Con el objetivo de impulsar el reconocimiento del acceso a internet como un derecho humano para todas las personas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) tomó el acuerdo de declarar el 2021 el “Año de las Universidades Públicas por la conectividad como derecho humano universal”.
Así, Conare y cada una de las universidades estatales articularán esfuerzos para “promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional, como derecho fundamental, indispensable para ejercer la libertad de pensamiento y de expresión, cuyo acceso debe ser garantizado y protegido”, según un comunicado emitido por la institución este jueves.
Las casas de enseñanza trabajarán “desde su vocación humanística, democratizadora, que guía a la academia para promover el acceso a internet como un derecho humano, contribuyendo al orden social y a la conformación de una sociedad más justa”.
La declaratoria se realiza tras meses de una pandemia que ha revelado grandes desigualdades en el acceso a internet y a la tecnología en la sociedad costarricense, situación que ha afectado gravemente a estudiantes universitarios.
Antes de que empezara la crisis, el 86,3% de los habitantes del país tenía acceso a Internet de algún tipo, según datos presentados este año por la Sutel con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2019. El 60% de los encuestados mencionó el celular como principal forma de acceso; el 31% usa principalmente una computadora portátil y el 8% una computadora de escritorio. https://semanariouniversidad.com/pais/coronavirus-revela-desigualdad-en-acceso-a-internet-y-presiona-al-gobierno-para-actuar-rapido/
En una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la ministra de Educación Giselle Cruz indicó que cerca 324.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual por falta de conectividad y que nueve de las 27 regiones educativas no alcanzan ni el 50% de la conexión a Internet.
A mediados del primer ciclo lectivo del 2020 varios estudiantes de distintas sedes de la UCR compartieron con Universidad las limitaciones socioeconómicas y de acceso digital que tuvieron que enfrentar para atender los cursos virtuales. Falta de cobertura de internet, acceso a dispositivos electrónicos o incluso a electricidad, así como falta de recursos para costear el servicio de internet fueron algunos de las situaciones que padecieron estos estudiantes.
En respuesta a este contexto, las universidades públicas llaman mediante la declaratoria a la acción conjunta de distintos sectores para promover y elaborar una política eficaz y concreta a fin de que Internet “resulte ampliamente disponible, accesible y asequible para todos los sectores de la población”.
Este compromiso, afirma la entidad, “representa la vocación de nuestras Universidades a favor de los derechos humanos y el progreso con justicia social” al tiempo que “plantea la urgencia de elevar la conciencia de nuestra población universitaria y de la sociedad en general para propiciar una cultura universitaria del reconocimiento de la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante, que contribuya al fortalecimiento de una sociedad más justa”.