Universitarias Foro CIEP UCR:

Acceso a la información en Centroamérica está obstaculizado por la corrupción

Los periodistas de Honduras, Guatemala y El Salvador enfrentan impedimentos para la obtención de datos oficiales, e incluso pueden ser detenidos por publicar información.

El acceso a la información pública en Centroamérica está obstaculizado por la corrupción, según lo narrado por periodistas de los medios de comunicación Contracorriente (Honduras), Agencia Ocote (Guatemala) y El Faro (El Salvador), durante el foro Lucha contra la corrupción desde el periodismo de profundidad. Experiencias centroamericanas.

Durante el foro organizado por el Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebrado el pasado viernes 24 de junio, los periodistas centroamericanos detallaron la coyuntura de cada país y explicaron que no solo enfrentan impedimentos para la obtención de datos oficiales, sino que incluso corren el riesgo de ser detenidos por publicar la información.

Honduras

Jennifer Ávila Reyes, cofundadora del medio hondureño Contracorriente, expresó que el periodismo enfrenta obstáculos para el acceso a la información pública, dado que existe poco conocimiento técnico sobre cómo investigar redes de corrupción, sus mecanismos y patrones.

En el caso de Honduras y sus marcos de obtención de información pública, Ávila mencionó que el país cuenta con la Ley Acceso a la Información Pública, la cual tiene como garante al Instituto de Acceso a la Información Pública. Además, en 2018 firmó la Declaración como Estado Abierto, y en 2020 oficializó la adopción de la Corte Internacional de Datos Abiertos.

“El periodismo libre y plural es una herramienta fundamental en las democracias […] Es un periodismo comprometido con la construcción de miradas complejas y críticas sobre la realidad, que mira e interroga sistemáticamente el contexto para ir más allá de lo aparente”, Lidieth Garro

Sin embargo, la cofundadora de Contracorriente mencionó que también existe una “discrecionalidad muy grande para el tema de las reservas de información” en Honduras. De acuerdo con Ávila, a pesar de que existe transparencia en el país, esta no ha prevenido la corrupción.

Por tanto, la periodista comentó que la corrupción no debe ser interpretada solo como un robo, sino también como evasión fiscal, tráfico de influencias, contrataciones fraudulentas, malversación de fondos, opacidad empresarial, casos no resueltos y clientelismo (uso de fondos públicos para campañas políticas o mecanismos indebidos para financiar partidos).

Ávila amplió que la corrupción en Honduras, previo al 2015, era una noción abstracta y normalizada, hasta que la ciudadanía comenzó a exigir “un sistema de justicia independiente que investigara el saqueo del Estado”.

En consecuencia, la cofundadora explicó que Contracorriente nació como un medio de formación periodística, que a la vez le daba respuesta a las exigencias de la población. “Somos una plataforma también para la ciudadanía, para que se exprese. Y nuestra promesa editorial es la apuesta por una sociedad democrática”, añadió Ávila.

Guatemala

En el caso del medio guatemalteco Agencia Ocote, la periodista Alejandra Gutiérrez Valdizán expuso que Guatemala se encuentra en un estado de alerta, dado que se han ido degradando los mecanismos para acceder a la información pública, así como los que garantizan el control y la transparencia.

Sobre la reducción al acceso de la información pública, la cofundadora de Ocote amplió que en Guatemala no hay conferencias de prensa, los funcionarios no otorgan entrevistas y los registros, que antes eran gratuitos o con precios bajos, han subido su costo. Encima, añadió que los procesos judiciales están siendo cerrados para el público.

“Observamos cómo se van cerrando estos espacios, cómo se va rompiendo la división de poderes. Se reducen los espacios democráticos y se reduce también esa posibilidad del descenso de la diversidad de ideas. Es el avance, para mí, de un Estado totalitario”, sentenció Gutiérrez.

En cuanto a la corrupción, la expositora señaló que la impunidad en Guatemala “se volvió un hábito”, siendo esto un asunto relacionado con el acaparamiento del poder militar, económico y político, los cuales se entrecruzan entre sí.

Con esto, Gutiérrez agregó que en su país existe la judicialización y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, del ambiente y la prensa. Por esto, de acuerdo con la expositora, ejercer el periodismo en Guatemala es actuar “frente a la amenaza de un Estado totalitario que busca la unificación de las ideas, el control de la opinión pública, la represión de la protesta”.

El Salvador

Sergio Aráuz, periodista del medio salvadoreño El Faro, explicó bajo su exposición Cómo se desmantela una democracia que el gobierno de Nayib Bukele “mató la información pública”; partiendo que se realizaron cambios a través de decretos ejecutivos y se modificaron los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Según amplió Aráuz, desde entonces “se empezó a hacer casi inútil” pedir información oficiosa, datos de viajes de asesores y datos de probidad; los cuales antes eran de acceso público.

Además, Araúz añadió que en marzo de 2022, luego del hito de violencia en donde murieron 87 personas tras el rompimiento de pacto entre pandillas y el gobierno, el presidente salvadoreño anunció que suspendería ciertas “garantías constitucionales”. Según el periodista, lo anterior fue una “excusa” para defender a la población de los pandilleros, pero que los ha privado de derechos fundamentales durante tres meses.

“El gobierno puede intervenir todas las comunicaciones de las personas. Es natural y normal que un soldado en la calle te detenga y te pida tu teléfono celular para revisarte todo. Si el soldado quiere también te puede detener y no necesita explicarte las razones de tu detención”, comentó Aráuz.

De igual manera, el periodista comentó que desde inicios de 2019 el presidente Bukele “posicionó a la prensa como adversarios”, así como a organizaciones de sociedad civil activistas y los movimientos disidentes. Actualmente, con la reciente aprobación de la Ley Mordaza, explicó que la reforma castiga con 15 años de cárcel a los medios y periodistas que transmitan mensajes específicamente de las pandillas.

Sin embargo, Aráuz comentó que desde El Faro no han renunciado a publicar hechos al respecto, a pesar de que se encuentran en riesgo y a juicio de algún funcionario que pueda determinar que están violentando la Ley y, por consiguiente, sea legal la detención de los periodistas.

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