Las universidades públicas vuelven a quedar en una situación compleja con la última versión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), ya que podrían mantenerse los problemas de constitucionalidad que han venido señalando anteriormente las casas de enseñanza superior estatal.
“Nosotros tenemos dudas de algunos artículos, entonces, ahora pues deberemos de analizarlo ampliamente para ver posibles mecanismos de atención que respeten el principio constitucional de la autonomía universitaria”, dijo a UNIVERSIDAD, el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias.
Precisamente, un criterio de la Universidad de Costa Rica (UCR), respecto de esta iniciativa de ley, señala objeciones específicas en torno a 30 artículos, como los que regulan el ámbito de cobertura, las exclusiones, las competencias del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), entre otros.
“Las modificaciones introducidas por la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad al texto del Proyecto de Ley denominado Ley Marco de empleo público, en especial el párrafo reiterativo sobre las autonomías constitucionales, perpetúan los múltiples vicios de constitucionalidad recalcados por la resolución N.º 2021-017098, de las 23:15 horas, del 31 de julio del 2021, de la Sala Constitucional; por ende, hacen que la iniciativa de ley siga siendo una afrenta al orden constitucional y a los principios democráticos que fundamentan nuestro Estado Social de Derecho”, dice el documento.
“Lo que perseguimos es evitarle a la Universidad la amenaza de futuros congresos movidos por intereses politiqueros”, indicó el constituyente Fernando Baudrit, sobre la autonomía universitaria.
“Nosotros reconocemos que a partir de la resolución de la Sala Constitucional hay una reafirmación de la autonomía en un aspecto central. Ese aspecto central es que en materia de gobernanza siguen siendo las universidades las que mantenemos esa potestad y que no es el Mideplan el ente rector del empleo universitario, como pretendía el proyecto. No obstante, esas consideraciones de la Sala no fueron trasladadas con la misma vehemencia y con la misma claridad en este proyecto de ley que finalmente estaría aprobándose”, comentó también el rector de la Universidad Nacional (UNA), Francisco González.
Dos regímenes de empleo universitario
En el criterio de la UCR se objeta que el nuevo proyecto presenta “un contrasentido de la dualidad de categorías”, al establecer dos regímenes de empleo universitario: el primero, que quedaría cubierto por la autonomía universitaria; y, el segundo, que quedaría sujeto a las directrices del Mideplan.
En el texto, se explica que la iniciativa de ley realiza una especie de disección en las universidades públicas, de modo que “crea en esas entidades dos regímenes de empleo público: uno que le es propio y estaría plenamente para su propio gobierno y capacidades jurídicas y otro en la que se dependería de las disposiciones del Mideplan”.
De esta forma, quedarían cubiertos por el manto de la autonomía los funcionarios que se dedican a docencia, investigación, acción social (actividades sustantivas) o quienes se encuentren estrechamente vinculados con estas actividades. Las propias universidades serían las que definan quienes entran bajo esta circunstancia.
Según el criterio, lo anterior se trata de una injerencia a la potestad de autogobierno que se otorga a las universidades en la Carta Magna: “No existe una autonomía recortada, como la pretende hacer notar el análisis de mayoría de la resolución N.º 2021-017098”.
El rector de la UNA coincidió en ese sentido: “El principio de autonomía universitaria que nosotros consideramos y defendemos y apelamos es que la autonomía cubre a todo el quehacer de la universidad y a todos los funcionarios. Y que toda la acción de la universidad es una acción orientada o de apoyo a la labor sustantiva”.
Por su parte, el presidente del Conare manifestó que los funcionarios universitarios son muy distintos a los del resto de “casi cualquier otra entidad del Estado”, pues su trabajo conlleva una serie de elementos particulares.
“Estamos atendiendo poblaciones estudiantiles, grandes, diversas, numerosas, variadas, de diferentes sitios del territorio nacional y luego una función de formación de alto nivel. Son elementos que nos dan una naturaleza exclusiva y, por lo tanto, excluyente para la aplicación de la ley”, dijo Arias.
El rector de la UNED fue tajante al señalar que el Ejecutivo no puede tener injerencia sobre las universidades públicas, gracias a la Constitución: “Yo creo que es inaudito, inconstitucional e ilegal que Mideplan pueda tener potestades sobre cualquier funcionario o funcionaria de una universidad”.
De cualquier forma, el académico manifestó que, si algún funcionario quedara bajo las directrices del Mideplan, esto daría pie para presentar una nueva acción de inconstitucionalidad.
“El texto de nuestra Constitución y de la autonomía universitaria inhabilita desde cualquier punto de vista —y así ha sido dicho por la Sala en múltiples oportunidades—, que cualquier ente del Poder Ejecutivo tenga injerencia sobre el funcionamiento de la Universidad y una parte es obviamente la que se relaciona con todo su personal”, manifestó el dirigente universitario.
González añadió que “seguimos pensando que es un proyecto que no resuelve el problema de fondo, del empleo público; es un proyecto que violenta la autonomía universitaria, fundamentalmente en este tema, de separación de la misma estructura funcional del personal institucional”.
Arias concluyó expresando que la independencia que la Constitución Política otorga a los centros de educación superior estatales incomoda a algunos sectores políticos, económicos, mediáticos, entre otros, y que este Gobierno ha llevado adelante diversas acciones legales o reglamentarias que ellos consideran violatorias del texto constitucional: “Por eso hemos tenido que acudir a judicializar las diferencias; por falta de un diálogo político que en el pasado nos identificaba y que en estos últimos años se ha perdido. Esto ha llevado a que tengamos acciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo y varias ante la Sala IV”.
El presidente del Conare indicó que es “lamentable” que en los últimos años se haya tenido que judicializar la defensa de la autonomía universitaria y aseveró que seguirán haciéndolo de ser requerido: “Si esto continúa pues yo creo que habrá más acciones en los próximos meses. Es realmente difícil y lamentable que tenga que llegarse a ese extremo”.
