El Consejo Nacional de Rectores (Conare) pidió a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa el archivo del proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), tramitado bajo el expediente 23.380.
“En vista del contenido inconstitucional que posee sin excepción cada uno de los artículos del proyecto […] lo procedente sería el archivo de esta iniciativa”, dice el comunicado del Conare, que manifestó lo mismo a los diputados a través del oficio OF-CNR-5-2023.
En ese documento, los rectores señalan que la justificación del proyecto presenta “serias inconsistencias”, en relación con precedentes normativos existentes y con la jerarquía del ordenamiento jurídico.
Entre los puntos expuestos por el Conare destaca que se cambia la naturaleza del FEES como fondo patrimonial universitario:
“Esta partida asignada en el presupuesto ordinario de egresos de la República forma parte del patrimonio universitario, constitucionalmente separado del resto del patrimonio estatal conforme lo disponen los artículos 84 y 85 constitucionales, por lo que no puede ser convertido en un mecanismo de financiamiento administrado ni definido por un nuevo Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal del Poder Ejecutivo, tal y como se propone a partir del artículo 4 del proyecto de ley”, manifestó el ente.
Los académicos también cuestionan aspectos que el proyecto propone, como la administración del fondo o la creación de un “Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal”, que estaría integrado por un representante de las universidades y cuatro del Ejecutivo: “La propuesta implica desplazar un órgano de gobierno universitario hacia el Poder Ejecutivo, dejando vaciada su independencia y autonomía en materia de gobierno”.
El Conare también señala que la iniciativa de ley, presentada por el Ejecutivo en octubre de 2022, somete la organización y funcionamiento de las universidades a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, “con lo cual invade ámbitos regulatorios propios de la independencia de organización, administración y gobierno universitarios”.
