El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó una moción que pretendía inhibir al rector, Carlos Araya Leandro, a abstenerse de conocer o emitir criterios sobre temas vinculados con el informe OCU-167-2025. El documento señala posibles irregularidades en la construcción y funcionamiento de cuatro edificios desarrollados por la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI).
La moción surge en el contexto de una aparente denuncia presentada por un estudiante de la UCR ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) contra el rector Araya, por presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura ejecutados durante su gestión como vicerrector de Administración (desde 2012) y rector en transición (2020), según publicó el diario La Nación.
La propuesta fue presentada el pasado 1 de abril, durante la sesión N.° 6888, por Ilka Treminio, representante del área de Ciencias Sociales. Votaron a favor de la moción: Treminio; Esperanza Tasies, representante de Sedes Regionales; William Méndez, de los Colegios Profesionales Universitarios; Keilor Rojas, de Ciencias Básicas, y las dos representaciones estudiantiles, Isela Chacón y Fernán Orlich.
En contra votaron el rector Araya; Patricia Fumero, representante de Artes y Letras; Jaime Caravaca, de Salud; Hugo Amores, del sector administrativo; Sergio Salazar, de Ciencias Agroalimentarias, y Eduardo Calderón, de Ingeniería.
El empate a seis votos otorgó a Fumero, directora del órgano colegiado, emitir el voto de calidad (voto doble), rechazando por completo la moción. “Si yo voté en contra, tengo que ser consecuente”, señaló.
Fundamentos de la moción
Treminio expuso ante los miembros del Consejo que su propuesta se fundamentó en el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece que los funcionarios públicos deben abstenerse de participar en asuntos en los que tengan un interés directo, de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidad administrativa civil o penal.
El 31 de marzo, mediante la resolución R-145-2025, Araya ordenó la intervención de la OEPI y comunicó que, “en aras de la transparencia” y ante la denuncia interpuesta en la PEP, la Rectoría se abstendrá de conocer cualquier asunto relacionado con esa oficina. Asimismo, delegó la supervisión de la OEPI a la Vicerrectoría de Administración, función que hasta entonces correspondía a la Rectoría.
No obstante, Treminio indicó que, según la jurisprudencia de la Procuraduría General de la República, los integrantes de órganos colegiados, aunque no pueden recusarse entre sí, tienen la obligación de advertir sobre “el deber de abstención”. Por ello, explicó que su intervención buscaba dejar constancia formal de esa advertencia en el plenario.
“El señor rector no puede seguir actuando en un asunto del que es parte. El reglamento del Consejo lo obliga a inhibirse, incluso esto se encuentra dentro de los ejemplos de conducta que se pueden denunciar ante la PEP por la ley 8.242. Por lo que, para el Consejo debería ser una alerta que, en apariencia, un miembro de la comunidad estudiantil sea quien haya actuado en esa dirección, antes que el propio Consejo”, subrayó Treminio.
Dudas sobre la moción
Ante la discusión, Araya recordó que el quinto punto de la resolución R-145-2025 establece que la Rectoría se abstendrá de intervenir en cualquier asunto relacionado con la OEPI. Por esa razón, designó como superior jerárquica de dicha oficina a la vicerrectora de Administración, Rosa Julia Cerdas González.
La presidenta del Consejo consultó al asesor legal del órgano, José Pablo Cascante Suárez, si era necesario conocer la moción de Treminio, considerando que el rector ya había manifestado su abstención mediante una resolución oficial. Cascante aclaró que se trataba de una decisión política.
“Adoptar un acuerdo que pueda parecer redundante responde a un análisis político, del cual no participo. Es el órgano quien debe manifestar su voluntad votando afirmativa o negativamente”, manifestó el asesor legal.
Treminio insistió en mantener la moción, argumentando que es lo más prudente desde el punto de vista político y legal. “No retiro la moción. No la considero que está siendo abordada con la acción que está tomando el señor rector y creo que la moción protege al rector de parte del consejo universitario y no lo contrario”, afirmó.
“Si en el plenario no se señala esto, nosotros tenemos implicaciones legales por incumplimiento, precisamente de la normativa. Yo lo que estoy haciendo es cumplir con mi obligación como funcionaria pública porque de lo contrario nos corresponderá responder porque no estamos haciendo la aplicación”, expresó Treminio.
Araya cuestionó la necesidad del acuerdo: “¿Qué sentido tiene que votemos algo que ya lo dice la resolución de ayer (R-145-202)? Más allá del titular en los medios de comunicación más tarde, ¿qué pretendemos?”, manifestó.
Finalmente, Keilor Jiménez llamó a la calma al considerar que el tema estaba generando “una tormenta en un vaso de agua”. No obstante, reconoció que, aunque la moción pudiera ser repetitiva, “lo que abunda no daña”.
