“La visión del Gobierno está lejos de ser una propuesta que fomente la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología”. Así resume la empresa Uber su criterio del proyecto presentado este martes por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. El criterio de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) es que se deben hacer “unos cuantos cambios” para que la iniciativa cuente con el apoyo de la llamada “fuerza roja”.
El proyecto pretende que el Estado se deje una comisión del 3% por cada viaje en Uber y que este dinero, junto a un cobro de ₡8.300 millones por inscripción, financien la modernización de la flotilla de taxis, así como una serie de subsidios a los concesionarios de este servicio.
En síntesis, la empresa criticó la facultad que se le da al Consejo de Transporte Público para limitar la cantidad de vehículos por plataforma. La iniciativa define que este tope no podrá ser menor a la cantidad de concesionarios de taxis existentes (unos 13.000), sin embargo, la empresa considera que esta situación podría afectar el servicio, así como a las familias que dependen de este negocio.
“Esta propuesta obligaría a que sólo un número limitado de personas puedan inscribirse como socios en las diversas plataformas. En la comunidad de Uber ya hay más de 22 mil familias que están generando ingresos y este proyecto limitaría sus oportunidades actuales, así como la apertura de nuevas opciones para las generaciones futuras de Costa Rica. Además, pone un tope artificial a la oferta, la cual hemos podido atender de manera eficiente frente a la demanda del servicio de 783 mil usuarios de diferentes zonas del país. Esto podría traer como consecuencia que los tiempos de espera se dupliquen o, peor aún, que no se encuentren vehículos disponibles en muchas zonas del país y en horas pico”, afirmó Uber, mediante un comunicado de prensa.
La empresa criticó la pretensión de cobrar un cánon de $200 anuales por cada vehículo, así como unos $35 para obtener un “código de conductor”. “Esta medida afecta principalmente a quienes realizan viajes sólo durante una fracción de su tiempo para pagar sus estudios universitarios, generar un ingreso extra para sus familias, cuidar de sus hijos medio tiempo o aquellos que por motivos de edad o salud no pueden conducir por muchas horas al día. Esta es la realidad de un gran porcentaje de los Socios Colaboradores que se conectan a la aplicación de Uber”, agregó la empresa.
Las observaciones de los taxis
Según el líder de los taxistas, Rubén Vargas, el proyecto “se las trae” y que si se aprueban una serie de ajustes que proponen, le darían el apoyo a la propuesta del oficialismo.
Los taxistas buscan que se modifique el artículo en donde se establece que las empresas públicas de transporte no están sujetas a precios fijos, itinerarios, rutas, horarios ni frecuencias. “Es un cheque en blanco, pues puede hacerse lo que quiera. No se le regula nada, debe definirse que es un servicio focalizado, sitio a sitio y solo contra uso de la plataforma. No puede dejársele a la libre”, dijo Vargas.
Del esquema de precios, los taxistas proponen que sea la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) quien fije los montos, o que al menos sean iguales a las de los taxis.
También reclaman que el límite a la cantidad de vehículos que Uber puede registrar sea el mismo que la cantidad de taxis en el país. La UTC propone que ese número sea del 50% del total de la flotilla de taxis (unos 6.500) y que en caso de no aprobarse esta corrección, propondrían que se deje el mismo tope, pero con máximos por base de operación. Es decir, que se establezca un límite de 6.500 vehículos de Uber en San José, 2.000 en Cartago, etc.
Vargas propone que, en lugar de que los conductores de estas plataformas se aseguren como trabajadores independientes, la empresa los registre como empleados ante la Caja Costarricense de Seguro Social. También agrega que se deben endurecer los requisitos para los conductores. Propone como edad mínima los 21 años y que además tengan una licencia especial, como la que poseen los taxistas.
Los taxistas también proponen que ningún conductor pueda registrar más de un vehículo en la plataforma. “No estamos de acuerdo en que una misma persona tenga más de vehículo. Esas personas que tienen 100 o 200 carros, eso hay que quitarlo.Si hablamos de democratizar el transporte, no podríamos permitir que una persona tenga más de un taxi, y que nadie tenga un permiso (de Uber) de más por persona.”, agregó.
Vargas también afirmó que lucharán para mantener al representante de los taxistas en la junta directiva del CTP, y que sea este órgano el que entregue los distintivos a los conductores de empresas como Uber, Cabify y otras empresas de transporte.
Reacciones
Uber llegó al país el 21 de agosto de 2015. Según datos de la empresa, actualmente tiene más de 783.000 usuarios y 22.000 conductores. Costa Rica es el país con mayor penetración de Uber en Latinoamérica.
El proyecto fue interpretado por los diputados como un “buen primer paso” para iniciar el debate sobre la regulación de Uber y taxis. “Este es un proceso que estaba pendiente desde hace muchos años, la realidad es que hoy esas plataformas están en el mundo y esa regularización me parece que estaba atrasada. La comisión lo que se compromete es a que va a haber una discusión amplia del proyecto”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana.
Por su parte, la diputada Karine Niño, de Liberación Nacional, manifestó su oposición a algunos puntos de la iniciativa. “El proyecto es carente de muchas aristas que debieron haberse contemplado y nuevamente lo que hace es devolverse a la forma más tradicional y no ajustado a las formas en las que ahora Costa Rica vive”.
“Este proyecto busca regular de la manera más justa y equitativa regular una realidad creada por las posibilidades de nuevas tecnologías. Procuramos ser lo más equilibrados posibles en el reconocimiento de la existencia del modelo de prestación del servicio de transporte público sobre plataformas tecnológicas virtuales, sin desmedro de los derechos legítimos de los taxistas”, dijo Rodolfo Méndez Mata, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.