que en quién lo realiza”, sentenció la UCR.
En su argumentación el Consejo Universitario mostró la contradicción que implica la aprobación de este proyecto, que, por un lado, ampliará las funciones y obligaciones de la Dirección Nacional de Inspección General del Trabajo para corroborar el cumplimiento el cumplimiento de los días libres, de la jornada de 12 horas o de que la decisión sea realmente voluntaria y, por otro, no contempla el fortalecimiento de los recursos y materiales que serían necesarios para dichos cambios.
IMAS con imposibilidad de aumentar cobertura
Diputados de varias bancadas han expresado que para atender una jornada de este tipo se requeriría de un fortalecimiento de la Red de Cuido.
Sin embargo, UNIVERSIDAD reveló con base en datos de 2020 de esa misma Red de Cuido que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) atiende únicamente a 436 niños y niñas en horario nocturno. Por esto, en cuanto a la ampliación de las jornadas laborales, el expresidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, advirtió sobre la imposibilidad de aumentar la cobertura de cuido.
En el oficio IMAS-PE-0884-2020, dirigido a la exdiputada Paola Vega durante la modificación del proyecto de ley en el 2020, Bermúdez, quien también fungía como ministro de Desarrollo Humano, señaló que “al no establecer una clara corresponsabilidad del sector empleador en la provisión de los servicios, ni una fuente de financiamiento para incrementar la cobertura, es inviable dar respuesta a una demanda creciente (e indeterminada) […] Por cuanto no existen condiciones financieras que permitan sufragar un eventual incremento de la oferta de los servicios en la modalidad nocturna derivado de la aprobación del mencionado proyecto de ley”, culminó el exdirector Bermúdez.
Por otra parte, de acuerdo con los informes del IMAS y datos del subsidio de Cuido del Desarrollo Infantil, el Instituto tuvo su pico de atención en 2019, cuando atendió a 30.590 personas menores de edad con una inversión pública de ₡34.446 millones.
Sin embargo, la atención presentó un decrecimiento durante los siguientes dos años de pandemia. Para 2021, el IMAS atendió a 26.004 menores de edad; correspondiendo a 4.586 niños y niñas menos que recibieron el servicio del Instituto en comparación al 2019.
Durante la reunión de jefaturas de fracción del 26 de mayo, los diputados acordaron que se definirá el trámite del proyecto esta semana. Legisladoras como Pilar Cisneros del oficialista Partido Progreso Social Democrático y Kattia Rivera de la bancada liberacionista, dijeron que es un tema al que “no le podemos dar muchas largas…pongamos fechas”, declaró esta última.
La moción legislativa en cuestión reformaría los artículos 186, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, la cual fue presentada por la fracción liberacionista en 2018 y convocada para trabajo inmediato el pasado 9 de mayo por el presidente de la República Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia Natalia Díaz.
Actualmente, el proyecto se encuentra en estudio de la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por lo que se encuentra en trámite de mociones, y ya tiene más de 300 mociones.
