La Universidad de Costa Rica alberga, en su Facultad de Derecho, un seminario con abogados, exjueces, académicos y expertos en leyes para discutir los mecanismos y procesos para la elección de magistrados.
La actividad, denominada “Experiencias internacionales en la definición de perfiles y procedimientos para seleccionar a las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia”, reúne las visiones de expertos de Alemania, Colombia, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Guatemala y México. La actividad se suma a otros esfuerzos por traer al debate público la manera en la que llegan los jueces de mayor rango a las principales salas del país.
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En la actividad inaugural participaron como panelistas los magistrados Luis Guillermo Rivas, de la Sala I y Carlos Chinchilla, presidente de la Corte. Además, asistieron los magistrados Paul Rueda y Julia Varela, de Sala Constitucional y Sala II, respectivamente.
“Tienen que haber reglas claras en la Asamblea Legislativa, tanto para los que participan como para los que estamos fuera de los concursos. En el pasado no se ha dado el mejor escenario”, comentó Varela.
Para el decano de la Facultad de Derecho, Alfredo Chirino, hay muchas cosas negativas del actual proceso y muy pocas positivas. Chirino relató que, cuando participaba en un nombramiento, se le dio una calificación de cero puntos y que en muchas ocasiones la entrevista se utiliza como arma demeritar los atestados profesionales y académicos.
“En la comisión se ha dado una apariencia de hacer cosas, de revisar atestados y hacer preguntas (…) En algunos casos, el proceso de la entrevista se utiliza para iluminar al peligroso, en cambio otros candidatos que no se someten a la comisión fueron nombrados”, explicó.
En el caso de Magally Hernández Rodríguez, coordinadora de la Maestría de Derecho Público de la UCR y letrada de la Sala Constitucional, considera que surgen necesidades puntuales de normar el proceso de selección, valorar la posibilidad de que otros órganos políticos asuman esta competencia, establecer más requisitos para aspirar al cargo y eliminar o limitar la reelección y que su condición de automática sea justificada.
Por otro lado, pese a señalar que hay serias deficiencias en el proceso de elección de magistrados, hay quienes ven el vaso medio lleno y argumentan que esta escogencia debe seguir en manos de los diputados. Ese es el caso de Jorge Vargas Cullel, director del programa del Estado de la Nación, quien afirma que aunque el Congreso no es “el ágora ateniense ni la asamblea de sabios que quería Platón”, debería recaer en los diputados este proceso. “El Congreso sigue siendo importante en términos de representación política, a mí no se me ocurre una mejor solución”, agregó.
Vargas propone establecer un límite de tres periodos máximo para la reelección de magistrados, además de la imposición de una veda que impida una especie de puerta giratoria, en donde un ministro pasa a ser magistrado en menos de un año.
En un tono similar, el catedrático de la UCR y exdiputado, Constantino Urcuyo, afirmó que es imposible despojar lo político de las decisiones que atañen al Poder Judicial.
“Cuando el juez interpreta el derecho, lo hace a partir de valores, lo hace a partir de su experiencia vital, lo hace a partir de un ethos marcado por el proceso de socialización política y general. Decir que descartamos toda injerencia política, que debería ser la tecnocracia judicial la que escoja sus jueces en un proceso endogámico, es irreal”, dijo Urcuyo.
El catedrático afirmó que detrás de esas ambiciones por hacer que prevalezca el criterio técnico, hay formas de autoritarismo que salen a relieve. “Esas autoridades no están sujetas al control democrático. El pluralismo es esencial para que funcione la vida democrática. Es poner a unos controlándose a los otros”, agregó.
Las actividades continuarán el jueves y viernes, en donde se realizarán talleres con magistrados y magistradas de la Corte, sobre los procedimientos de selección de los altos jueces de la República.
