El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica informó su acuerdo de recomendar a la Asamblea Legislativa retirar de la corriente legislativa y archiva el proyecto de “Ley de reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones”.
Las autoridades consideran que el proyecto debe rechazarse por las “graves consecuencias que implicaría su aplicación a la población universitaria y nacional, principalmente en las personas adultas mayores, quienes merecen una condición de vida digna”.
El acuerdo, que se tomó en la sesión del pasado 29 de octubre y se comunicó el 5 de noviembre, responde a una solicitud de la Asamblea Legislativa, que solicitó criterio a la UCR sobre la mencionada iniciativa.
Como parte de los considerandos el Consejo informa que legislación recientemente aprobada ha afectado ya a las personas jubiladas del Magisterio. Por ejemplo, mencionan, la “Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria”impactó dramáticamente a 3181 personas de las cuales el 46% son mujeres y el 68,08 % tiene entre 65 y 105 años.
Esta afectación, asegura el Consejo, se dio incluso sobre las pensiones de quienes reciben montos tan bajos como ¢20 000 o ¢30 000 colones al mes, de modo que “no pueden sufragar ni sus gastos mínimos de alimentación”.
Además, argumentan, el Proyecto N.° 21.345 “no contempla la situación en la que podría quedar una persona adulta mayor si, por algún motivo, se le quitara la pensión. En caso de que sucediera, ¿qué ocurriría con esta persona que ya no tendría los medios para trabajar por cuenta propia?”.
El órgano colegiado agrega que las pensiones del Magisterio Nacional ya han sido gravadas, pues desde el año 1995 se definió un impuesto de entre el 10% y el 16% sobre el ingreso bruto y “a las pensiones mayores de cuatro millones de colones se les impone, por tractos, el pago de tasas que oscilan entre el 25% y el 75%, según la suma que supere esa base impositiva”, además de las deducciones ordinarias.
Las autoridades afirman que la nueva iniciativa además establece un tope que corresponde exactamente con la base inicial impositiva para el pago de tributos fijados por legislación previa, de modo que “no tendría población alguna a la cual aplicar la contribución establecida”.
Con el nuevo proyecto, concluyen, “las pensiones de montos más altos no se ven perjudicadas, más bien beneficiadas, razón por la cual tanto la ley antes citada como este proyecto son regresivos”.
