Conflicto por control de laboratorio de cáncer en UCR antecedió denuncia penal

El proyecto cuenta con un inmueble de $5 millones que pasó de ser manejado por la Escuela de Medicina a la Vicerrectoría de Docencia, luego de cambiar su nombre y objetivos.

Los distintos cambios en cuanto a nombre, objetivos y control del Laboratorio de Docencia en Cirugía y Cáncer (DCLab) desencadenaron el conflicto entre el Consejo Universitario (CU) y la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) que derivó en una denuncia penal contra ocho miembros de ese cuerpo colegiado.

 

El rector Henning Jensen presentó la acusación por presuntos delitos de usurpación y abuso de autoridad contra ocho miembros del CU, por solicitarle abstenerse de la administración del DCLab mientras se elabora un informe sobre el caso. La denuncia fue confirmada por el Ministerio Público y se encuentra bajo el expediente 19-001529-0175-PE.

El proyecto nació en el 2011 en la Escuela de Medicina con el nombre de Laboratorio de Investigación en Ciencias Médicas (Labmed) y posteriormente se sustituyó por Laboratorio de Entrenamiento e Investigación en Cirugía Médica (Leicimi).

En el 2013 se amplió al aprobarse un presupuesto de más de $5 millones por parte del CU como parte de los fondos correspondientes al préstamo del Banco Mundial, para la construcción de un inmueble que albergaría el laboratorio. El proyecto también cuenta con presupuesto para la compra de equipo y becas en el extranjero.

Sin embargo, el conflicto inició en agosto del 2017, cuando por solicitud de la Rectoría, el proyecto se puso a votación en una asamblea de la Escuela de Medicina y se separó de esa unidad académica para que fuera adscrito en la Vicerrectoría de Investigación. Pero finalmente, en marzo del 2018, decidieron inscribirlo en la Vicerrectoría de Docencia.

El cambio, además de constar en las actas, fue confirmado por Marlen León, vicerrectora de Docencia, quien agregó que “la asamblea de Medicina le comunicó a don Fernando García que, debido a una resolución de Rectoría del 2017, el laboratorio ya no va a formar parte del organigrama del Departamento de Anatomía de la Escuela de Medicina”.

Consultado por este semanario, el rector Jensen aseguró que no era una recomendación de parte de la Rectoría, sino que esta instancia “lo que dice es que es un proyecto de interés institucional y que es un proyecto gestionado por la administración superior”.

Estos cambios impulsaron al Consejo Universitario a solicitar una investigación en Contraloría Universitaria para determinar si el accionar de la administración era congruente con el estatuto orgánico.

El 12 de abril, la Contraloría le solicitó información al rector; ante esto, la Oficina Jurídica le aconsejó que se negara a brindar la información. A pesar de dicha recomendación, el rector afirmó en un oficio que por transparencia facilitaría los documentos solicitados. Sin embargo, el informe de la Contraloría Universitaria menciona que nunca se recibió la información pedida.

“Yo tendría que corroborar si efectivamente se recibió la documentación solicitada, pero sí le puedo decir que di la indicación de que iba a ser comunicada”, afirmó Jensen.

El informe preliminar determinó que el Leicimi había desarrollado principalmente actividades de extensión docente, incluidos proyectos de vínculo externo. Además, solicitó al rector un informe donde “se justificaran las relevantes variaciones que se han realizado en el DCLab” y “especialmente su vinculación a la Vicerrectoría de Docencia”.

Producto del informe preliminar de la contraloría, el CU acordó conformar una comisión especial que tiene como objetivo analizar la gestión del Laboratorio de Docencia en Cirugía y Cáncer y de entregar un informe en octubre.

Sobre la demanda, ningún miembro denunciado ha sido notificado por encontrarse todavía en la etapa preparatoria de la denuncia en la que la fiscalía recolecta y analiza pruebas. “No hay ninguna notificación al Consejo Universitario como ente físico, ni mío personalmente”, declaró Guillermo Santana, uno de los ocho denunciados por Jensen.

Madeline Howard, miembro del Consejo Universitario y representante del área de salud, dijo que “muchas de las cosas que suceden en la institución a nosotros no nos las comunican, nos enteramos por La Nación o por el Semanario; y de hecho creo que sería más fácil y por el bien institucional que la comunicación fuese más fluida”.

Cambios de fondo

Según el informe de Contraloría Universitaria, el coordinador del DCLab remitió la propuesta de adscribir el entonces llamado Leicimi a la Vicerrectoría de Investigación, con el objetivo general de “Contribuir con el fortalecimiento de la investigación en cáncer a nivel de Universidad y país”.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada sin trámite “por ausencia de requisitos en la propuesta que presentó el Leicimi”, según consta en el informe de Contraloría Universitaria.

“Pero ese laboratorio no puede quedar en el aire, porque hay un compromiso con el Banco Mundial. Don Henning determina que si no es de investigación, va a ser un proyecto de docencia, porque lo que se hace es, principalmente, entrenar en cirugía y todavía no hacemos investigación”, explicó la vicerrectora León.

En la resolución VD-R-10102-2018 del primero de marzo, la Vicerrectoría de Docencia se adscribe el Laboratorio de Entrenamiento e Investigación en Cirugía Médica (Leicimi) y dispone también de un presupuesto propio, un nuevo objetivo general, objetivos específicos adicionales y la incorporación de un Consejo Académico interno del Laboratorio.

El nombre actual del proyecto se cambió hasta el 20 marzo del 2018, cuando el Coordinador del entonces Leicimi dio a conocer la necesidad de adecuar el nombre ante el Consejo Universitario y propuso Laboratorio de Docencia en Cirugía y Cáncer (DCLab) “con la idea de englobar todo su quehacer”.

Según la representante del Área de Salud, Madeline Howard, el Consejo Universitario se ve involucrado en el proceso en el momento en el que aprueban el financiamiento.

“El cambio de destino en los recursos (de investigación a docencia) es como que si yo fuese a un banco, le pido recursos para comprar una casa y luego los uso para comprar un vehículo”, explicó Howard.

Según Jensen y León, el proyecto no puede anclarse a ninguna unidad académica por su naturaleza interdisciplinaria, que además responde a los acuerdos de la UCR con el Banco Mundial.

Jensen agregó que se justifican los cambios porque “todo proyecto tiene su proceso de gestión y evolución. En ese momento, lo que predominaba y todavía predomina era la docencia; sin embargo, la conceptualización del laboratorio necesariamente llevará a que en él se realice investigación y acción social”.


Asamblea Colegiada

La integrante del Consejo y representante del Área de Salud, Madeline Howard, considera que la vía administrativa para elevar el conflicto no era el Ministerio Público, sino la Asamblea Colegiada Representativa.

“Ahí es donde se agota si hay una diferencia entre el Consejo y la administración, pues es el órgano colegiado el que puede resolverlo”, dijo Howard.

En el artículo 16, inciso h del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica se determina que resolver los conflictos de competencia entre el rector y el Consejo Universitario es una de las funciones de la Asamblea Colegiada.

El rector Henning Jensen aseguró que “no es un asunto que competa a la Asamblea Colegiada. Lo vería la Colegiada únicamente si hay un conflicto de competencias”.

Sin embargo, luego Jensen coincidió en que la denuncia se debía a que el Consejo Universitario se sobrepasó en su competencias.


 


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