Al igual que casi todos los sectores del país durante la pandemia del COVID-19, las universidades públicas —y en particular la Universidad de Costa Rica (UCR)— se enfrentaron con el dilema de cumplir con sus labores, bajo una creciente presión y con cada vez menos recursos a la mano.
En medio de la crisis económica y fiscal que arrastra Costa Rica, y que se agravó con esta pandemia, las universidades hicieron malabares, mientras trataban de aportar a la atención de la enfermedad, mantener la atención a las comunidades más desfavorecidas, mantener sus lecciones en una inédita virtualidad y sortear los ataques de los grupos que piden más y más recortes al sector público.
“Ha sido un año, el más complejo al que se ha enfrentado la institución en su historia, al igual que la humanidad en años recientes. Creo que lo más destacable fue la capacidad que tuvo la comunidad universitaria de adaptarse a las condiciones, la resiliencia mostrada, porque la actividad sustantiva de la institución no mermó a pesar de las situaciones”, comentó el rector de la UCR, Carlos Araya.
Para el jerarca, quien dejará su administración de transición el próximo 31 de diciembre, la institución hizo un gran esfuerzo para evitar que el estudiantado abandonara los estudios, para lo cual se tomaron medidas como la distribución de tablets y computadoras portátiles con chips de datos, además de un monto adicional en las becas para que los estudiantes pudieran pagar servicios de Internet.
“Lejos de lo que pensábamos, que iba a haber un abandono de un número importante de estudiantes, logramos que la cantidad de estudiantes se incrementara en el segundo ciclo en alrededor de 4%, siendo el segundo ciclo el segundo con mayor cantidad de estudiantes matriculados en la historia”, acotó.
Sin embargo, este año el panorama financiero para las universidades se puso cuesta arriba. Primero las casas de educación superior decidieron hacer un aporte de ¢9.800 millones para la atención de la pandemia y posteriormente se acordó postergar el giro de ¢35.000 millones de gasto de capital que formaban parte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
De esos fondos, Araya recordó que a la UCR le correspondían ¢19.000 millones, lo que obligó a realizar recortes en partidas internas, bajo la expectativa de que luego el Gobierno pueda cumplir con su compromiso de reponer esos recursos.
El rector destacó que pese a los recortes en el FEES, se logró terminar el 2020 sin déficit y con un presupuesto muy ajustado.
Preocupación por 2021
Para Araya, además de la espera por los recursos prometidos para el otro año, existen varios proyectos en la Asamblea Legislativa a los cuales se debe poner atención, pues podrían incidir directamente en el quehacer y presupuestos universitarios.
Uno de ellos es el proyecto 21.345, que es una reforma a la normativa de pensiones que impulsa el diputado Víctor Morales Mora. Araya explicó que uno de los transitorios de ese proyecto daría un plazo de 18 meses a las personas que ya se pueden jubilar en el régimen de reparto del Magisterio Nacional, o de lo contrario tendrían que concretar su jubilación bajo otro sistema.
“Pedimos cuentas claras, debo enfatizar que la transición ha sido una maravilla, con una disponibilidad total, espero para mañana (9 de diciembre) contar con ese presupuesto para el 2021 que va a ser nuestra responsabilidad y, junto con el equipo económico, tomar las mejores decisiones en términos de equidad, para que el dinero se distribuya adecuadamente”, Gustavo Gutiérrez.
Araya explicó que en la UCR se tienen identificadas 581 personas que cotizan para el régimen de reparto y que ya tienen los requisitos para la jubilación y si todas se jubilaran en esa ventana de tiempo tan corta, la institución no tendría los recursos necesarios para pagarles a todos sus prestaciones.
El rector recalcó que se trata de una posibilidad sobre la cual ya advirtió a los diputados, pues de aprobarse así como está, tendría un gran impacto financiero sobre las universidades en general.
Otro proyecto que preocupa a Araya es el de empleo público, pues explicó que al pasar a un régimen de salario único, se elimina el sistema por mérito docente, que es el que se utiliza en casi todas las universidades del mundo para que el salario corresponda a los aportes de cada docente en ese campo.
Transición positiva
Tanto el rector Araya, como el rector electo, Gustavo Gutiérrez Espeleta, calificaron como muy positivo el ambiente interno para la transición hacia la administración que iniciará el próximo 1° de enero.
“Estamos muy optimistas, estos diez días a partir del proceso electoral he visto corresponder a directores, decanos, decanas, a ese llamado que se hizo de unión de la comunidad universitaria, con muy buenas voluntades, pues es con esa comunión que vamos a poder salir adelante”, afirmó Gutiérrez.
El próximo rector hay temas que desde ya son motivo de preocupación, como la discusión a lo interno del Consejo Nacional de Rectores (Conare) de una redistribución de los recursos del FEES y la distribución a lo interno de la institución de los recursos disponibles.
“Pedimos cuentas claras, debo enfatizar que la transición ha sido una maravilla, con una disponibilidad total, espero para mañana (9 de diciembre) contar con ese presupuesto para el 2021 que va a ser nuestra responsabilidad y, junto con el equipo económico, tomar las mejores decisiones en términos de equidad, para que el dinero se distribuya adecuadamente”, apuntó Gutiérrez.
El rector electo también adelantó que su administración pretende realizar ajustes en la forma en que la UCR comunica a la sociedad sus aportes, para contrarrestar así la presión de los sectores que pretenden más recortes.
