La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) denunció penalmente a la contralora general, Marta Acosta, y a otros cuatro funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) por los delitos de prevaricato, usurpación de autoridad y abuso de autoridad.
La denuncia se relaciona con la orden que la CGR dio al Poder Judicial para que acatara todas las disposiciones de la reforma fiscal en materia salarial.
El presidente de Anejud, Mario Mena Ayales, presentó la denuncia ante la Fiscalía General este 9 de marzo.
Además de Acosta, las otras personas denunciadas son de apellido Arias, Pérez, Pacheco y Rojas, quienes trabajan en la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales.
En el documento que presentó Anejud se indica que la orden de la CGR contiene “inconsistencias e ilegalidades” porque “no tiene potestad de dar órdenes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, según se desprende del orden constitucional costarricense”.
Anejud también argumentó que la orden de la CGR es contraria a resoluciones de la Sala Constitucional.
Se indica en la denuncia que la contralora Acosta “actuó con dolo y pleno conocimiento de su actuar delictivo al dictar una resolución contraria al ordenamiento jurídico”.
La Fiscalía General confirmó que la tarde de ayer recibió la denuncia y que la misma está siendo analizada “a fin de determinar el presunto delito que se investigaría y la posterior apertura de una causa penal, además de la respectiva asignación de un número de expediente”.
Ante consulta de este medio, la CGR respondió que todavía no se les ha notificado de la denuncia. . “En cuanto seamos notificados valoraremos lo pertinente, indicó la oficina de prensa.
En marzo del año pasado la Corte Plena acordó mantener el pago de anualidades y carrera judicial para sus funcionarios como un porcentaje del salario. Eso a pesar de que la reforma fiscal aprobada en diciembre del 2018 ordenaba convertirlos en un monto fijo. Otros pluses salariales se ajustaron a las nuevas disposiciones, pero solo para aquellos funcionarios que ingresaron después de la aprobación de esa ley.
El 19 de diciembre, la CGR ordenó a Cruz aplicar los nuevos lineamientos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a todo el personal judicial.
El presidente de la Corte apeló esa decisión pero la Contraloría rechazó el recurso, por lo que, el pasado 2 de marzo, la Corte Plena echó para atrás y suspendió el acuerdo emitido en marzo.
Los magistrados decidieron que se ajustarán los pagos a lo estipulado en la nueva ley fiscal mientras la Sala Constitucional resuelve una acción sobre este tema. Debido a esa acción pendiente de resolver, quienes conforman la Sala IV -con excepción de Fernando Cruz- se han mantenido al margen de las votaciones en Corte sobre este asunto.
El delito de prevaricato lo comete “el funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”.
Mientras el abuso de autoridad lo realiza “el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”.
El delito usurpación de autoridad se da cuando un funcionario público usurpa funciones de otro cargo.
