- Autoridades alegan que no recibieron las medidas cautelares.
El director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez Espeleta, acusó al centro educativo de actuar “precipitadamente” a la hora de talar 59 árboles en ‘Finca 3’ (Instalaciones Deportivas), sitio donde se planea construir el nuevo edificio de la Facultad de Odontología.
Gutiérrez escribió en una comunicación oficial (firmada el 11 de enero) que la institución actuó de manera cuestionable a la hora de cortar los árboles entre el 21 y 25 de diciembre, tomando en cuenta que varios vecinos habían interpuesto un recurso de amparo contra la construcción desde varios meses atrás.
Sobre este tema, el académico indicó que la UCR conocía la existencia de la acción en su contra, puesto que esta había sido recordada al vicerrector de Administración, Carlos Araya, en un par de ocasiones.
Según Gutiérrez, tanto él como la Comisión Foresta Universitaria (CFU), habían solicitado replantear la tala los días 13 y 16 de diciembre, a través de un oficio dirigido a la Comisión de Planta Física (CPF) y una comunicación personal (correo electrónico).
Por su parte, el vicerrector Araya aseguró a UNIVERSIDAD que no conoció la existencia de estas comunicaciones hasta que las vio mencionadas en el comunicado de Gutiérrez, puesto que ambas fueron enviadas a las direcciones equivocadas y en los momentos equivocados.
“Ellos mandan el oficio, pero lo mandan a Carlos Araya como coordinador de la CPF, entonces ese oficio se va a la secretaría de esa comisión y se archiva para verla en el próximo encuentro. Ya el 16 de diciembre (cierre institucional) me envían el oficio como vicerrector al filo del mediodía, y yo no lo vi”, explicó.
No obstante, Araya también aseguró que la tala se detuvo oportunamente cuando así lo requirieron las autoridades del Poder Judicial, una vez que un profesor alertó al rector Jensen sobre el establecimiento de medidas cautelares a solicitud de varios vecinos.
“Nosotros, a la fecha que se talan los árboles, no tenemos ninguna medida cautelar notificada por la Sala. Eso sí, cuando un profesor advierte al señor rector de la situación, se detiene el proceso, aunque contaba con el visto bueno del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena)”, afirmó el jerarca.
Una vez que se detuvo el proceso, solo quedaban 16 de los 75 árboles por cortar, algo que cuestionan vecinos y sectores universitarios.
Sobre estos árboles, la administración asegura que ya no serán derribados; sin embargo, tanto la Escuela de Biología como las organizaciones vecinales aseguran que eso no mitigará el impacto de la tala, ni del resto de la construcción.
Receso institucional
Sobre las acciones universitarias, el director Gutiérrez, también cuestionó el hecho de que la tala se realizó durante el receso institucional, algo que -desde su punto de vista- entorpeció las comunicaciones oficiales e impidió que se efectuaran las notificaciones oportunas.
“¿Acaso no pudo la UCR haber pospuesto los trámites hasta enero?, ¿qué tipo de receso es este que suspende la importantísima comunicación con el Poder Judicial, pero permite la realización de un procedimiento extenso de corta de árboles?”, señaló el director.
“¿No existe otra forma de comunicar a la UCR medidas cautelares en su contra, durante un período de receso, que enviar un correo electrónico al rector?”, agregó.
Al respecto, el vicerrector Araya señaló que la Universidad simplemente realizó las gestiones ante el Minae y que fue hasta diciembre que recibieron el visto bueno para iniciar con la tala.
Consultado por UNIVERSIDAD, Araya manifestó que la Universidad no actuó para “aprovechar el cierre institucional”, sino que las gestiones fueron puramente circunstanciales.
Por su parte, el director de la Oficina de Ejecución de Proyectos de Inversión (OEPI), Kevin Cotter, aseguró que estos procesos iniciaron desde diciembre de 2014, cuando se presentó el estudio de impacto ambiental a Setena, que se aprobó hasta agosto de 2016.
Según indicó Cotter, desde ese momento solo restaba que la Universidad presentara la certificación de origen al Sinac para iniciar la tala.
Este proceso habría sido realizado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) el martes 20 de diciembre, un día antes de iniciar el proyecto.
Para Cotter, eso sí, esa decisión no fue antojadiza, sino que se ajustó a los cronogramas propuestos por la organización y al tiempo que tardó la UGA en confeccionar el documento.
“Para hacer la certificación hay que describir todos los árboles que se van a cortar y cuál es el procedimiento que se va a realizar”, explicó Cotter.
“Nunca existió una intención de ocultar el procedimiento porque, de cualquier manera, era muy evidente. En la UGA, terminan esa certificación y la presentan ese día en específico”, agregó.
Queja de fondo
Desde finales del año pasado, tanto vecinos de Mercedes de Montes de Oca como la Escuela de Biología, habían manifestado su disconformidad con los proyectos en ‘Finca 3’, ante los que argumentaron vicios ambientales y procedimentales.
Específicamente sobre la tala, el director Gutiérrez indicó que causaría un importante daño en el lugar, algo que defendió en su última comunicación argumentando el impacto negativo que tendría la pérdida en la cobertura boscosa.
“Entre otros aspectos se libera carbono de inmediato, se pierden fuentes de alimento y hábitat para numerosas especies animales y vegetales, se erosiona el suelo y se reduce el área verde”, explicó.
“Además, esas plantas y el suelo alrededor sostienen comunidades de invertebrados, que son fuentes de alimento para otros organismos o fungen como polinizadores”, agregó.
Al respecto, Gutiérrez -en nombre de la Escuela de Biología- señaló su disgusto por la posición universitaria, tanto por descalificar la posición y el conocimiento de sus funcionarios, como por el manejo institucional de las áreas naturales.
“Estas áreas no son solamente de la comunidad universitaria, sino también de todos los ciudadanos presentes y futuros, y de todas las demás especies con las que compartimos este planeta que, igual que nosotros, merecen respeto y una buena calidad de vida”, concluyó.
En oposición a estos argumentos, tanto la OEPI como la Rectoría defienden la viabilidad ambiental de los proyectos, incluido el que ocasionó la corta de los árboles.
Para los entes, estos proyectos además son necesarios para cumplir con la función educativa de la Universidad, principal objetivo institucional.
Actualmente se tramitan 26 proyectos de infraestructura (22 construcciones) en la Sede Rodrigo Facio, de los que cuatro -incluido el edificio de Odontología- se desarrollarán en las Instalaciones Deportivas.
Según indicó Cotter a UNIVERSIDAD, todas estas construcciones siguen en pie por el momento, puesto que la única indicación de la Sala Constitucional fue detener la corta de los árboles el 25 de diciembre.
