Los retrasos y las confusiones en el pago de las becas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) han provocado que estudiantes que cursan su posgrado tanto en el país como en el extranjero, se encuentren en busca de préstamos y ayudas bancarias para solventar sus deudas actuales.
Es por esto que un grupo de 24 becados de maestría y doctorado de la Universidad de Costa Rica (UCR) que financiarían sus estudios por medio del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) se organizaron para poner una denuncia en conjunto ante la Defensoría de los Habitantes que se les sumaría a las tres que ya fueron interpuestas por estudiantes de posgrado en el extranjero.
“No son solo los dieciséis meses de atraso, hay gente que ya se está graduando, pero además de eso hay gente a la que le quieren cambiar los contratos por problemas que están teniendo con la Contraloría General de la República”, aseguró Edgardo Moreno, profesor de posgrados en la UCR.
Los cambios en los contratos han generado buena parte de las confusiones que tienen más de 300 beneficiarios de una beca del Micitt; sin embargo, no el único problema.
En un principio, si un estudiante quería recibir entre $600 a $900 mensuales de manutención incluidos en las becas del PINN, debía dejar de trabajar. El problema es que ese dinero nunca llegó y muchos estudiantes debieron utilizar el préstamo como único recurso para sobrevivir, llevando consigo la carga de las tasas de interés.
“El contrato, por ejemplo, dice que los estudiantes que tienen beca nacional no pueden llevar cursos en el extranjero, y eso es mentira. Porque dentro de los requisitos que se les están poniendo aquí es que hagan pasantías en el extranjero; eso les exige el programa de estudios de la UCR”, explicó Moreno.
Sin embargo, Giselle Tamayo, miembro del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) y profesora de la UCR, asegura que no hay maestrías en las que la pasantía en el extranjero sea obligatoria, solo algunos doctorados cuentan con este requisito; pero que en el caso de la UCR se busca promover las pasantías con financiamiento propio de la institución.
“Ahora, las pasantías en doctorados nos preocupan porque nos parece importante que los estudiantes la realicen. La manutención también nos preocupa, porque si se piden estudiantes al 100% en un doctorado, no pueden trabajar, pero tampoco se les está desembolsando”, aclaró Tamayo.
Alejandra Araya, miembro del equipo de evaluaciones del Conicit, explicó que a partir de esta preocupación por la posición tan desventajosa en la que se encontraban los becarios nacionales, se intentó hacer una interpretación legal para flexibilizar el criterio de prohibición de las pasantías.
“Se intentó incluirlo como manutención para que el estudiante pudiera pasar unos cuatro meses en el exterior haciendo su pasantía, todo debidamente documentado; sin embargo, al llegar a la Unidad esto se eliminó”, indicó Araya.
Araya explicó que había una diferencia en el diseño del préstamo, entre becas nacionales e internacionales, incluidas en el artículo del Manual Operativo del proyecto y en el que “no están previstos como gastos elegibles, son gastos que son necesarios, como en el caso de las pasantías”.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Marcelo Jenkins, le atribuyó este retraso al éxito de las convocatorias para las becas del Micitt, el cual debió contemplarse antes de aprobar las más de 300 becas que actualmente se encuentran sin el total del dinero que les fue prometido.
“Nosotros les decíamos a los estudiantes que no podían trabajar ni podían concursar para becas, el Micitt nos condujo al error. Ahora les decimos que agarren lo que puedan. Por un lado, les ponen restricciones para trabajar y, por otro lado, no les dan la beca, los confunden y no les aclaran la situación”, criticó el profesor Edgardo Moreno.
Auditoría
Ante esta disyuntiva, la Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría sobre la información de los estados financieros del PINN, debido a la gran cantidad de fondos públicos que tiene asignado este programa, con un total de $35 millones.
En la auditoría, el PINN señala dos subcomponentes: uno para ayudarles a pequeñas empresas y un segundo para otorgar becas de posgrado.
Según el informe, al 31 de diciembre -un año y medio después del inicio del programa- aún no se habían ejecutado recursos en el subcomponente de las pequeñas empresas y en el de las becas solo se habían ejecutado $800 mil, que equivalen al 4% del total otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que son $19 millones.
La CGR le exigió al Micitt incrementar el uso de los recursos asignados por el BID para ejecutar los presupuestos y becas oportunamente, conforme a los plazos establecidos en un principio.
También le solicitó a dicho Ministerio hacer los ajustes necesarios a los sistemas financieros del Micitt, para que fuese más fácil y accesible el procesamiento de la información financiera del Programa PINN, lo que les asegura a los beneficiarios confiabilidad e integridad de dicha información y un mayor control de las operaciones y la toma de decisiones.
Esto debido a que para el momento que se realizó la auditoría no existía un sistema contable financiero para el registro de las transacciones, sino que lo estaban haciendo en una hoja de cálculo de Excel.
Ante este requerimiento, el ministro Marcelo Jenkins respondió que ya se encuentra en marcha la adaptación de una aplicación de Workflow, que permitirá a los beneficiarios consultar vía web el estatus de su aplicación y expedientes desde el momento en que se les asigna la beca. La idea es utilizar este sistema en las próximas convocatorias.
Sin embargo, se espera que dicha aplicación esté habilitada a finales de este año, pues aún se debe contratar a una empresa de software para que haga la modificación de este sistema.
Finalmente, el informe menciona que el Ministerio debe finiquitar las acciones necesarias para la recuperación ¢4.937.105, monto de las becas que fue utilizado de forma incorrecta para el pago de erogaciones por un salario que no se debió cubrir con esos fondos.
