El tercer Informe sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica destacó que en todos los países evaluados se han consolidado discursos estigmatizantes en contra de periodistas y medios de comunicación promovidos desde el poder público.
De acuerdo con la investigación, ello ha generado un “retroceso regional de las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías para el ejercicio seguro del periodismo”, con particular énfasis en múltiples formas de violencia y represión contra la prensa en cada país.
El documento revela que hay un “clima de confrontación en contra de periodistas incentivado desde el poder público en El Salvador y Costa Rica, la alta impunidad en los crímenes contra la prensa en Honduras, la embestida judicial en contra de periodistas, activistas y políticos por parte del ‘Pacto de Corruptos’ en Guatemala y la consolidación de la dictadura en Nicaragua”.
“La defensa de la libertad de expresión por cualquier medio o plataforma, para todas las personas, pero en especial para los y las periodistas independientes, es la defensa de todos los derechos humanos”, Giselle Boza PROLEDI – UCR.
El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con la Fundación Heinrich-Böll de Alemania, presentó el pasado miércoles 19 de marzo este documento, que analiza las condiciones en que trabajan los periodistas en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, revelando un panorama cada vez más adverso para el ejercicio periodístico en la región.
Otro de los hallazgos clave es que las principales amenazas para el ejercicio del periodismo en la región provienen del propio poder público. Además, se documentaron múltiples casos de violencia digital contra periodistas y un futuro con más desafíos que posibilidades de mejora en materia de libertad de expresión.
Giselle Boza, coordinadora del Proledi, enfatizó durante la presentación del informe que “la vigencia de los sistemas democráticos se asienta en la posibilidad de que exista una opinión pública libre, informada y pluralista”. En esta misma línea, la investigadora Johanna Rodríguez expuso que el 83,7% de los periodistas encuestados no reciben respuesta en tiempo y forma a sus solicitudes de información pública, lo que dificulta aún más su labor de investigación.
Por su parte, la panelista Wendy Quintero alertó sobre la necesidad de no limitar el debate a los sectores periodísticos y ampliar la discusión a toda la sociedad: “Es sumamente importante quitarnos la idea de que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública le competen solo a quienes estamos en el mundo del periodismo”, manifestó.
El informe también incluyó un apartado especial sobre la situación de las mujeres periodistas en Centroamérica, donde se evidencia que los ataques dirigidos a ellas tienen una carga de violencia de género, particularmente en el ámbito digital. “A diferencia de sus colegas hombres, los ataques contra las mujeres periodistas van dirigidos hacia su cuerpo o los roles que ‘deben’ cumplir como mujeres, más allá del contenido de sus investigaciones o su trabajo periodístico”, detalla el documento.
En Nicaragua, el documento revela que la represión es tan severa que muchos periodistas han optado por no firmar sus notas y publicarlas únicamente bajo el nombre del medio, como una estrategia de supervivencia ante el régimen de Ortega.
La representante de la Fundación Heinrich-Böll, Ingrid Wehr, subrayó la importancia de documentar estas agresiones sistemáticas. “Los tres estudios elaborados por Proledi muestran que el periodismo centroamericano enfrenta espacios cada vez más reducidos y ataques crecientemente violentos contra periodistas en su labor de informar a la ciudadanía”, afirmó.
El caso Costa Rica
El informe dedica un apartado especial al caso de Costa Rica, destacando la rapidez con la que el país ha descendido en los indicadores de libertad de prensa.
Según el estudio, el Poder Ejecutivo se ha convertido en el principal factor de debilitamiento del ejercicio periodístico en Costa Rica, con un patrón de ataques sistemáticos contra medios de comunicación, periodistas y entidades que fiscalizan la labor gubernamental.
El deterioro de la libertad de prensa en el país ha quedado en evidencia con su caída en el ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras en 2024, pasando del puesto 23 al 26, que se une a su anterior caída de 15 puestos en 2023. Entre las razones señaladas en el informe están los ataques reiterados del presidente Rodrigo Chaves contra medios e instituciones públicas críticas de su administración.
Los datos del Proledi indican que entre mayo de 2022 y enero de 2024 el presidente Chaves realizó 287 ataques directos a periodistas y medios durante sus conferencias de prensa. Sin embargo, el informe advierte que desde octubre de 2023 Chaves ha comenzado a dirigir sus ataques hacia otros actores políticos, lo que representa una nueva estrategia dentro de su gestión.
El documento recopila hitos clave del deterioro de la libertad de prensa en el país durante el periodo octubre 2023 – octubre 2024. Entre estos, se encuentra la confirmación de la orden presidencial de cancelar la pauta publicitaria a medios considerados opositores, según la exministra de Comunicación, Patricia Navarro. También se destaca el caso de las amenazas de muerte a la periodista Vilma Ibarra tras una campaña de hostigamiento impulsada por el presidente Chaves y la diputada Pilar Cisneros, así como la denuncia y solicitud de medidas cautelares de censura contra el reportaje “Los Audios de Presidencia”, publicado por el diario La Nación. Además, el informe menciona la negativa al ingreso del periodista británico Karl Penhaul al país, los actos intimidatorios contra periodistas de la UCR en Casa Presidencial durante una conferencia de prensa y el intento del exdiputado Dragos Donalescu de acceder a información privada sobre periodistas, bloqueado por el Tribunal Supremo de Elecciones. A esto se suman varias sentencias constitucionales contra el actuar del Ejecutivo, junto con informes internacionales que alertan sobre el retroceso en la libertad de prensa en Costa Rica.
A pesar de este escenario, el informe destaca que la institucionalidad costarricense ha funcionado como un contrapeso para frenar el avance de políticas autoritarias en contra de la prensa. “Aunque Costa Rica aún cuenta con un sistema democrático de pesos y contrapesos que ha logrado contener las actitudes autoritarias y antiperiodísticas del presidente Chaves, lo cierto es que estas acciones han erosionado paulatinamente el contexto y las garantías para el pleno ejercicio de las libertades de prensa y expresión”, concluye el informe.
El informe es público y se puede accesar aquí
