El Consejo Nacional de Rectores (Conare) denunció que la mayoría de los diputados de la Comisión Legislativa que analiza el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pretenden modificar los artículos 84 (que establece la autonomía universitaria pública) y 85 de la Constitución Política, lo cual implicaría un debilitamiento de la educación universitaria pública.
Dicha modificación les permitiría a los legisladores de turno decidir sobre el monto, destino y administración de fondos del FEES, pese a que el pasado 22 de julio el Procurador General de la República, Julio Jurado, aseguró que modificar el acuerdo sobre estos recursos no es competencia de los diputados.
Precisamente en su pronunciamiento, Jurado reiteró que cualquier tipo de disminución del Fondo por parte de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, tal y como lo indicó la Sala IV ante una acción presentada por los rectores de Conare por el recorte de ¢10.000 millones que hicieron los diputados el año pasado.
Henning Jensen, presidente de Conare, señaló que las afirmaciones del Procurador respaldan las acciones legales que han tenido que tomar las universidades frente a decisiones que violentan nuestra Constitución Política.
“Las normas constitucionales son claras y protegen a la educación superior de intereses políticos; le permiten a nuestro país garantizar la inclusión, equidad y universalidad en el acceso a la educación pública”, dijo Jensen.
En audiencia de la Comisión Legislativa que estudia el FEES, las diputadas Xiomara Rodríguez y Yorleny León, y los diputados Pablo Abarca, Erick Rodríguez y Wagner Jiménez, afirmaron que las universidades no son transparentes en el manejo de los recursos porque, según ellos, no entregan información solicitada.
Lo anterior a pesar de que, según datos de Conare, cada año las universidades presentan ante la Contraloría General de la República cuatro informes de ejecución presupuestaria, además de un informe de liquidación y dos evaluaciones de Plan Anual Operativo y Presupuestario.
Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), aseguró que las universidades son transparentes en el manejo de los recursos públicos, por lo tanto, esas afirmaciones de los diputados no son de recibo.
“Las universidades hemos atendido todas las consultas de medios, diputados y ciudadanos; la información está publicada en las páginas web de las universidades y en las de transparencia, todas las decisiones tomadas son acordes con la estricta planificación que realizamos, afirmar lo contrario es falso y no entendemos a qué intereses responden estas actitudes”, indicó Prieto.
Los representantes de Conare fueron enfáticos en que es preocupante que la Comisión Legislativa emita criterios anticipados y pretenda abrir portillos para modificar la legislación, sin haber concluido los procesos de audiencia y análisis para la emisión de recomendaciones, además que no han escuchado aún a las Federaciones de Estudiantes, Vicerrectorías, Consejos Universitarios y a los mismos rectores.
“El objetivo de la Comisión Legislativa era fortalecer la educación superior pública; ahora vemos con preocupación que lo que se pretende es modificar nuestra Carta Magna para restringir la autonomía de las universidades públicas y controlar políticamente las decisiones sobre la educación superior”, señaló Henning Jensen.
