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Análisis de la UCR destaca puesto de Segunda Vicepresidencia frente a proyecto para eliminarla

Diputados, mediante proyecto de ley, buscan eliminar la Segunda Vicepresidencia de la República. Politólogos señalan la importancia del puesto para garantizar una óptima administración.

Contrario a lo que un grupo de diputados de diversas fuerzas políticas impulsa en la Asamblea Legislativa, dos politólogos de la Universidad de Costa Rica (UCR), con una investigación en la mano, rechazan la pretensión de eliminar la Segunda Vicepresidencia de la República por considerar el puesto destacado, representativo de sectores y necesario.

Adrián Pignataro y Eugenia Aguirre, politólogos de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, explican que la principal función consignada a ese puesto establecido por elección popular es “la sustitución absoluta o temporal de la persona que ocupe la presidencia”, según lo establecido en la Constitución Política.

En Costa Rica, los vicepresidentes han ejercido cargos formales como ministros y coordinadores de consejos presidenciales, al tiempo que han presidido la Comisión Nacional de Emergencias y dirigido el Consejo de Seguridad Nacional.

Pignataro argumenta que en Costa Rica los vicepresidentes han cumplido una labor destacada, a pesar del bajo reconocimiento:

“El proyecto obvia la evidencia sobre el desempeño de las vicepresidencias y se fundamenta únicamente con el objetivo de reducir el gasto público, ignorando las consecuencias”, Eugenia Aguirre

“Las personas vicepresidentas han liderado tareas de alto relieve nacional, por ejemplo, en la atención de la emergencia por el Huracán Juana (Jorge Manuel Dengo), en el impulso de legislación sobre la igualdad de la mujer (Victoria Garrón) (…) en la coordinación del Plan Franja de Desarrollo de la Zona Norte (Epsy Campbell)”, agregó Pignataro.

Además, ambos demostraron que la vicepresidencia “es un espacio de representación ampliada para grupos que no siempre tienen presencia en otros puestos”, ya que más de un 40% de las candidaturas han sido mujeres.

El puesto también permite el desarrollo de carreras políticas. “De los 26 vicepresidentes y vicepresidentas de Costa Rica (…) 5 han optado por presentarse como candidatos y candidatas presidenciales luego de ejercer como vicepresidentes”, afirman Pignataro y Aguirre, quienes nombran a Lineth Saborío y Laura Chinchilla como ejemplos de este proceso.

Pignataro afirma que la eliminación de este puesto significa un ahorro ínfimo como porcentaje del presupuesto. Igualmente, “reducir el número de vicepresidentes limita la posibilidad de la presidencia y su capacidad para ejecutar un programa.”

Aguirre explica que el proyecto N.º 21.407 no debería aprobarse debido a que “obvia la evidencia sobre el desempeño de las vicepresidencias y se fundamenta únicamente con el objetivo de reducir el gasto público, ignorando las consecuencias.” Agrega que la comisión debe tomar una decisión basada en los estudios existentes al respecto.

Modernización del Gobierno

Durante los días la Asamblea Legislativa estudiará el proyecto de ley Nº 21.407. La iniciativa ingresó al Plenario en mayo del 2019 y busca la eliminación de la figura de la Segunda Vicepresidencia de la República.

La reforma se propone con el objetivo de “contribuir en la modernización de nuestras estructuras de gobierno, ahorrar recursos y aumentar la eficiencia de la administración”, según se señala en el documento.

El proyecto fue presentado por los diputados Walter Muñoz, Dragos Dolanescu, Aracelly Salas, Patricia Villegas, Marulin Azofeifa, Rodolfo Peña, Zoila Volio, Óscar Cascante, Erwen Masís y Shirley Díaz.

“Hace 70 años cuando se promulgó la actual Constitución Política las circunstancias de nuestro país eran muy distintas y la expectativa de vida era corta, por eso, establecer la figura de dos vicepresidencias de la República fue un acierto en ese entonces.” Explican los diputados en el documento.

Cinco son los legisladores que conforman la comisión encargada de estudiar la viabilidad de la reforma de ley: Aida Montiel, Catalina Montero, José María Guevara, Eduardo Cruickshank y Walter Muñoz, todos miembros de la comisión, que deberá rendir un informe al Plenario Legislativo sobre el proyecto.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa dio un plazo de 20 días para la entrega de dicho informe por parte de la comisión. El periodo vence a mediados de abril.

Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional, propuso consultar a los expresidentes de la República sobre la viabilidad del proyecto, moción que fue aprobada por la comisión.

Diputados quieren eliminarla

 La figura de la vicepresidencia nace en Estados Unidos, como un puesto para sustituir a la presidencia y desempatar votos en el Senado. En el país, fue en la Constitución de 1949 donde se estableció la doble vicepresidencia.

El puesto es otorgado simultáneamente con el presidente. Costa Rica no es el único país que cuenta con este cargo, en Panamá, Perú y El Salvador también se maneja la figura de la Segunda Vicepresidencia.

Para los diputados que buscan eliminar la vicepresidencia, “ambos cargos carecen de atribuciones y competencias definidas, no aparecen como parte del Poder Ejecutivo, presidente de la República y los ministros de Gobierno conforme al artículo 130 constitucional”.

Agregan que por la falta de responsabilidades se les ha nombrado en otros cargos donde no han tenido un desempeño exitoso.

“Ejemplo reciente de esto se dio en la presente administración cuando se nombró a la primera vicepresidenta como canciller, (Epsy Campbell) sin embargo, dicha asignación no resultó exitosa durando tan solo unos pocos meses en la Cancillería”, se detalla en el proyecto de ley.

Sumado a ello, argumentan que se considera un cargo de “relleno” y es un puesto innecesario que únicamente representa un mayor costo económico para el país.

“Hay expertos politólogos que consideran que este cargo es un adorno, una figura innecesaria; por otra parte, un alto porcentaje de la ciudadanía desconoce tanto de las funciones del cargo como los nombres de las personas que los ocupan, sumado al costo económico que representa para el Estado”, se especifica en el expediente N.º 21.407.

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