Se trata de la abogada Laura Charpantier, exfuncionaria del Micitt que trabajaba como parte del programa PINN y quien fue despedida debido a los múltiples problemas que han presentado los contratos que firmaron los beneficiarios.
Charpantier fue despedida luego de que se le pagaran los ¢4.937.105 que no le correspondían y es por esto que el Ministerio ha tratado persistentemente de ubicarla.
“Se le dejaron correos electrónicos, se le visitó en su hogar y no fue posible localizarla y entonces le hicimos un certificado de adeudo que es donde el Ministerio certifica lo que se debe, se agotó la vía administrativa”, menciona el Ministro.
Actualmente, se busca elevar el caso a través de los tribunales para hacer el cobro.
UNIVERSIDAD intentó contactar a la abogada Laura Charpantier para obtener su criterio sobre lo señalado por la Contraloría, pero al cierre de esta edición no fue posible ubicarla.
Defensoría interviene
“Hay un asunto delicado de que muchos estudiantes tienen miedo de que les quiten la beca, no han querido hacer problemas por la incertidumbre. Esa confusión causa miedo para organizarse”, con esta frase, Edgardo Moreno, profesor de la UCR, resume la razón por la que muchos estudiantes dejan sus luchas contra el desorden del Micitt, en el anonimato.
Es por esto que él decidió reunir a 24 estudiantes con becas en el área de microbiología, química y biología para organizarse.
“Organizamos a los 20, ellos llenaron un formulario y levantamos una minuta de la reunión en la que estuvo el vicerrector de Investigación y se determinó poner una demanda ante la Defensoría de los Habitantes”, dijo Moreno.
Todos los casos son diferentes: hay estudiantes que piden dinero para los cinco años que tardan en terminar todo el doctorado; otros piden solo para la pasantía en el extranjero.
Sofía Coto es una de las estudiantes afectadas, actualmente estudia en Brasil. A través de su madre interpuso una de las demandas mencionadas, y por medio de su hermana Alicia se puso en contacto con UNIVERSIDAD para hacer llegar su testimonio.
“Para muchas familias, pongo la mía de ejemplo, lo que inicialmente fue una noticia de orgullo, alegría y tranquilidad, en reconocimiento al talento y capacidad de una persona, se han convertido en una condena al sufrimiento y penurias económicas”, comentó Alicia.
Otro caso es el de Ernesto Ballestero, quien tuvo que acudir a la tutela de su supervisor de Tesis de Doctorado, Matthias Driess, quien escribió un correo en el cual pone en duda la efectividad de los administradores de la beca, que genera una mala imagen de Costa Rica en el extranjero.
El pasado jueves 14 de julio, la Defensoría de los Habitantes convocó a un encuentro con las autoridades del Micitt, con el fin de analizar la firma de contratos y desembolso de las becas a los estudiantes.
Como parte de los compromisos asumidos ante la Defensoría, el Micitt deberá atender de manera expedita la necesidad de los tres estudiantes que ya presentaron su denuncia.
El siguiente paso ahora es que la Defensoría de los Habitantes establezca una reunión entre los estudiantes de Maestría, los de Doctorado y el ministro Marcelo Jenkins, con el fin de informarles acerca de toda la situación.
“Los estudiantes están muy disgustados y la Defensoría de los Habitantes tiene que obligar al Ministro a hacer el careo con los estudiantes”, concluye el profesor Edgardo Moreno.
Algunos cambios
Después de las denuncias presentadas por los afectados en la Defensoría, y tras la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, se han hecho algunos cambios en el proyecto PINN. El principal cambio se dio en la distribución de funciones que establece el Manual Operativo (MOP).
En los proyectos anteriores, Micitt debía encargarse de emitir convocatorias, recibir documentos y la elaboración de los contratos en los proyectos, mientras que el Conicit se encargaba de las valoraciones técnicas de cada caso, en las que estudian la aplicabilidad del estudiante o empresa a la beca.
El Proyecto PINN se diferenciaba de otros porque en el MOP se estableció una división de la parte técnica y del manejo de fondos. Los últimos pasaron a ser parte de las funciones del Micitt y se hicieron contrataciones para una oficina nueva que se encargaría de este papeleo.
En consecuencia, los contratos se manejaron en un criterio 35% Micitt – 65% Conicit. La nota que recibía el estudiante para la aprobación o rechazo de su solicitud ya no era solamente manejada por el Conicit.
Este cambio provocó retrasos en la recepción de documentos, el Micitt demoraba entre dos y tres meses en remitir los papeles al Conicit, a pesar de que el Manual Operativo establecía que: “El Micitt se compromete a elaborar los expedientes completos de acuerdo a los términos del MOP y remitir una copia al Conicit, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir del día hábil siguiente a la recepción de las solicitudes de Ayudas Financieras”.
“Eso provocó muchísimo retraso porque era una validación que ellos no tenían el expertise para hacerlo”, mencionó Giselle Tamayo, miembro del Consejo Directivo del Conicit.
El 35% de la validación de las solicitudes que se atribuyó el Micitt en la primera y segunda convocatoria, volvería a ser asignado entre las funciones del Conicit a partir de la tercera.
“Hubo tres notas legales sobre el Manual Operativo, sobre por qué el Conicit no hacía el 100% de la evaluación. Se argumentó muy fuerte contra eso, la conveniencia técnica por la imparcialidad y ellos aceptaron hasta este año”, explicó Arturo Vicente, miembro del Consejo Directivo del Conicit.
