Si bien el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) echó para atrás el acuerdo que, en 2009, aumentó de 3% a 5,5% el porcentaje de anualidad que se paga a los empleados de la institución, en la práctica el monto que se pagará aún debe ser definido por la comisión que negocia una nueva Convención Colectiva.
El acuerdo que fue ratificado el 27 de abril pasado deroga los efectos del acuerdo 2 de la sesión N.º 5390 del 29 de septiembre del 2009 en el que el Consejo extendió a todos los trabajadores lo dispuesto por la Ley de Incentivos Médicos, incrementando la anualidad en 2,5 puntos porcentuales adicionales.
En lo formal, la decisión del Consejo Universitario devuelve la anualidad a un 3%, pero en la práctica el porcentaje para lo que resta de este 2017 seguirá siendo el 5,5%, y lo que se debe aplicar a partir del 1° de enero del 2018 es aún una incógnita que la Administración universitaria debe resolver junto al Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu) al definir los términos del acuerdo de trabajo que debe sustituir al firmado en 1992 y que venció el pasado mes de marzo.
Como en todo este proceso alrededor de las anualidades, las discrepancias entre la Administración y el Sindicato salieron a relucir nuevamente, pues en criterio del Sindeu la decisión solo entorpece las negociaciones, mientras que la Rectoría considera que con esto se devuelve a la comisión negociadora sus potestades.
INCONFORMIDAD
En la sesión del 27 de abril, a favor de devolver el porcentaje de anualidad a un 3% votaron el rector Henning Jensen, el director del Consejo, José Francisco Aguilar; así como Yamilet Angulo (Área de Salud), Marlen Vargas (Sedes Regionales), Jorge Murillo (Ciencias y Letras), Sindy Vargas (Colegios Profesionales) y Carlos Humberto Méndez (Ciencias Agroalimentarias).
En contra votaron Teresita Cordero (Ciencias Sociales), Iris Karina Navarro (Feucr), Warner Cascante (Administrativo) y Hazel Chinchilla (Feucr).
El secretario de conflictos del Sindeu, Rodrigo Aymerich, consideró el acuerdo como una “flagrante violación” de la Convención Colectiva y aseguró que esto obligará al Sindicato a presentar recursos legales ante instancias nacionales e internacionales.
Aymerich consideró que con este acuerdo se está irrespetando el proceso de negociación de la nueva Convención Colectiva y un proceso que, al respecto, está pendiente en la Junta de Relaciones Laborales, el cual aseguró, no se ha podido completar pues a la Administración le falta nombrar un representante.
“Si hay dos procesos activos como estos, el acuerdo del Consejo es una violación al debido proceso, a la Constitución Política y a acuerdos internacionales. Sindeu va a hacer la defensa que corresponde”, apuntó Aymerich.
Al respecto, la secretaria general del Sindeu, Rosemary Gómez, explicó que el proceso ante la Junta de Relaciones Laborales se debe a que la anualidad está respaldada en el artículo 79 de la Convención Colectiva, por lo que si había dudas de la interpretación, sería este órgano el encargado de dirimir la diferencia de criterio.
Esta gestión se concretó con la presentación del oficio JDC-SINDEU-158-2015 del 5 de noviembre del 2015, en el que el Sindicato denuncia por incumplimiento o lesión de la Convención Colectiva de Trabajo al Rector, y solicita la interpretación del artículo 79, que como indicó Aymerich, aún no se ha resuelto.
La otra gestión pendiente es la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional bajo el expediente 16-013968-0007-CO, que también está pendiente de resolución y que podría tener efectos sobre la decisión tomada.
Al respecto, el Consejo Universitario en su acuerdo del 27 de abril tomó este pendiente en consideración y estableció que “Este acuerdo solo podrá ser modificado en virtud de la resolución de la Sala Constitucional sobre este asunto, cuyos términos son vinculantes”.
Sin embargo, tanto para Gómez como para Aymerich, esta “salvaguarda” al acuerdo en espera de lo que resuelva la Sala Constitucional, lejos de arreglar el problema trae consigo un irrespeto por la autonomía universitaria.
“¿Donde queda la autonomía? Eso es sumamente delicado. Igual pasó cuando el Consejo no tomó una decisión en el caso del rector (relacionado con el nombramiento de la hija de Henning Jensen en el Centro Infantil Laboratorio). No es posible que la Universidad esté actuando así, estamos abriendo la autonomía, no somos capaces de tomar decisiones internas”, reclamó Gómez.
