Con al menos seis argumentos inexactos, los ministros de Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología llegaron a la audiencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la cual se encargará de definir el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2025.
Durante la primera sesión, dedicada al presupuesto de educación, los jerarcas Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Laura Fernández, ministra de la Presidencia y Planificación; y Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, fueron los encargados de abrir la posición de Gobierno, tras ser citados por la diputada liberacionista Paulina Ramírez, quien preside la comisión.
Los representantes de la administración Chaves Robles comparecieron ante las diputaciones tras la fallida negociación con los rectores universitarios en la Comisión de Enlace, lo que trasladó la discusión por primera vez al Poder Legislativo.
Los jerarcas del Gobierno justificaron su decisión de enviar el presupuesto universitario sin aumento con respecto del monto establecido para el 2024, y reducir el dinero destinado a todos los niveles del sistema educativo costarricense.
Universidades como capital humano
Uno de los principales puntos abordados por el ministro Acosta fue que las universidades no son las únicas que representan “capital humano” para el país, ya que “una persona con habilidades para la vida puede alimentar a su familia y construir un mejor país”; sin embargo, según los datos registrados por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), para el 2023, un 93% de las personas graduadas de universidades estatales cuentan con empleo estable, pues “la educación universitaria pública es un motor para la movilidad social y el desarrollo socioeconómico de Costa Rica”, indica el texto.
Población universitaria
Parte de las preocupaciones señaladas por la ministra Laura Fernández en la Comisión de Asuntos Hacendarios es que a las casas de enseñanza superior estatal están ingresando “los estudiantes de los quintiles de mayor ingreso”, lo que representa una injusticia puesto que “los recursos públicos los está aportando desde los indígenas, las amas de casa, los pescadores, los agricultores, los desempleados”.
Sin embargo, la radiografía realizada por el Conare explica que, para el 2023, 8 de cada 10 estudiantes matriculados en las universidades estatales provienen de colegios públicos, principalmente de 3 de los 5 quintiles económicos, donde los ingresos por hogar no superan los ₡757.091.
De este total de la población universitaria, un 69% son los primeros en sus familias en poder concluir sus estudios universitarios, y un 59% cuenta con algún tipo de beca de estímulo para poder continuar con sus estudios superiores.
Carreras STEM y sedes regionales
Según señalaron los representantes de la administración Chaves Robles, el interés del Gobierno se centra en “fomentar mayor interés en carreras STEM”, es decir, aquellas enfocadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (por sus siglas en inglés); así como el aumento la regionalización de la educación, una meta no cumplida por las universidades, según los jerarcas.
La radiografía realizada por el Conare apunta una realidad muy distinta, pues cuentan con cerca de 50 sedes universitarias, y un total de 48.550 estudiantes matriculados fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) para el 2023.
En cuanto a carreras STEM, 5 de cada 10 estudiantes universitarios se encuentran cursando una carrera perteneciente a esta área, lo que representa un 53% para el 2023, dato que ha incrementado gracias a la mayor apertura de cupos en las áreas.
Rendición de cuentas
Durante la sesión celebrada el pasado 13 de septiembre, el ministro de Hacienda señaló que “el FEES es uno de los recursos que se ponen en el presupuesto de la república que se dan a fondo perdido, y digo a fondo perdido porque no hay rendición de cuentas”. Por su parte, la ministra Laura Fernández, de Planificación y Presidencia, indicó que “la autonomía no significa que no se tenga que dar seguimiento del uso de los fondos públicos”.
Sobre este punto, la diputada Rosaura Méndez, presidenta de la Comisión de Educación, explicó que, a nivel interno, cada universidad cuenta con procedimientos de control sobre el gasto presupuestario, además de que el Conare presenta su rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República, datos que son de acceso público.
Para el 2024, según el informe de la Contraloría, las universidades han ejecutado un 70,77% del presupuesto por ingresos corrientes, es decir, el monto establecido por el Poder Ejecutivo. Además, existe otra rendición que se realiza a través del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), que es un documento consensuado por las cinco universidades estatales que conforman el Conare, en el que se especifican los compromisos, los objetivos y las acciones estratégicas que enmarcan el quehacer de las universidades estatales durante cinco años.
El Consejo Nacional de Rectores reporta anualmente el presupuesto de las universidades, tanto por el FEES como por ingresos propios, así como la cantidad ejecutada. (Fuente: Contraloría General de la República)
Investigación en las universidades
Como parte de la comparecencia frente a las diputaciones, la ministra Fernández comentó que las investigaciones realizadas por las universidades “no tienen ninguna importancia”. La jerarca de Planificación amplió señalando que “hay una disociación total en muchos de los temas en los que las universidades, por mutuo propio, están investigando o haciendo aportes de cooperación, pero son temas que no resultan prioritarios para las instituciones públicas, o que están desconectados de la realidad”.
Sumado a este tema, Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología apuntó que “las investigaciones son académicas, no son aplicadas, son investigaciones que lo que más llegan a hacer es publicarse en una revista científica, pero no se pueden aplicar para la mejora de la economía o zonas rurales o lo que quieran”.
Según señala el último informe de Conare, actualmente la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional a Distancia (Uned) cuentan con 2.188 proyectos de investigación activos, enfocados en temas de salud, producción industrial y agrícola, infraestructura y energía, lo que representa un 73% del conocimiento científico del país.
Según los datos de la Subcomisión de Indicadores de la Investigación Universitaria del Conare, para el 2021 se generaron 2.229 investigaciones científicas, de las cuales un 65,5% fueron realizadas en las 51 unidades de investigación y en las 5 estaciones experimentales de la UCR.
La discusión por el Fondo Especial para la Educación de 2025 continuará en la Asamblea Legislativa con las comparecencias de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, los rectores de las universidades estatales, y representantes de la Contraloría General de la República.
