Aumento “mínimo” del FEES abre intenso debate

El Gobierno y Conare pactaron un aumento del 3,7%; sin embargo, el presupuesto pasó de representar un 1,42% a un 1,38% del PIB.

  • La comisión negociadora defiende el acuerdo ante la situación fiscal del Estado, pero las reacciones de rechazo se disparan.

El aumento de un 3,7% para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pactado por el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) abrió un intenso debate que apenas parece haber iniciado en el ambiente universitario, entre quienes apoyan el “mínimo” crecimiento como medida de apoyo a la situación fiscal del país y los que lo reprueban como un nuevo incumplimiento de compromisos constitucionales.

Crecimientos presupuestarios 2016-2018 | FEES (Cifras en millones de colones) Distribución del FEES. UCR: 57,79%, UNA: 23,40%, ITCR: 11,3%, UNED: 7,51% Elaboración propia (Fuente: CONARE)

Por un lado, la comisión negociadora no se cansa de afirmar que el acuerdo corresponde a una coyuntura muy específica a nivel nacional; mientras que, por el otro, actores estudiantiles y sindicales reprueban la negociación y aseguran que es un retroceso en el apoyo a la educación.

Esta última posición se sustenta en que -una vez más- el Estado no pudo cumplir con la asignación de un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública (ni su compromiso de un 1,5% del PIB para la educación superior), algo que ya había sido ordenado por la misma Sala Constitucional en 2016 (resolución 2016-012803).

No obstante, la Comisión de Enlace que negoció el acuerdo recalca que este buscó un “mínimo” crecimiento que apenas cubriera la inflación proyectada para el próximo año, tomando en cuenta que las universidades podían seguir operando normalmente y el Estado se encuentra en una importante crisis fiscal que incluso ha desencadenado problemas de liquidez.

En total, el aumento fue de ₡17.709 millones en un fondo que pasó de ₡478.570 a ₡496.279 millones; cifras que nunca antes fueron más relativas.

De este total, ₡286.800 millones corresponden a la UCR (57,79%), ₡116,129 a la Universidad Nacional (23,4%), ₡56.080 al Instituto Tecnológico (11,3%) y ₡37.271 a la Universidad Estatal a Distancia (7,51%); mientras que la Universidad Técnica Nacional recibirá un presupuesto aparte de ₡33.853 millones (como lo ha hecho desde su creación).

Factor ley

Gran parte del debate central en torno al aumento del FEES ocurre porque se trata de la primera vez que dicho presupuesto se reduce en su relación con el PIB en los últimos años (ver gráfico), algo que según los detractores del acuerdo, la Constitución Política prohíbe en su artículo 85.

En esta ocasión, a pesar del aumento nominal, el fondo pasó de representar un 1,42% a un 1,38% de la producción, tomando como referencia las proyecciones del Banco Central (BCCR) en su última Revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018.

Esto, entre otros factores, causó una importante molestia en sectores como la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) y la Federación de Estudiantes de la UCR (Feucr), que incluso hizo oficial su intención de denunciar el acuerdo.

“Se está firmando un FEES menor al del año anterior, en términos de relación al PIB, violentando de esta manera la Constitución Política que plantea que en ningún caso el FEES puede ser menor al del año anterior”, escribió la representación en un comunicado difundido el jueves de la semana pasada.

Al respecto, el presidente del organismo federativo, Gregory Garro, aseguró a UNIVERSIDAD que se trata de una respuesta a un monto que “se traduce en que las universidades no tendrán recursos para seguir expandiendo todos sus servicios”, factor que -desde su punto de vista- resulta una afrenta al desarrollo costarricense.

“Estamos planteando la importancia de defender el presupuesto para la educación pública, que debe ser un derecho y debe ser prioridad para los países por ser su motor para el desarrollo”.

Gregory Garro, Presidente Feucr

Marchas, un paro institucional en la Sede Occidente de la UCR y manifestaciones en la UNA, incluida la toma del edificio de Ciencias Sociales por un grupo de activistas, han respaldado este descontento

No obstante, será responsabilidad de la Sala Constitucional tomar la posición pertinente en relación con esta molestia, puesto que según hizo constar el rector de la UNA, Alberto Salom, en una nota del convenio firmado, el acuerdo contempló una fórmula de cálculo distinta para alcanzar el porcentaje adecuado, tomando como referencia el PIB del año 2017.

Así, en el documento se lee que “el Rector de la Universidad Nacional deja constancia de que acepta el acuerdo en virtud del criterio mayoritario de sus colegas Rectores, pero aclara que se mantuvo la posición de obtener el 8% para la educación y el 1,5% para las universidades, si bien respecto del PIB del 2017, en atención a la situación fiscal”.

En esta línea, además señala que “esta base de cálculo se esperaba se mantuviera hasta el 2020, año a partir del cual se volvería a la base de cálculo tradicional con la esperanza de que la situación fiscal se hubiera normalizado”.

Factor crisis

Por otro lado, y pesar de las críticas, los firmantes del acuerdo tomaron la decisión conscientes del aumento “mínimo” en el monto nominal, e incluso el Gobierno aceptó en el documento que “aún no se logra” la meta del 1,5% del PIB nominal para la educación superior.

Esto, además, lo atribuyeron a la situación económica del país, asediada por un déficit fiscal que podría superar el 6% del PIB este año (según el BCCR) y una “crisis de liquidez” anunciada por el propio presidente Luis Guillermo Solís en agosto pasado.

En esta línea, eso sí, el acuerdo propuso una nueva meta para alcanzar el compromiso estatal con la educación pública, fijando como fecha límite el año 2020, siempre y cuando se estabilice la situación financiera y “se alcance una carga tributaria del 16%”.

Así mismo, para este 2018, se acordó que “la Comisión de Enlace se reunirá para valorar los términos del presente acuerdo, si en el transcurso del año 2018 la inflación, medida por el índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 4%”.

Ante esta situación, el rector de la UCR, Henning Jensen, aseguró a este medio que el convenio se firmó con el objetivo de no afectar aún más las ya debilitadas arcas del Estado, aunque siempre tomando en cuenta la no afectación de “los programas sustantivos de la Universidad”.

A esto agregó que el incumplimiento, sin embargo, se da por parte del Gobierno, bajo la comprensión (y no la complicidad) del sector universitario.

Según Jensen, la postura universitaria fue comprensiva y no complaciente, puesto que  la solicitud de una mayor cantidad de recursos para el sector -según recalcó- podría afectar programas sociales de gran importancia para el Estado.

“Es el Gobierno el que está incumpliendo con el mandato constitucional (8% del PIB para la Educación Pública), pero estamos en una situación muy grave de insolvencia y eso no lo podemos ignorar”, subrayó.

“No somos una isla, hay gente que vive en pobreza y la UCR no puede poner en riesgo los programas sociales”

Henning Jensen, Rector UCR

A esta posición se suma la de actores como el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, José Antonio Cordero, quien aseguró que las universidades más bien “tuvieron” suerte con el monto acordado y que “sería un error presionar al Gobierno por más presupuesto”.

Para Cordero, es importante crear conciencia al respecto porque la UCR y el sector universitario está “en una posición muy preferible en comparación con otras porciones de población” y, simplemente, “hay que hacer lo mejor que se pueda” con el monto asignado.

“Yo creo que no habría ninguna razón por la que nosotros tuviéramos más derecho del apoyo estatal que los programas sociales, que son fundamentales para gente que no tiene otra alternativa”, concluyó el economista al respecto.

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