Un sindicato judicial y dos abogados litigantes presentaron recursos de amparo contra la decisión de la Corte Plena de mantener los servicios judiciales a pesar de la pandemia del COVID-19.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional confirmó que los recursos se encuentran en estudio de admisibilidad, es decir, que los magistrados deberán decidir si cumplen los criterios para acogerlos para estudio.
En los recursos se alega violación al derecho a la salud.
Uno de los amparos fue presentado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud). En este se alega que las medidas tomadas hasta ahora por el Poder Judicial son “insuficientes” para prevenir el contagio de las personas funcionarias judiciales y sus familias.
“Somos casi 14.000 personas funcionarias judiciales, quienes en su mayoría trabajamos en condición de hacinamiento en las oficinas, sin espacio suficiente para tomar medidas de prevención como son la distancia entre personas de al menos dos metros, lo que contraviene la recomendación del Ministerio de Salud”, indica el recurso.
También se señala que en las oficinas judiciales se atienden a muchas personas usuarias “lo que nos expone en forma constante al peligro de contagio”, dice el amparo.
El sindicato consideró que por la independencia del Poder Judicial se puede tomar la decisión de cerrar las oficinas sin aval del Poder Ejecutivo. Además, que se pueden mantener los servicios mínimos necesarios.
Otro de los amparos fue presentado por el abogado litigante Yashin Castrillo, como usuario del Poder Judicial.
Castrillo estimó que las medidas dictadas días atrás por el Consejo Superior del Poder Judicial son “leves” y que “de ningún modo mitigan o reducen el evidente riesgo de contagio”.
“(…) es un hecho notorio y público la existencia de portadores asintomáticos del coronavirus, cuyo contacto con estos es una vía fácil y rápida de contagio, provocando un efecto multiplicador incontrolable, tal como en la actualidad sucede en Italia y España”, adujo Castrillo.
Él pidió el cierre de todas las oficinas judiciales y que los casos urgentes se tramiten con personal en modo teletrabajo, “trasladándose solamente en casos esenciales de reo preso y violencia doméstica el personal indispensable y bajo estrictas medidas de seguridad e higiene”.
Otro de los recursos fue presentado por un abogado adulto mayor. Las personas adultas mayores están dentro de los grupos de población vulnerables ante el nuevo coronavirus.
Medidas hasta ahora
De momento, tanto la Corte Plena como el Consejo Superior solo han tomado algunas medidas para prevenir el contagio del funcionariado judicial, pero sin ordenar el cierre completo o parcial de las oficinas.
Una de las medidas tomadas ayer fue implementar una jornada laboral de seis horas con el fin de hacer grupos de trabajo y disminuir la cantidad de personal en oficinas.
También se suspendieron los juicios y audiencias, con algunas excepciones, como cuando el debate ya esté en proceso.
También, cuando se trate de asuntos de violencia doméstica y pensiones alimentarias o cuando son necesarias para la adopción de medidas cautelares en cualquier materia.
En materia penal sí se deben llevar a cabo los juicios o audiencias relacionados con vencimientos de plazos de medida cautelar de prisión preventiva o las de cambio de medidas cautelares. También, en los casos en donde pueda darse una prescripción o caducidad del caso.
Además se ha promovido el teletrabajo.
