Universitarias

UCR ajusta sus anualidades con el Título III de la Reforma Fiscal

Rector asegura que se debe aplicar lo establecido en la Reforma Fiscal, mientras se resuelven los recursos legales que están pendientes en la Sala Constitucional y el Contencioso Administrativo.

La Universidad de Costa Rica actualizó el salario de su personal desde este 27 de noviembre para ajustar las anualidades a los términos que establece el título III de la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, según informó la Oficina de Recursos Humanos mediante una circular.

El documento explica que, bajo los términos de la ley, la anualidad acumulada por las personas funcionarias a diciembre del 2019 queda “congelada” y desde enero 2020 se aplica la anualidad establecida en la Ley 9635, conocida popularmente como la Reforma Fiscal.

Esa ley establece una anualidad del 2,54% para los puestos no profesionales y del 1,94% para los profesionales, que en el caso de la UCR se traduce en categorías administrativas de 10 a 17, puestos docentes, Dirección Docente y Dirección Superior.

Esta nueva anualidad se calcula sobre el salario base del puesto docente o administrativo, teniendo en cuenta como referencia la escala salarial vigente en julio de 2018.

La anualidad se pagará la persona funcionaria al cumplir un año más de laborar en la institución y se deja de lado la práctica de “adelanto de anualidad” que se venía aplicando en las anteriores condiciones.

Además, la UCR deja de reconocer, para efectos de anualidad, el tiempo servido en otras instituciones del Estado, ni periodos laborados anteriormente en la UCR; esto contando a partir del 20 de enero de 2020.

El rector de la UCR, Carlos Araya, recordó que existe una acción de inconstitucionalidad y un proceso ante el tribunal Contencioso Administrativo planteado por las universidades en contra de la aplicación de la Ley 9635, pero estos aún no han sido resueltos, por lo que la institución debe aplicar lo que establece la ley.

De acuerdo con Araya, en caso de que estos procesos legales se resuelvan de manera favorable a los alegatos de las universidades para mantener su sistema de anualidades, lo que se genera es una “cuenta por cobrar” para cada persona funcionaria reconociendo esa diferencia a su favor.

Araya aclaró que presupuestariamente no es posible hacer una “reserva” de estos recursos, por lo que la UCR tendría que buscar el dinero necesario para pagar esa cuenta a sus funcionarios si el recurso se resuelve de manera favorable.

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