Pasadas 24 horas desde que inició la toma del edificio de Dirección de la Sede Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR) este miércoles a las 5:00 p.m., el grupo identificado como Asamblea General Autónoma SO se mantiene en dicha infraestructura y sin la apertura para negociar con la administración regional del recinto.
Así lo confirmó a UNIVERSIDAD la directora de la sede Roxana Salazar, quien añadió que es una situación muy compleja, pues -aunque comparten muchas de las exigencias del grupo manifestante- estas no pueden ser resueltas de manera expedita, ni mucho menos desde la sede que comanda.
Estas intenciones rayan principalmente en la renegociación del presupuesto para la educación pública del año 2018, de manera que cumpla el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) establecido por ley; así como la satisfacción del compromiso gubernamental de girar un 1,5% de la producción al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Además, en un amplio comunicado, la agrupación exigió puntos como el reconocimiento estatal de que su crisis de liquidez “es consecuencia de la evasión fiscal equivalente a un 8,2% del PIB”, además de la renuncia del actual rector Henning Jensen por sus cuestionamientos actuales y una redistribución interna de los recursos universitarios en beneficio de sus sedes y sus recintos.
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En materia de presupuesto, Salazar señaló que -al igual que el grupo- considera “mínimo” el crecimiento del 3,7% del FEES, ante lo que manifestó que “se va a luchar porque se sabe que hay problemas de liquidez que inevitablemente generarán debilitamientos”.
“Nosotros no somos enemigos y sabemos que necesitamos un presupuesto justo. Esto nosotros lo compartimos y sólo deberíamos negociar qué porcentaje”, señaló la funcionaria.
“Deberíamos tener más presupuesto para que más jóvenes que quieren entrar a la UCR puedan hacerlo y salir de situaciones de pobreza, porque muchos de los jóvenes son becados 5 y sacan a sus familias de la pobreza, especialmente en nuestra sede”, agregó.
No obstante, Salazar no ocultó su disgusto por la forma en la que el grupo tomó el edificio para manifestarse, puesto que -desde su punto de vista- inhabilitar la Dirección de la Sede es incluso contraproducente para su gestión y sus operaciones en la defensa presupuestaria.
“Ellos han tenido mi apoyo en las luchas, pero no nos parece esa metodología de majarnos la cola (…) Estamos de acuerdo en varios aspectos, pero con lo que no estamos de acuerdo es con la metodología que están aplicando estos muchachos, que están entorpeciendo la labor de nosotros mismos”, subrayó.
En esta línea, también reprochó que ingresaran con sus rostros encapuchados, pues la situación generó incertidumbre y angustia en los funcionarios a los que desalojaron.
Sobre la resolución del conflicto, la directora señaló que “es muy complicado” que se puedan resolver muchas de las inquietudes externadas por el grupo, en vista de que son sumamente amplias y no pueden ser atendidas directamente por la administración que dirige.
Eso sí, la funcionaria señaló que el anuncio del presupuesto para el año 2018 coincidió con un periodo en el que se presentaron algunos problemas de nombramientos en Occidente, lo que pudo haber motivado a que los estudiantes actuaran con mayor determinación y disgusto por el acuerdo del FEES a la baja.
“Este semestre, nosotros tuvimos problemas presupuestarios con la Vicerrectoría de Docencia, hubo nombramientos que se hicieron hasta hace una semana todavía y, aunque esto no está absolutamente relacionado, ellos quedaron molestos”, apuntó.
En cuanto a las negociaciones, Salazar comentó a UNIVERSIDAD esta mañana que el proceso se mantenía en pie y se buscaría ayudar al grupo tanto como fuera posible; sin embargo, consultada sobre la situación esta tarde afirmó que el proceso de diálogo se rompió por la indisposición del grupo a revelar la identidad de algunos de sus miembros y la inflexibilidad de sus exigencias.
Al respecto, la directora señaló que coordinarán acciones con la administración general universitaria en la Sede Rodrigo Facio, de forma que se establezca un marco de acción que permita reanudar labores administrativas en Occidente, como son los procesos de graduación, las convalidaciones, los nombramientos y demás trámites del mismo corte.