Gómez aseguró que este acto del rector y del Consejo Universitario lo que hace es romper con la buena fe que venía imperando en la comisión que negocia la nueva Convención Colectiva, donde ya se ha avanzado en algunos acuerdos.
“Hemos estado anuentes al diálogo, hemos estado trabajando bien y queremos ver qué nos dice la Administración, porque transgredió todo lo que hablamos en la mesa negociadora. Pareciera que la comisión es “mantequilla” porque el rector va y toma decisiones aparte con el Consejo”, añadió la líder sindical.
Para Rodrigo Aymerich, este acto afecta el clima de la negociación de la Convención Colectiva que se está llevando a cabo y se constituye en mensaje de imposición de parte de la Administración, en complicidad con algunos integrantes del Consejo.
La extensión de la Convención Colectiva que venció en marzo se termina el próximo 3 de septiembre; y de acuerdo con Aymerich, ya se tienen 26 acuerdos “verdes” (acuerdos en los que no existe gran diferencia de criterio entre las partes) y para esta semana se iniciaba la negociación de otros 26 acuerdos “amarillos” en los que la discusión será mayor.
Desde el Sindeu aseguran que está valorando qué acciones tomar tras lo decidido por el Consejo Universitario, pero afirman que serán “implacables” en la defensa de la Convención Colectiva.
“No es una rebaja salarial”
El rector de la UCR, Henning Jensen, afirmó que la derogación del acuerdo del Consejo Universitario en 2009 más bien “abre las puertas” a la negociación de la Convención Colectiva pues vuelve a reconocer al sindicato y a la Administración como los interlocutores válidos en el tema laboral.
“En 2009 el Consejo tomó un acuerdo sin tener las competencias correspondiente para referirse a asuntos laborales y salariales, entonces el acuerdo del 2009 persistía como un obstáculo para poder devolver el tema de la anualidad a los actores que sí son competentes, que son el Sindeu y la Administración universitaria”, comentó el rector.
Jensen explicó que este acuerdo lo que hace de manera automática es reducir el monto de la anualidad del 5,5% al 3%, pero no tendría efecto para este 2017, pues ya se había presupuestado el pago del 5,5% para el presente año.
La anualidad se paga en un 50% a partir del 1 de enero del año siguiente, y la otra mitad se acredita cuando el funcionario cumple otro año de servicio en la institución, por lo que el nuevo porcentaje a aplicar dependerá de la negociación que mantiene la Administración con el sindicato sobre una nueva Convención Colectiva.
Jensen también salió al paso de las suspicacias que genera que el acuerdo se tome en media semana universitaria: “Nunca hay un buen momento para tomar acuerdos, si no es Semana U, es interciclo o cerca de las vacaciones. Más bien en Semana Universitaria hay un ambiente en que se presta mayor atención a estos temas y hay mayor libertad para hacer concentraciones”.
Jensen rechazó que este acuerdo implique un “rebajo de salario” pues la anualidad es un componente que se agrega al mismo, y el efecto que tendría este acuerdo es que haría crecer las remuneraciones a un ritmo menor.
La Administración mantiene como propuesta en la negociación de la Convención Colectiva que se aplique una anualidad de manera escalonada, que vaya disminuyendo conforme aumentan los años de servicio del funcionario en la UCR.
Beneficio se mantiene
El director del Consejo Universitario, José Francisco Aguilar, confirmó que la aplicación del acuerdo que rebaja la anualidad no afectará el porcentaje pagado durante el 2017 y que serán la Administración y el sindicato quienes definan el nuevo porcentaje a aplicar el próximo año.
Aguilar recordó que previo a tomar esta decisión, el Consejo Universitario había dado un espacio de tiempo para que el sindicato y la Rectoría se sentaran a definir un nuevo porcentaje, pero este acuerdo nunca llegó y el Consejo retomó entonces su dictamen del 2015 sobre la necesidad de derogar el acuerdo de 2009.
Para Aguilar, es claro que el Consejo Universitario no tiene las potestades necesarias para definir un porcentaje de anualidad, pues esto corresponde a la negociación entre la Administración y la representación de los trabajadores, por lo que este acto busca “limpiar” la mesa de negociación y evitar que una situación como la del 2009 se vuelva a repetir.
