Desde este mes de agosto empezó a regir una moratoria en el pago de cuotas para 5.594 personas deudoras, la cual se extenderá por cuatro meses y una disminución hasta diciembre en las tasas de interés de créditos formalizados ante la Junta de Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (Jafap).
La medida, planteada por el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu), fue aprobada por el Consejo Universitario, que —de acuerdo con su reglamento— autorizó a la Jafap para que la aplique con el fin de paliar el impacto económico generado por la pandemia en el país, donde la tasa de desempleo se mantiene en 18,1%.
“Nosotros entendemos la preocupación de los responsables de Jafap, porque ellos tienen que velar por la viabilidad, pero la propuesta del Sindeu es viable y no pone en peligro las finanzas”, Harold Chavarría Vásquez.
A partir de enero de 2022, la Jafap deberá presentar los escenarios para un nuevo ajuste en las tasas de interés de los préstamos, los cuales deberán mantenerse hacia la baja, indicó el secretario general, Harold Chavarría Vásquez.
Chavarría explicó que la negociación se dio entre el Sindicado y la Junta administrativa, tras el pre-análisis realizado por la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios (CAFP) del Consejo Universitario.
“Se logró negociar cuatro meses de moratoria y la reducción, aún más bajo que en 2020, de los intereses en líneas de crédito”, añadió.
Moratoria
El Sindeu expuso que el costo de la moratoria equivaldría a ¢99 millones en los excedentes de la Jafap, los cuales se tomarían de los fondos que se tienen en los bonos del Gobierno y solo representaría una rebaja del 0,08% (pasarían de 6,97% a 6,89%).
Con esta medida se beneficiarían 5.594 personas, de las cuales un 77% devolverían más de ¢100 mil al mes por ese periodo para hacerle frente a las deudas contraídas, mientras que un 23% recibiría un monto menor a este. Las personas estarían recibiendo un abono al capital y a los intereses, pero no a la póliza del crédito.
El Sindicato argumentó que esta cifra no pone en peligro la estabilidad de la Jafap y es sumamente beneficioso para una gran cantidad de personas. Ese mismo criterio lo sustentó la CAFP, la cual explicó que tanto la moratoria como la reducción de intereses en las tasas crediticias y la readecuación de la cuota obrera a las personas que no la hubieran solicitado disminuirían la rentabilidad en solo un 0,98%. Esta cifra, la consideraron baja en comparación con el impacto positivo en las personas deudoras.
“Nosotros entendemos la preocupación de los responsables de Jafap porque ellos tienen que velar por la viabilidad, pero la propuesta del Sindeu es viable y no pone en peligro las finanzas”, indicó el secretario general.
Tasas de préstamo
El Sindeu solicitó una disminución inicial de dos puntos en las tasas por un periodo de al menos dos años, pero durante la negociación se delimitó a los préstamos ya formalizados tanto para las personas afiliadas activas como para exafiliados con obligaciones pendientes con la Jafap. Esta es la primera vez que se logra esta medida, reveló Chavarría.
El rebajo en las tasas significa una disminución de ¢502 millones para lo que resta de 2021, cifra que implicará una disminución de 0,41% en los excedentes por repartir a fin de año.
Esta medida favorece a 4.049 personas afiliadas (92%) con créditos, las cuales podrán recibir entre ¢0-50 mil cada mes en su salario, en tanto que el 8% restante percibirá una mejora que irá entre ¢50 mil a ¢350 mil por mes.
Con esta decisión la tasas de tipo de préstamos quedarían de la siguiente forma: especiales ordinario activo, especiales ordinario exafiliado, especiales extraordinario activo, especiales extraordinario exafiliado y D3E fiduciaria, tendrán una rebaja de 16% a 15% de tasa anual.
También recibirán una rebaja los préstamos de tipo corriente, no fiduciario, menaje, gastos legales, D3E hipotecaria y aportes de 15% a 14%, al tiempo que la categoría V. ordinaria activa y V. ordinaria exafiliado pasó de 11% a 10%.
Asimismo, hubo tipos de préstamos que experimentaron otras reducciones como son los de refinanciamiento fiduciario (de 18% a 16%), refinanciamiento hipotecario y aportes (de 16% a 14%), vehículo usado más 5 años (de 15% a 10%), V. extraordinaria (de 15% a 12%), vehículo usado 1 a 5 (de 13% a 10%), vehículo nuevo (de 12% a 10%), situaciones especiales (de 10% a 8%).
Cuota obrero
De forma paralela, el Consejo Universitario habilitó el plazo para que las personas trabajadoras puedan hacer uso de la cuota obrera. En el 2020 hubo 2.230 personas afiliadas que no optaron por la reestructuración de deudas con este recurso.
En caso de que todas personas deudoras decidieran acogerse al beneficio, la disminución en los excedentes sería de ¢599 millones, lo que equivale aproximadamente a un 0,49% (6,97% al 6,48%).
Otras regulaciones
Chavarría anunció que quieren proponer cambios en el “depósito de garantía” con el fin de bajar el número de fiadores a la hora de solicitar un crédito.
Igual preocupación mostró por las personas interinas obligadas a seguir pagando su cuota, pese a que pasan meses sin recibir salario, concluyó.
También el Sindeu revisa la línea de crédito especial que da apoyo a aquellos afiliados que no pueden hacer frente a una deuda. La idea es simplificar los requisitos y consecuencias, ya que al acceder a este tipo de crédito, la Jafap congela durante 10 años las opciones crediticias de esa persona.
Es muy probable que las personas beneficiarias de este tipo de préstamo deban llevar un curso sobre finanzas sanas impartido por la Jafap.
Solicitud representante administrativa
Para Stephanie Fallas, representante administrativa ante el CU, estas tres propuestas son una buena oportunidad ante los efectos económicos negativos de la pandemia.
“Un apoyo como este es bien recibido por muchas familias, es una oportunidad”, indicó Fallas.
La representante del CU planteó una iniciativa tendiente a crear nuevas categorías para que se beneficien más personas del préstamo solidario, otorgado por fallecimiento, desastre natural o enfermedad.
“Este es un préstamo que hace la Junta a la persona afiliada y lo tiene que devolver en un plazo definido sin intereses. Incluso requiere estudios con una trabajadora social para conocer la situación de la persona”, concluyó.
