Víctimas de Mauricio Víquez demandan al arzobispo Quirós en tribunales por permitir abusos

Presidente de la Conferencia Episcopal debe asumir responsabilidad como superior del clérigo detenido en México, según los demandantes, que reclaman una indemnización de la Iglesia cercana a los 400 millones de colones.

Tres hombres que acusaron al sacerdote Mauricio Víquez por abusos sexuales acudieron este jueves a los tribunales a presentar demanda contra al arzobispo de San José, José Rafael Quirós, por haber conocido y no haber detenido los actos que se atribuyen al clérigo ahora detenido en México.

La acusación de carácter civil señala al actual presidente de la Conferencia Episcopal en Costa Rica, máxima autoridad de la Iglesia Católica en este país, con base en el fallo canónico emitido en febrero y hecho público por este semanario en agosto.

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“Quirós conoce las circunstancias desde 2003 y nunca hizo nada para detener las actividades criminales del sacerdote Víquez”, dijo Rodolfo Alvarado, abogado de Michael Rodríguez, Anthony Venegas y Carlos Muñoz. Estos son exmonaguillos del sacerdote que será extraditado a Costa Rica en pocas semanas para afrontar cuatro acusaciones penales, incluida una por violación a un niño de 12 años.

La acusación civil contra Quirós también se acompaña de una similar contra Víquez, ambas como ampliación de la demanda interpuesta hace unos meses contra la Conferencia Episcopal como institución y contra las temporalidades de la Iglesia, dijo Alvarado. El reclamo total ronda los 400 millones de colones, precisó.

Es la primera vez que la figura del Arzobispo es denunciada ante tribunales, después de varios meses de cuestionamientos públicos a la Iglesia Católica en Costa Rica, incluyendo una denuncia por supuesto encubrimiento de Quirós presentada por las víctimas ante el Vaticano hace un año, aún sin resultados de ningún tipo.

Ellos aseguran que desde el año 2003 comunicaron las conductas de Víquez en una reunión con Quirós, quien en ese momento fungía como vicario de San José, bajo las órdenes del entonces arzobispo Hugo Barrantes, ahora jubilado.

Después de un tiempo retiraron a Mauricio Víquez de la parroquia de Patarrá de Desamparados. Era allí donde él  aplicaba su método de acercamiento a los menores de edad hasta someterlos a abusos sexuales de distintos tipos, concluyó el fallo eclesiástico por el cual se expulsó de la Iglesia al clérigo.

Hasta ahora, sin embargo, Quirós cumple con aparente normalidad sus funciones pastorales y administrativas, a la cabeza de la Conferencia Episcopal. Se consultó en su oficina por esa acusación y esta fue la respuesta: “No hemos sido notificados de la demanda, por lo que no podemos pronunciarnos sobre la misma. Reiteramos lo dicho anteriormente sobre este tema en cuanto a la participación de Monseñor Quirós en estos hechos y negamos cualquier encubrimiento de los mismos”.

Los argumentos de Quirós se resumen en que él no era entonces la autoridad eclesiástica, que los denunciantes le pidieron no esparcir la información y que igual a Víquez después se le separó de la parroquia de Patarrá, aunque después siguió ejerciendo como vocero eclesial en asuntos de familia y fue nombrado en otros cargos por el propio Quirós.

La sentencia canónica del 25 de febrero es el principal sustento de la acusación civil presentada hoy, pues “dicha sentencia es un reconocimiento expreso del derecho del acreedor de la responsabilidad civil, por cuanto acepta de manera pura y simple el acaecimiento de los hechos que la generaron”

“Lo anterior, tanto de la responsabilidad directa del cura Víquez Lizano, como de la responsabilidad solidaria que le es inherente y que atañe a la Iglesia Católica, en la figura de la Arquidiócesis de San José y de su titular, monseñor Quirós Quirós”, como se lee en el documento.

En ese fallo canónico, señala la acusación, “el Arzobispo Metropolitano de San José acepta de manera pura y simple la existencia plena de los hechos generadores de los daños que, a su vez, hacen al actor acreedor de reclamar responsabilidad civil. Dicho de otra manera, reconoce el derecho del demandante”.

Esto porque “en ningún momento, en lo expresado en la sentencia canónica citada, el Arzobispo Metropolitano de San José menciona que esa responsabilidad civil está prescrita, en lo que atañe a la Iglesia Católica o a la Arquidiócesis. En otras palabras, no hace salvedad alguna respecto de la prescripción de la responsabilidad solidaria de la parte empleadora del padre Víquez Lizano.

La sentencia canónica de febrero hablaba de un ‘modus operandi’ del sacerdote Víquez, que intentaba naturalizar los acercamientos sexuales aprovechándose de una aureola religiosa. Esto le reportaron dos madres en 2003 a José Rafael Quirós, quien no actuó con la contundencia que le pedían y más bien permitió que en Patarrá brotara un ambiente hostil contra las denunciantes, recoge el documento.

Esta sentencia se conoció en febrero pasado, cuando Víquez ya había huído del país tras saberse denunciado por violación, informado por las propias autoridades eclesiales. Desde enero había viajado a México, donde fue detenido en agosto y sujeto a un proceso de extradición aún pendiente.

En medio, la cúpula eclesiástica costarricense ha enfrentado “turbulencias” por cuestionamientos públicos y los procesos judiciales que se siguen contra el sacerdote que en otros momentos fue voz y rostro de la Iglesia Católica local.


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