El proyecto para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa sigue recibiendo cuestionamientos en cuanto a su viabilidad, su interacción con los edificios patrimoniales circundantes y la privacidad de la información técnica de la propuesta.
En este caso, la Asamblea Ampliada de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica emitió una declaración en contra del proyecto. Este órgano contempla a todos los profesores de la Unidad Académica, profesores eméritos, Jefatura Administrativa y una representación estudiantil.
La Asamblea argumenta que el proyecto no solo no cumple con los objetivos específicos lanzados en concurso de anteproyectos, sino que, además, el carácter privado con el que que se ha manejado la información evita la óptima discusión pública que necesita un proyecto de interés social.
“No debe permitirse que la figura financiera (Banco de Costa Rica) se adjudique la autoridad para dar o no información sobre el diseño del nuevo conjunto edilicio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica”, se menciona en la declaración.
Sobre esto último, el órgano trae a colación que el edificio estaría en una zona regulada por el Plan de Renovación y Repoblamiento de San José, que vela por la participación articulada de las instituciones de Estado y la ciudadanía en general, con el propósito de vigilar que los proyectos sean beneficiosos para la ciudad.
A partir de eso, recomienda que se realice un nuevo concurso para el edificio que esté a cargo de una organización que priorice aspectos sociales del edificio, y que no solo se interese en los beneficios económicos, y que maneje la información del proyecto con transparencia y consulte a la ciudadana.
“Es necesario que profesionales en economía, arquitectura, ingenierías, ciencias sociales, actores políticos y otros agentes pertinentes trabajen en conjunto para crear la figura financiera apropiada”, agrega el texto.
Los arquitectos de la UCR señalan que el proyecto escogido no era realmente realizable y proponen un nuevo concurso en varias fases, en el cual el estudio de viabilidad se haga antes de la evaluación de los proyectos propuestos, y que este sea el mayor criterio para la escogencia final.
Además, este nuevo concurso sería de naturaleza abierta, ya que el concurso realizado contenía filtros económicos y de currículum que limitaban las posibilidades de incorporación de muchos profesionales en el área.
Entrevista arquitecto Olman Hernández
“En el país no hay ningún tipo de planificación”
¿Qué lugar ocupa en el concurso el órgano encargado que propone la Asamblea?
-Si bien este proyecto se dice que se va a construir con fondos privados, al final la Asamblea lo va a pagar a partir de fondos públicos. Entonces es un edificio público, por lo que debería formar parte de un plan mayor y ese plan debería estar limitado o diseñado por un ente multidisciplinario que pueda definir cuáles son las necesidades de la institución; pero además defina un proyecto que sirva para hacer ciudad y hacer país, sobretodo un edificio tan emblemático.
¿Se ha trabajado antes con este tipo de órgano?
-Lastimosamente en el país no hay ningún tipo de planificación, en este momento creo que el único proyecto que parece tener una planificación adelantada, o antes de proponer los proyectos, es “Ciudad Gobierno” manejado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Dentro del MOPT hay un departamento de edificaciones nacionales, que en teoría debería de encargarse de todo esto pero al ser tan grande el aparato gubernamental no puede hacerle frente a todas las necesidades. Entonces algunas organizaciones, ministerios o poderes de la república terminan gestionando por su cuenta la construcción de sus edificios. Ellos tienen un plan maestro general en el que se insertan algunos de los nuevos proyectos que requiere el gobierno. Ese tipo de planificación, hasta el momento, solo ellos la están haciendo, pero debería existir, sean ellos u otra organización; alguien que se encarga a nivel macro de la planificación de obra pública y que valore las necesidades de la ciudad y del país también.
La demolición para la obra inició en abril, ¿por qué dan la declaración hasta ahora?
-La Asamblea es un órgano democrático entonces es muy difícil llegar a consenso en corto tiempo, incluso aunque desde antes muchos de los miembros estaban en contra del proyecto teníamos coerciones en cuanto a decidir las razones por las cuales estábamos en contra. Además, esperamos a tener más información para no dar una declaración a base de rumores. La poca información que tuvimos la recibimos hasta hace unas pocas semanas, es a partir de esa información que ya empezamos a analizar el proyecto. Hasta ese momento solo sabíamos que iba el proyecto de nuevo y conocíamos de un par de imágenes, pero no más detalles.
¿A qué se refieren con que el proyecto no contempla las dinámicas urbanas?
-Es un edificio que por su forma, por su morfología da un aspecto de edificio cerrado, un edificio bastante hermético desde fuera así que la percepción de los ciudadanos va a ser de que es poco amigable, como esas grandes paredes que tiene el mismo museo de la plaza de la democracia, esas paredes no invitan a nada, son completamente barreras sólidas, contundentes. Esa es la imagen de este nuevo edificio de 21 pisos, en comparación a los cinco o seis del museo. Uno desearía que la Asamblea sea abierta hacia el ciudadano, en esa estructura más bien se ve algo amurallado que nadie puede ingresar a ver. Es un simbolismo que además afecta a la dinámica urbana, porque no hay ningún espacio en ese edificio, a parte de la acera, en la que se invite a los transeúntes a interactuar, con espacios de protección del clima, espacios para recreación como una plaza.
