Las áreas protegidas tienen la capacidad de reducir la incidencia de desastres naturales hasta en un 20%. Esta fue la conclusión a la que llegaron el economista y docente de la Universidad de Costa Rica Juan Robalino y el resto de su equipo de investigación, a través de un estudio que analizó las condiciones de distintas áreas protegidas a lo largo del país.
Esta fue parte de temas que se desarrollaron en el marco de la conferencia “Economía, sociedad y gestión de riesgo ante desastres”, actividad que se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica, la cual contó con la participación de académicos e investigadores de distintas áreas.
Este grupo de académicos, dentro del que se encuentran economistas, ingenieros, administradores públicos, geofísicos y gerentes de proyectos, se reunió en el auditorio del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), para hablar sobre la relación que tienen los desastres naturales con sus respectivas áreas de experiencia.
De acuerdo con Robalino, sus hipótesis de investigación plantean que el área protegida aumenta la cantidad en que se produce y extiende el bosque, así como el área protegida se relaciona con el turismo.
“Si existe una reducción en la deforestación, vamos a tener más bosque, va a haber mayor regulación de agua y reducción en la degradación de suelos. Esto va a llevar una reducción de efectos”, comentó.
Con respecto al turismo en el 2012, analizaron los efectos socioeconómicos que tienen las áreas protegidas en las personas que viven en distritos aledaños a estas. En las zonas de estudio, se concluyeron que este efecto es positivo.
“Estos efectos económicos positivos están relacionados con una mejora a la infraestructura, lo que a su vez tiene un impacto en la reducción del efecto de desastres naturales”.
El economista considera que el factor más importante a tomar en cuenta, a partir de los resultados de los estudios, es cómo influye el posicionamiento de estas áreas protegidas con respecto a la población, en la reducción de la tasa de desastres.
“Hay zonas donde el área protegida se ubica por debajo de la población, cuenca abajo. Ahí no encontramos muchos efectos. Pero cuando se ubica por encima de la población, ahí sí se ven efectos importantes en términos de número de desastres”, dijo.
Esto debido a los dos grupos de efectos que producen las áreas protegidas, de acuerdo con Robalino. Por un lado, los hidrológicos, procesos naturales como la regulación de agua, que reducen la incidencia de desastres.
El segundo grupo son los efectos indirectos, producto de acciones del ser humano (como la construcción de estructura adicional en los parques nacionales), que aumentan la incidencia de los mismos.
Los resultados de la investigación indican que todos los distritos que tengan un área arriba son afectados por los efectos tanto indirectos como hidrológicos de esta. En el caso de las comunidades donde el área protegida se encuentra por debajo del poblado, este solo se ve afectado por los efectos indirectos.
Robalino explicó que, como zonas de estudio, escogieron los distritos donde más claramente se puede apreciar el posicionamiento de las áreas protegidas con respecto al asentamiento de la población.
Dentro de los principales factores de incidencia de desastres naturales, señaló la cantidad de precipitación que ocurre en un lugar y la infraestructura del distrito.
“Hay diversos factores que afectan en la incidencia de desastres. Lo que hicimos fue generar información sobre cantidad de precipitación y otro montón de cosas que tienen que ver con aspectos socioeconómicos y geográficos, para asegurarnos que esas variables no sean las que realmente están explicando la diferencia, a la hora del estudio”.
Robalino explicó que, de esa forma, podían asegurarse de que el efecto en los distritos provenía de la posición del área protegida cercana, y no de esas otras variables.
El economista aclaró que el siguiente paso a tomar es divulgar los resultados de la investigación. Además, aseguró que seguirán trabajando en los estudios con el objetivo de hacerlos más detallados.
Robalino explicó que además buscan hacer una relación entre las áreas protegidas y cómo estas tienen la capacidad de prevenir algunos de los problemas de salud que pueden traer consigo varios de los desastres naturales, como las inundaciones.
Minimizar las pérdidas
La otra investigación que formó parte de este encuentro en la UCR la presentó Mario Ordaz, Ingeniero Civil e Ingeniero en Estructuras de UNAM, quien construyó un “modelo catastrófico” para intentar predecir cuántos desastres de un tipo específico pueden ocurrir en un futuro y con qué frecuencia.
Esto, junto con los mecanismos de transferencia de riesgos, tiene como objetivo final estabilizar el flujo de pagos que se realizan para enfrentar las secuelas de catástrofes naturales.
Ordaz explicó que el estudio de los desastres está dividido en tres módulos principales: exposición, vulnerabilidad y amenaza.
A partir de un cálculo que se realiza tomando en cuenta esos tres factores, es posible hacer una estimación de la frecuencia con la que ocurrirán determinados desastres naturales y, de acuerdo con su magnitud, las pérdidas que pueden generar.
Partiendo de esos datos, se genera un promedio de pérdidas anuales, el cual permite generar un flujo de pago estabilizado, donde se tiene previsto el gasto anual que debe hacerse por desastres naturales, y que así se evite la exposición a picos bruscos de pérdidas, como suele suceder.
Ordaz señaló que, al ser los grandes desastres poco frecuentes, es casi imposible construir modelos empíricos de su siniestralidad.
El experto explicó que los datos más escasos sobre eventos catastróficos son los de pérdidas. Pero dijo también que hay otros datos que son más fáciles de recolectar.
Por ejemplo, los de temblores de menores magnitudes, que son más frecuentes.
También dijo que una de las técnicas que se utilizan para tratar de predecir cuándo van a ocurrir temblores grandes es a partir de las frecuencias con las que están ocurriendo los temblores más pequeños.
“Cada vez que hay un temblor calculamos la magnitud y registramos la localización del evento. Aunque sea con eventos pequeños, se van estableciendo relaciones entre la magnitud, la distancia y los movimientos del terreno, que después nos ayudan en esas estimaciones”, explicó.
Ordaz explicó que, aunque los datos son escasos y no alcanzan para construir un modelo empírico, al ensamblar esto con la información que obtienen a través de otros métodos más precisos es posible obtener un modelo catastrófico eficaz.
El ingeniero también considera que este modelo es una opción de implementación viable para el Estado.
Según explicó Ordaz, el Estado toma el riesgo que le ceden los ciudadanos y tiene que aprender a administrarlo. Al ser el administrador de riesgo de todo el país, también se enfrenta a un flujo de pagos muy volátil.
“Hay años buenos, en que no hay que pagar nada; y de repente, un año hay una gran catástrofe y hay que pagar veinte veces la pérdida anual promedio”,dijo.
El ingeniero asegura es que factible que el Estado adopte el modelo catastrófico, precisamente para evitar estos cambios bruscos en las pérdidas anuales por desastres.
“En muchos países el aseguramiento proviene de fuentes privadas, pero hay otros países donde el aseguramiento catastrófico proviene directamente del Estado. Es factible, pero eso no quita que se tengan que administrar cuidadosamente los fondos”, concluyó.
