El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó a la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa rechazar el Proyecto de Ley para la gestión integrada del Recurso Hídrico expediente Nº 20.212.
De acuerdo con el Consejo “en la propuesta actual aún persisten aspectos negativos, la falta de sustento y de estudios de referencia para apoyar la propuesta de Ley”.
En referencia al suelo y su relación con el agua, las autoridades universitarias indicaron que el proyecto de ley trata poco estos elementos en términos de marco regulatorio.
“Es importante mencionar que la mayoría del agua que se consume tuvo que haber pasado por el filtro suelo, por lo que cuanta mayor calidad y condiciones de infiltración tenga esta capa, mejor aseguramiento del agua en cantidad y calidad se tendrá para su uso. Igualmente se podría hacer alguna mención que vaya enfocada a evitar todo depósito de materiales contaminantes sobre o dentro del suelo, en áreas vedadas para la dotación de sustancias potencialmente tóxicas o contaminantes del recurso agua”, señaló el Consejo.
El Consejo señaló también que “ el uso del recurso hídrico se ha traducido en mucha presión y ha generado conflictos entre los diferentes sectores: agrícola, agroindustria, consumo urbano, industria, energía, turismo y recreación, ambiental, entre otros”.
La Universidad reconoció que persiste debilidad en la formulación de algunos de los artículos de la propuesta en estudio y recomendó -en la mayoría de los casos- utilizar el articulado de la propuesta anterior.
La UCR instó a la Comisión legislativa incluir las sanciones penales indicadas en el Proyecto de Ley Nº 17.742, pues la actual propuesta elimina el capítulo sobre delitos y existen sanciones que ameritan penas privativas de libertad como la contaminación de los cuerpos de aguas (artículo 149), daño a las áreas de protección (artículo 154) y contaminación de aguas subterráneas (artículo 156).
“Aunque la proporcionalidad de las penas podría ser un asunto por discutir, la importancia del recurso hídrico amerita sanciones penales para quienes atenten contra este bien jurídico tan importante para las personas y los ecosistemas”, indicó la UCR.
Pese a lo negativo, el actual proyecto (20.212) también presenta una serie de aspectos positivos relacionados con la mejora del tema constitucional en algunos de los artículos.
Antecedentes
El proyecto de ley 17.742 fue aprobado en primer debate el 2 de noviembre del 2017.
Tras su aprobación, la bancada del Frente Amplio (FA) presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional pues alegaron que dicha propuesta posee vicios de procedimiento en el trámite de aprobación en primer debate y violación al mecanismo de iniciativa popular.
El 24 de enero del 2018, la Sala resolvió que la Asamblea Legislativa incumplió con la Constitución Política y las leyes relacionadas con los proyectos presentados mediante Iniciativa Popular.
La instancia declaró constitucionalmente inviable continuar con los procedimientos.
Actualmente, existe un expediente adicional (20.212) que contiene el mismo texto con que se sustituyó el de iniciativa popular y se encuentra en la Comisión de Ambiente.
El proyecto deberá ser aprobado o rechazado mediante la vía ordinaria.