Aguilar aseguró que la decisión de hace ocho años ha provocado que la relación entre salarios base y anualidades se invierta, y que el plus salarial sea ahora más grande en el pago de muchos empleados universitarios que el mismo salario base.
“Apelamos, como trabajadores que somos, a que el Sindicato y a la Administración busquen los buenos puntos de encuentro en procura de la salud financiera de la institución. El Consejo debe apartarse y que sean las partes las que definan este porcentaje”, comentó el director.
Respecto de la consideración sobre lo que diga la Sala Constitucional, Aguilar aseguró que la UCR respetará lo que ese ente resuelva al respecto y que se tomó esa previsión pensando en que la resolución final vendrá de fuera del claustro universitario.
Sobre la situación de los profesionales en Ciencias de la Salud a los que se les aumentó el porcentaje de anualidad por la Ley de Incentivos Médicos, tanto Aguilar como el Sindeu concordaron en que ese grupo tiene el derecho garantizado y no se verán afectados.
Para Aguilar fue un error del Consejo el extender el beneficio a todos los empleados y aseguró que la nueva jurisprudencia hace una distinción entre quienes ejercen las profesiones en ciencias de la salud y la labor estrictamente docente.
Sobre el ambiente de la votación, Aguilar aseguró que como director siempre buscó que se dieran consensos y se dio espacio al Sindeu para que expusiera su posición a los miembros del Consejo que no habían estado en la discusión del 2015.
Asesoría Legal recomendó no modificar el acuerdo de 2009
El asesor legal del Consejo Universitario, José Pablo Cascante, recomendó el año anterior a ese órgano universitario “abstenerse” de modificar o derogar el acuerdo que en el año 2009 incrementó el porcentaje de anualidad de 3% a 5,5%.
Así quedó establecido en el documento CU-AL-16-08-038 del 22 de agosto del 2016 dirigida a la entonces representante del Área de Ciencias Sociales, Rita Meoño Molina, como respuesta a la solicitud de criterio que hizo a la asesoría legal sobre la solicitud que hizo el Sindeu para que este acuerdo no fuese tocado.
En su argumentación, Cascante expone sobre la naturaleza del salario como una unidad, independientemente de los componentes que tenga (salario base más pluses) y que se trata de un asunto estrictamente laboral, por lo que en criterio del abogado, el Consejo Universitario no debe tomar decisiones en materia laboral, independientemente de que lo haya hecho antes.
“No debe el Consejo Universitario intervenir, dado que no es de su competencia estatutaria, en decisiones relacionadas con aspectos que pertenecen al orden de lo laboral, siendo el salario naturalmente parte de esa materia, pues, tal y como se citó antes, en el Estatuto Orgánico esa competencia está reservada para la Rectoría”, dice el criterio legal.
Cascante también recuerda que la Convención Colectiva como marco jurídico de la relación laboral entre la institución y los trabajadores, es negociada por la Administración y el Sindicato; y se trata de un convenio que jurídicamente tiene sustento constitucional.
El abogado recordó que el aumento de la anualidad en 2009 se dio como una disposición unilateral incluida en el presupuesto, sin negociación con el Sindicato. Luego se tomó como acuerdo expreso de aumentar el porcentaje, pero ya la decisión estaba contenida en la aprobación de este presupuesto.
Cascante advirtió al Consejo que en materia laboral rigen los principios de progresividad y no regresividad, además de que en esta materia se atienen a la interpretación más favorable para el trabajador por considerarse la parte más débil; por lo que una eventual condena judicial puede traducirse en una erogación aún mayor que la que significan actualmente el pago de anualidades.
El criterio legal también considera “claro” lo establecido por el artículo 79 de la Convención Colectiva, que estipula que “las disposiciones, contratos y costumbres que superen los beneficios establecidos o que no estén expresamente contemplados se mantendrán vigentes”.
En las conclusiones, el asesor del Consejo considera que derogar o modificar el acuerdo de 2009 es “jurídicamente peligroso e inconveniente, pues si con ese acto se pretende modificar la situación jurídica de los trabajadores que se consolidó a partir de ese momento, existe una alta probabilidad de que prosperen acciones judiciales que, al exponer el cuadro fáctico aquí analizado, probablemente conducirán a la Universidad a condenatorias judiciales”.
